Una comisión de siete personas, la mayoría juristas vinculados a la Iglesia Católica de Portugal, determinará las indemnizaciones que se van a pagar a las víctimas de abusos sexuales en el seno de esta institución, según un documento dado a conocer este jueves por la Conferencia Episcopal Portuguesa (CEP).
La CEP publicó este jueves un reglamento para la concesión de esas compensaciones financieras, como la Iglesia prefiere nombrar las indemnizaciones.
Los montantes serán fijados por esa comisión, integrada por dos personas elegidas por la CEP, otras dos por el Equipo de Coordinación Nacional de las Comisiones Diocesanas de Protección de Menores y Adultos Vulnerables, una designada por la Conferencia de los Institutos Religiosos de Portugal, y dos por el Grupo Vita, creado por la CEP y que ha investigado los abusos.
La CEP comenzó a recibir peticiones por escrito de indemnización de las víctimas el pasado 1 de junio y ha dado de plazo hasta el próximo 31 de diciembre.
Cada solicitud será analizada por un comité de instrucción, que tendrá que emitir su parecer final.
Se pueden exigir compensaciones en varios casos que recoge la CEP en su reglamento.
El más claro es cuando se haya desarrollado un proceso en tribunales civiles o canónicos y el agresor haya sido condenado, pero también recoge la posibilidad de que se puedan aportar pruebas para pedir una compensación en caso de que la justicia haya archivado el caso por haber prescrito.
También se puede solicitar compensación cuando el autor de los abusos haya confesado su crimen, pero también cuando lo haya negado o un tribunal no haya dispuesto el pago de una indemnización, entre otros.
La CEP aprobó en su asamblea plenaria el pago de esas compensaciones, después de que varias víctimas exigieron una indemnización económica, independientemente de que sus casos avanzaron en el ámbito judicial, porque muchos han prescrito.
En enero pasado, el grupo Corazón Silenciado, la primera asociación oficial en Portugal de víctimas de pederastia en la Iglesia, y la CEP llegaron a «un entendimiento» para elaborar un estudio sobre el número de personas a indemnizar.
Un informe realizado por expertos a petición de la CEP reveló en febrero de 2023 que en el país hay al menos 4.800 víctimas de pederastia desde 1950.
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