El magistrado declaró "de nuevo" la "viabilidad" de la copia y entrega a la Policía de los móviles de varios investigados pese a que sus superiores la habían dejado sin efecto
El juez Aguirre toma la delantera en el plan para excluir a Puigdemont de la amnistía
El juez Joaquín Aguirre ha construido la nueva investigación de la supuesta trama rusa del procés sobre bases que la Audiencia de Barcelona invalidó. El magistrado admitió en una resolución de hace tres semanas que sus superiores habían dejado sin efecto el envío a la Policía Nacional de una copia de los móviles de varios de los investigados realizada el pasado 12 de marzo, pero aún así declaró “de nuevo” la “viabilidad” del clonado de los terminales, así como el resto de documentos del caso.
Así consta en un “auto de convalidación” firmado por el magistrado el pasado 2 de julio y que forma parte del sumario de la trama rusa, al que ha tenido acceso elDiario.es. En su resolución, el magistrado reconoce que la entrega del clonado de móviles a la Policía y de “toda la documentación” del caso a la Policía fue invalidada, pero toma la misma decisión con el objetivo de “reactivar la investigación”.
La decisión del juez concreta la reactivación de la investigación de la trama rusa que el magistrado acordó en junio desoyendo la orden para cerrar la causa o enviarla a juicio. El instructor no hizo ni una cosa ni la otra: siguió investigando el caso y envió a Carles Puigdemont y al resto de investigados al Supremo, lo que provocó que el expresident se querellara contra él.
Cabe recordar que, en caso de ser aceptada a trámite la querella (registrada en el TSJ catalán el pasado 2 de julio pero de la que nada se sabe sobre su admisión 20 días después) y resultar investigado, el juez Aguirre tendría la obligación de apartarse de la causa.
La Audiencia de Barcelona había vetado al juez seguir indagando en la trama rusa. Una decisión que, reconoció el propio juez el 21 de junio, “abocaba a un sobreseimiento” del caso. El instructor halló entonces una alternativa –que las defensas ven ilegal– consistente en abrir una pieza separada nueva, a partir de otra distinta a la que le habían tumbado, para investigar los mismos hechos que sus superiores le habían impedido investigar.
El instructor llevó a la práctica su plan y volvió a encargar en julio las mismas diligencias a la Policía que había efectuado a lo largo de principios de año, cuando declaró la causa secreta y cambió por tercera vez de Policía Judicial en el caso. El instructor había hallado los primeros documentos sobre la influencia rusa en 2018 en un registro con la UDEF de la Policía Nacional, para después analizar junto a la Guardia Civil los papeles obtenidos hasta que cambió a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, que ya había investigado la trama rusa en la Audiencia Nacional en una causa que quedó archivada.
“Resulta procedente comisionar de nuevo a la Policía Judicial y reactivar la viabilidad de la utilización de la copia íntegra de las actuaciones y de un clonado de un teléfono móvil de los investigados”, reza el auto del pasado de 2 de julio. El juez declaró “convalidado” el acto de copia íntegra de las actuaciones y del clonado de los móviles de cinco investigados realizado el 20 de marzo por funcionarios de la información de la Policía pese a que la instrucción del caso había quedado limitada, por orden de la Audiencia de Barcelona, a julio de 2023.
En menos de una semana, el pasado 8 de julio, la Policía dató un macroinforme de 196 páginas entregado al juez y que adelantaron el pasado lunes El Periódico y ABC en el que se reiteran los indicios ya expuestos a lo largo de casi cuatro años de pesquisas y se incluyen datos obtenidos del teléfono móvil de varios investigados.
El juez dio varias indicaciones a la Policía respecto a la copia del caso que los agentes ya tenían en su poder desde enero así como del clonado de los móviles de los investigados –el exsecretario de relaciones internacionales de Convergència Víctor Terradellas; el jefe de la oficina de expresident de Carles Puigdemont Josep Lluís Alay; el exsecretario general de ERC Xavier Vendrell; el empresario y exdirigente de Convergència David Madí; y el editor Oriol Soler.
Expresó el magistrado a los agentes que entre “realizar una nueva copia y un nuevo clonado de los móviles” o “convalidar la copia y volcado anterior” debían apostar por la segunda opción “por razones evidentes de economía procesal”. El juez recordó además que se trataba de llevar a cabo “una copia exactamente igual a la ya realizada, evitándose así nuevos gastos en materiales, desplazamientos de funcionarios especializados y de medios técnicos para la realización de una tarea mecánica de carácter digital”.
En paralelo a reactivar el caso el pasado mes de junio y ordenar a la Policía el nuevo análisis de los móviles, el juez acordó un total de 17 diligencias para averiguar posibles contactos de los investigados en la supuesta trama rusa del procés en una mezcolanza de ámbitos como la mafia rusa, los partidos de extrema derecha europeos, los servicios secretos extranjeros o los rabinos judíos.
En concreto, el juez quiere saber si los investigados mantuvieron algún tipo de contacto con “otros rabinos judíos”, cuyo número e identidad no se específica, que “podrían estar relacionados con la financiación y las criptomonedas” y pide “estudiar” las relaciones de Josep Lluís Alay y Gonzalo Boye, asesor y abogado de Puigdemont respectivamente, con la “mafia rusa”.
Otras de las líneas de investigación en las que el juez pide profundizar son las relaciones de los independentistas imputados con “la extrema derecha europea, británica, rusa y de Estados Unidos”. También alude el juez a que los servicios secretos alemanes “tenían conocimiento de la colaboración de Rusia con el independentismo catalán” y a “alguna intervención del Ministerio de Justicia Federal Alemán en relación con la puesta en libertad de Puigdemont” después de ser detenido en 2018 en el país germánico. No consta a día de hoy que la Policía haya respondido al juez sobre alguno de estos extremos.
