El Parlamento andaluz, a iniciativa del PP, ha mostrado su oposición al «plan de regeneración democrática» que promueve el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que entre otras medidas contempla restringir la publicidad institucional a los que denomina como «pseudomedios». PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara autonómica y Vox, han aprobado este jueves una proposición no de ley que muestra un «rechazo a la iniciativa de determinados responsables políticos que sustentan al Gobierno central, en el sentido de pretender cercenar y coartar la libertad de expresión, el derecho a la información y el ejercicio de la prensa libre». Los grupos de izquierda, PSOE-A, Por Andalucía y de Adelante Andalucía, han votado en contra de la iniciativa. En el texto aprobado se expone que «determinados responsables políticos que sustentan al Gobierno» tratan de «coartar» esos derechos «con la excusa de transponer normativa europea en materia de pluralidad mediática, cuando en realidad lo que se puede pretender es otorgar financiación discrecional, socavando uno de los pilares en un Estado Social y Democrático de Derecho como garante del pluralismo y la transparencia informativa». La Cámara autonómica expresa, mediante esta proposición, « su más absoluto rechazo a reformas legislativas que comprometan la seguridad del Estado y, por ende, la de los ciudadanos». Además, recuerda «la responsabilidad del Gobierno de España para que salvaguarde y mantenga los principios inspiradores y el articulado en lo sustantivo, de leyes como la de Secretos oficiales y la de seguridad ciudadana, garantizando la protección de los intereses nacionales y de los españoles de una forma eficaz, sin perjuicio de las adaptaciones que pudiesen proceder consecuencia de las nuevas tecnologías y los avances en el tratamiento de la información». Por último, el Parlamento andaluz se opone a «l a opacidad y reiterado incumplimiento por parte del Gobierno de España en lo que respecta a la Ley de Transparencia , al derecho de acceso a información oficial e institucional que debe ser pública». A su vez, manifiesta «su absoluto compromiso con estos valores de la democracia moderna como actuaciones básicas e irrenunciables, entendiendo la rendición de cuentas como elemento esencial en las relaciones con los ciudadanos». La diputada del PP andaluz Maribel Lozano , encargada de defender esta iniciativa, ha lamentado que «todo aquel que disienta le resulta incómodo al Gobierno, porque el único objetivo que tiene es mantenerse en el poder». Ha acusado al jefe del Ejecutivo de conducir al país a «un proceso de involución y de degeneración institucional y política nunca visto». El derecho a la información es «sagrado» y debe respetarse. « Cualquier otra cosa sería censura », ha añadido. Para el PSOE, la proposición de los populares es «un alarde de cinismo político» que persigue « la confrontación con el Gobierno de España y extender el fango de manera irresponsable sobre los socialistas y, en especial, sobre el presidente» Pedro Sánchez, sin recoger medidas concretas para «mejorar la calidad de información que reciben» los ciudadanos, ha argumentado el parlamentario del PSOE-A Rafael Márquez. El diputado de Vox Benito Morillo ha criticado que el presidente del Gobierno ha dirigido «su atención al cuarto poder, a la prensa, la libre opinión, la libre expresión», y «acaba de dibujar las bases de un plan de ataque a la prensa libre por informar de sus familiares, de sus enchufes, de sus 'negocietes' ». También ha criticado al PP por «repartirse» con los socialistas «los jueces del Consejo General del Poder Judicial». Por su parte, la portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto , ha cuestionado la iniciativa teniendo en cuenta «lo que están haciendo» con la RTVA . «Con el historial que tienen, no pueden hablar de que están temblando los cimientos de la democracia porque hay un Gobierno que está generando crispación», dijo. Por último, el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha cuestionado que al PP le preocupe «mucho la libertad de prensa», cuando lo que «quieren es controlar a la prensa». Ha roto una lanza por los periodistas que sufren la «precariedad». « Un periodista no puede investigar, escribir, contar lo que verdaderamente es noticiable porque no tiene tiempo , porque tiene jornadas maratonianas, porque su salario muchas veces no llega ni siquiera al salario mínimo interprofesional, y porque su contrato es temporal y depende de factores que no son nada periodísticos», ha explicado.
