Pedro Sánchez y Pere Aragonés firmaron ayer el convenio por el que se transfiere la gestión del Ingreso Mínimo Vital a la Generalitat. Luego comparecieron en rueda de prensa la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, y el consejero de Derechos Sociales, Carles Campuzano, para explicar el contenido del acuerdo por el que Cataluña abrirá una ventanilla única para atender a personas en situación de pobreza severa y pobreza infantil, uniendo el Ingreso Mínimo Vital –por el que percibirá 2,8 millones– y la Renta Garantizada de Ciudadanía del Gobierno catalán.
Hasta aquí el contenido «oficial» de la visita del presidente del Gobierno al jefe del Ejecutivo catalán. Porque el oficioso era plasmar en una foto las relaciones de confianza entre socialistas y republicanos y trasladar a las bases de ERC el mensaje de que el PSOE es un partido fiable y que cumple sus compromisos, porque los 8.700 militantes de Esquerra son los que tienen la palabra para ratificar el acuerdo con el PSC que llevaría a Illa a la Generalitat. Era la foto que reclamaba ERC como culminación del proceso iniciado esta semana, para salir de la situación de bloqueo en la que se encontraban las conversaciones con el PSC, que ha conllevado el traspaso de la línea R-1 de Rodalies, fondos para investigación y becas, la condonación de 15.000 millones de deuda y el traspaso del Ingreso Mínimo Vital.
Tras su reunión con Aragonès, Salvador Illa y Pedro Sánchez almorzaron juntos por espacio de dos horas en el barrio de El Raval de Barcelona. Un almuerzo en Ca L’Isidre, un conocido restaurante de cocina catalana contemporánea, también con mensaje para los republicanos: la negociación la lleva el PSC, la lleva Illa.
Sánchez y Aragonés se reunieron en cinco ocasiones desde que el presidente catalán accedió a la Presidencia en 2021 y fue ayer la primera tras las elecciones catalanas y la aprobación de la Ley de Amnistía. La reunión, según ambos gobiernos, se «ha desarrollado con total normalidad y en un clima de cordialidad». Aragonès recibió con la guardia de los Mossos de gala al presidente Sánchez en la entrada del Palau, se dejaron fotografiar en la Galería Gótica y más tarde en la sala Torres García, donde departieron durante una hora. En dependencias contiguas, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se reunía con la vicepresidenta Laura Vilagrà.
Se desconoce el contenido real de las reuniones más allá de las versiones oficiales. Desde Moncloa se dijo que «este Gobierno siempre ha trabajado desde el respeto a la diversidad, a la lengua y a la cultura catalana, poniendo siempre como prioridad el avance en las cuestiones que preocupan a los ciudadanos de Cataluña en su día a día», y un añadido con intención: «Esa ha sido la vocación del Gobierno hasta ahora y esa será la vocación que se mantenga con el futuro Govern que se decida en Cataluña».
La financiación sigue siendo el nudo gordiano de la negociación. ERC, formalmente, mantiene su reivindicación de concierto al estilo vasco, mientras que los socialistas quieren desarrollar el consorcio entre administraciones tributarias, la incorporación del principio de ordinalidad en la LOFCA para ocupar el mismo lugar en el ranking como aportador y como perceptor, y el cumplimiento de la disposición adicional que garantiza el reequilibrio de inversiones según el PIB. Todas constitucionales.
Quien no estuvo en la foto, pero siempre presente, fue Carles Puigdemont. A primera hora sacaba pecho por poner en jaque a Sánchez al tumbar la senda de gasto y justificaba su voto contrario porque la ejecución inversora en Madrid es del 212% y en Cataluña del 45%. Lo cierto es que con su no, Cataluña pierde 1.500 millones de euros. Horas más tarde, Junts anunciaba conversaciones con Hacienda, que puede volver a presentar la senda de gasto en un mes.
ERC ha reservado la fecha del 1 de agosto para la celebración de la consulta que debe ratificar el acuerdo con el PSC. Si esta fecha se confirma, el acuerdo sería público como máximo el próximo lunes para hacer campaña interna. El resultado de la consulta es incierto y Puigdemont se esmera en profundizar las contradicciones, incluso barajando la posibilidad de su vuelta tantas veces prometida como incumplida. Un regreso que, por tanto, sería inmediato en caso de producirse, como afirman en su entorno, aunque no concretan si antes de la consulta de ERC o en el pleno de investidura. De momento, se está preparando un gran acto en el sur de Francia en apoyo del presidente fugado, aunque desde Junts bajan las expectativas ante la dificultad de movilizar a sus militantes, que ya disfrutan de sus vacaciones. La pasada semana, la ANC convocó una manifestación en Barcelona que pinchó: solo 1.500 asistentes.
Oriol Junqueras, aspirante a repetir como presidente de ERC, ayer movió pieza respaldando un posible acuerdo con el PSC. Un manifiesto con más de 2.000 adhesiones está en marcha a favor de «resituar a ERC» para «no depender de Puigdemont», según su entorno, que acusa a Rovira de estar demasiado supeditada a Junts. El grupo de Rovira, núcleo duro negociador, es partidario de alcanzar un acuerdo, porque una repetición electoral sería un suicidio para los republicanos, pero son conscientes del malestar de las bases, que pueden votar contra el acuerdo simplemente como voto de castigo.
La foto de ayer fue bien, el mensaje ha sido claro, todo apunta a un acuerdo, pero todo está pendiente de un hilo.
