Este miércoles los ministerios implicados se han reunido para estudiar distintas opciones y presentar "en los próximos días" una nueva propuesta para resolver la situación de los niños que migran solos a Canarias. El Gobierno central lamenta que ninguna de las alternativas serán tan garantistas como la reforma tumbada el martes por PP y Junts
Medias verdades y exigencias de última hora: las razones de PP y Junts para tumbar el reparto de menores migrantes
El anuncio del resultado de la votación para admitir a trámite la reforma de la Ley de Extranjería echaba por tierra este martes el intento del Gobierno central y el canario de consensuar una fórmula para crear un sistema sistemático y vinculante de distribución de niños que migran solos en caso de emergencia. Pasada la votación y cerrada esa puerta, miles de chavales siguen bloqueados en Canarias, acogidos en condiciones que no aseguran su protección. Entonces, ¿ahora qué?
El Gobierno trabaja en la concreción de un plan B, después de que PP, Junts y Vox tumbasen la vía que el Ejecutivo consideraba más “garantista”: la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, tramitada a través de una proposición de ley urgente. Este miércoles, el día siguiente del fracaso parlamentario, los ministerios de Política Territorial y Juventud e Infancia han mantenido distintas reuniones para buscar otras opciones para responder a la situación de los menores migrantes en Canarias, la autonomía en la que más urgen los traslados al albergar a más de 5.700 niños y adolescentes llegados solos en cayuco, y cuyas condiciones de acogida han sido tachadas de inadecuadas por el propio Gobierno autonómico, así como por la Fiscalía.
“Llevamos tiempo trabajando en un plan B, pero sabiendo que esas otras opciones solo nos permite alcanzar soluciones que son un parche para la situación de Canarias, no la resuelve de forma estructural”, dijo este miércoles la ministra Sira Rego en una entrevista en TVE. La fórmula de la reforma de la Ley de Extranjería era, insistió la titular de Juventud e Infancia, la más “solvente” que “garantiza los derechos de la infancia de forma sostenible en el tiempo”. Pero, ante el nuevo escenario, los ministerios implicados estudian las “diferentes opciones” para responder de algún modo a la situación de los niños y niñas llegados al Archipiélago, aunque no se trate de un mecanismo estable, sino que pudiese ser una solución temporal.
Tanto Rego como el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, han evitado detallar algunas de las nuevas opciones valoradas por el Gobierno en los encuentros mantenidos este miércoles. “Tenemos que terminar de cerrarlo porque hay varias opciones. Vamos a tener distintas reuniones entre distintos ministerios para abordar otros mecanismos que vamos a estudiar con tranquilidad pero con cierta agilidad”, desarrolló la responsable de Infancia, quien afirmó que “en los próximos días” tendrán “una opción más definida”.
En la misma línea, Torres deslizaba que el Gobierno buscaba otra manera de responder a la emergencia de los menores en Canarias, pero reiterando la preferencia por la reforma de la Ley de Extranjería. “No vamos a dejar abandonados a los niños y niñas. Es verdad que es muy complicado una modificación legislativa, pero el Gobierno de España es sensible. Lo ha demostrado con su voto, con su compromiso, con el trabajo que hemos hecho durante todos estos meses. Esos niños y niñas no pueden quedar abandonados”, ha insistido el titular de Política Territorial.
Preguntado en varias ocasiones por esas posibles soluciones, el ministro no llegó a concretar ninguna de ellas: “No es sencilla la solución, porque estamos hablando de una competencia autonómica. Por eso esta proposición de ley bien trabajada respetaba las competencias autonómicas a través de un órgano donde están las comunidades autónomas, que es la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Los responsables han sido los que no han querido tramitarla. No es una competencia del Gobierno de España, pero tenemos que buscar salidas a esos niños y niñas que están en esos territorios”, apuntó.
Una de las opciones que siempre han estado encima de la mesa durante las negociaciones es la aprobación de un decreto ley, sin embargo, el Gobierno central siempre ha manifestado sus reticencias a dicha vía pues consideran que no presenta las garantías jurídicas necesarias al no contar con el apoyo de los partidos que gobiernan en las comunidades autónomas donde tendrían que ser enviados dichos menores. Además, el ministro Torres ha recordado la amenaza de Isabel Díaz Ayuso, de denunciar al Constitucional el reparto de menores migrantes en caso de que sea aprobado por decreto ley.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, insistió durante los meses de negociaciones con el Gobierno central en la necesidad de aprobar la reforma de la Ley de Extranjería por decreto ley, para comenzar con los repartos de migrantes en agosto, ante el largo proceso que temía que conllevaba la tramitación parlamentaria de la medida. “Ojalá sigamos trabajando en la tramitación pero no se descarte un decreto ley que tenga una respuesta inmediata. Si la tramitación se tuerce, es necesario un decreto ley que dé respuesta rápido a la necesidad de esos niños y niñas”, dijo Clavijo la semana pasada tras el registro del texto del proyecto de ley en el Congreso.
Además de la vía del decreto-ley para sacar adelante un sistema de reparto suficiente para aliviar la situación de Canarias, otros mecanismos podrían ser aumentar la financiación del Ejecutivo canario con el objetivo de mejorar las condiciones de acogida en las islas o buscar otra fórmula de modificación legislativa, pero el Gobierno no ha confirmado cuáles son las medidas concretas en las que trabaja como plan B.
En el proceso de negociación para encontrar una solución para los menores migrantes en el Archipiélago, se suma ahora la tensión generada entre el Ejecutivo canario y el Gobierno central, que hasta ahora habían mantenido una actitud colaboradora con el objetivo de sacar adelante la medida. Después de que el PP y Junts tumbasen la propuesta normativa este martes, el presidente canario (Coalición Canaria) no ha apuntado a la responsabilidad del PP, sino que ha señalado al Ejecutivo central como el responsable de que no haya prosperado la propuesta, pese a que fue el voto en contra de su socio en el Gobierno, el PP, el que dinamitó la propuesta, informa Jennifer Jimenez.
Torres ha respondido que el bloque encargado de negociar con los de Alberto Núñez Feijóo era Coalición Canaria, al compartir gobierno con el PP, por lo que ha mostrado incomprensión ante las declaraciones de Clavijo.
