Hace un año, el último día del juicio del Alvia que le costó la vida 80 personas y dejó 145 heridos, el fiscal del caso, Mario Piñeiro, cambió de opinión . Decidió retirar su acusación contra el administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif), Andrés Cortabitarte, un hecho que criticaron las víctimas, a las que ahora da la razón la justicia. Solo un año después, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, lo ha propuesto para una plaza en el Tribunal Supremo. Antes del juicio, en sus conclusiones provisionales, el representante del Ministerio Público pedía cuatro años de cárcel tanto para el administrador de infraestructuras ferroviarias de Adif como para el maquinista, Francisco Garzón. Al primero le achacaba una imprudencia profesional grave por el análisis de riesgos que tenía que hacer Adif y al segundo, su responsabilidad en la conducción. Sin embargo, tras practicarse la prueba y escuchar a los acusados, testigos, peritos, policías y víctimas, el fiscal del caso, Mario Piñeiro, cambió por completo la interpretación de hechos al asegurar que «en su condición de director de seguridad no infringió el deber que ostentaba» y «actuó de acuerdo con los procedimientos incluidos en el sistema de gestión». El fiscal, en sus conclusiones, tras los nueve meses de juicio, decidió que solo el maquinista debía ser condenado por el accidente. El ascenso ha sido muy criticado por La Plataforma Víctimas Alvia 04155, que consideran que el fiscal general del Estado «premia» con este puesto a Piñeiro después de haber retirado en el juicio, y «sin ninguna razón de peso», la acusación contra el alto cargo de Adif, argumentando «primero una cosa, y luego otra». Los portavoces de esta plataforma de víctimas están seguros de que «una llamada del corporativa del fiscal general» fue la causa del «cambio de criterio» de Piñeiro. Según esta teoría de las familias, el fiscal general le habría prometido entonces un cargo, «que ahora le otorga, para que le costara menos cambiar de decisión».
