A la torpeza hay que responder con habilidad. Yo también creo que el presidente del Gobierno tendría que declarar en este caso por escrito, dado que en efecto su testifical en un caso de tráfico de influencias está indisolublemente ligada a su condición. Puedo escribirlo, puedo indignarme o puedo patalear pero va a dar igual
Pedro Sánchez escribe al juez que investiga a Begoña Gómez: “Mi declaración se deberá prestar por escrito”
Un buen abogado conoce la ley; un gran abogado conoce al juez
Oigo mucho guirigay en torno a las decisiones y la forma de instruir del juez Peinado pero veo poca estrategia procesal por la otra parte. Veo movimientos, sí, algunos inmediatos y puede que inmeditados. Se quiera o no se quiera, se considere injusto o necesario, lo cierto es que ni Begoña Gómez ni Pedro Sánchez ni nadie que no sea el rey puede sustraerse a la acción del juez instructor y, así las cosas, casi es mejor hacerse a la idea de que uno tiene delante un tablero de ajedrez, pensar las jugadas a varios movimientos y no considerar que dándole patadas para tirar las fichas, va a conseguir uno ganar la partida ni siquiera quedar en tablas.
La furia epistolar del presidente del Gobierno regresó ayer para dejar a muchos de piedra. Un testigo que aún no ha recibido la citación le escribe a un juez para decirle que no sabe derecho y que tiene que hacerlo de otra forma. Iura novit curia. Un testigo no está en posición procesal de hacer tal cosa. La carta es una torpeza y solo puede lograr el efecto contrario al buscado. Un testigo no puede explicarle al juez el Derecho como hace Sánchez: “Con el fin de garantizar el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico (...) esa declaración debe producirse según lo establecido en el artículo 412.2”. O sea que no sólo le dice qué artículo aplicar y cómo hacerlo sino que subliminalmente apunta a que el juez está incumpliendo la ley. Además, al remitirla sin haber sido notificado oficialmente se está autonotificando, lo que tampoco parece la mejor idea. Las apuestas más optimistas apuntan a que la respuesta será un: “Dado cuenta del anterior escrito, devuélvase a su procedencia por no ser parte y estése a lo acordado”, y las más radicales a que ni siquiera acusará recibo. Y es que a ningún testigo se le diría otra cosa.
Veo una enorme falta de estrategia procesal y comunicativa. Guste o no guste, en un Estado de Derecho a un juez de instrucción sólo le paran los pies vía recurso sus superiores de la Audiencia Provincial o bien se le aparta mediante recusación o bien se le deja al margen como consecuencia de una querella. Si no se usa ninguna de estas vías, no hay nada que hacer. Nada. Y es lógico, porque un juez de instrucción debe tener las manos libres para poder actuar incluso contra el poder. Así que como las cosas son así, lo que suelen hacer los abogados con callo –incluso los que caen en manos de un juez torpe, mal jurista, con mala leche o con malas intenciones– es marcarse un objetivo y centrarse en él y ese objetivo debe ser procesal y no de otro tipo. No sirve de nada despotricar del juez ni atacarle ferozmente ni ridiculizarle. No sirve de nada y lo más que puede pasar es que se acentúen sus defectos y se agudice su mala leche.
Lo que les pido es que se olviden del juez. Olviden si les parece un facha, un loco, un osado, un soldado, un conspirador o un incompetente. Da igual. Es el que hay. Si no lo van a intentar apartar del procedimiento, es con el que tienen que lidiar. Lo primero sería intentar determinar hacia dónde va el instructor: ¿por qué corre? ¿Quiere tener las diligencias hechas antes de que se vean los recursos? ¿Puede pretender, incluso, elevar una exposición razonada al Supremo antes de el día 30 de septiembre para dejar sin efecto los recursos? A lo mejor interesa ralentizarlo. Creo que un abogado de los de pisar juzgados es lo primero que haría. Retrasar todo lo posible esa fecha de declaración, por ver si al final no se produce. En lugar de correr a recurrirlo todo arriba, a la Audiencia, que no lo verá hasta dentro de dos meses, recurrírselo primero todo al instructor. Esperar a que físicamente llegue la providencia de citación –que a lo mejor hasta se puede ingeniar uno algo para que no encuentren al testigo en un par de días más– y luego recurrir los artículos inexistentes o pedir una aclaración y así entre pitos y flautas a lo mejor llega el martes y todo esto no se ha sustanciado.
Otra cosa que sí puede pretender un testigo, en vez de mandar cartas diciéndole al juez lo que tiene que hacer, es alegar un compromiso previo irrenunciable para posponer la declaración. Que si el martes hay Consejo de Ministros que ya está convocado y lo tiene que presidir pues como que no puede suspenderse, ¿no? Luego, ¿no hay algún viaje? Porque hasta las vacaciones programadas suelen servir para ese aplazamiento y es probable que el propio juez se vaya también. Y así, con la agenda y los compromisos internacionales, hasta todo lo que se ocurra. ¿Hay alguna fórmula legal de seguridad para que la entrada a instalar las cámaras se complique? Pues nada, cualquier abogado penalista de calle se lo recomendaría.
La Audiencia Provincial de Madrid ha señalado para deliberación y fallo de los recursos de esta causa el día 30 de septiembre. Están situando pues el plazo en el que sabremos qué es lo que piensan sobre la instrucción de Peinado. Esa es la meta. La traducción de ese señalamiento podría ser que a la Audiencia no le preocupan en demasía los supuestos desmanes del juez, que no van a mover un dedo para frenar a Peinado antes de lo que harían con otro y tampoco para favorecer a Sánchez corriendo a resolver. Estricto turno.
A la torpeza hay que responder con habilidad.
Al enardecimiento, con sangre fría.
Al reto procesal, con medidas imaginativas del procedimiento.
Y sí, yo también creo que el presidente del Gobierno tendría que declarar en este caso por escrito, dado que en efecto su testifical en un caso de tráfico de influencias está indisolublemente ligada a su condición. Puedo escribirlo, puedo indignarme o puedo patalear pero va a dar igual. Lo mismo de igual que si brama el ministro de Justicia o si escribe cartas el propio presidente del Gobierno –por cierto, vigilen la secretaría que se han olvidado del “don” tras el Ilmo. Sr.–, o sea, que el juez seguirá a lo suyo.
Como no sea que quieran con la carta provocar la perseverancia e ir a la querella por prevaricación no me lo explico. Eso o tienen una jugada maestra propia de un Kasparov jurídico que ni a mí ni a mis fuentes se nos alcanza.
Que Peinado no va a mover su postura lo saben hasta en Moncloa.
