La instrucción del juez Juan Carlos Peinado ha levantado ampollas en el seno del Gobierno. Los ministros muestran una indignación creciente, tanto de puertas afuera como en privado. La última decisión del magistrado, citar a declarar a Pedro Sánchez como testigo en la investigación contra su mujer, Begoña Gómez, ha colmado el vaso, si bien los altos cargos del Ejecutivo se han cuidado mucho de criticar directamente al magistrado.
La relación entre el poder judicial y el Gobierno acumula una serie de encontronazos: desde las quejas de asociaciones de jueces y fiscales por la ley de amnistía hasta las críticas por la falta de independencia en nombramientos como el de la exfiscal general, Dolores Delgado, o el vocal de Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo. Ahora, Moncloa ha evitado atacar a Peinado, incluso en privado... hasta esta semana.
Ahora, en privado, los ministros hablan ya sin contemplaciones de “prevaricación”. Acusan al magistrado de una instrucción completamente “incoherente”. Pero no en público. Son conscientes de que un ataque en público, acusando a Peinado de un delito supondría un escándalo sin precedentes. Por eso, sigue sin cruzar esa línea, aunque denuncie una causa “política” organizada por la “derecha y la ultraderecha”, como hizo el lunes el ministro de justicia, Félix Bolaños.
Esas, palabras que resonaron en el seno del Poder Judicial, le han valido al superministro el calificativo de “abogado de Begoña Gómez” entre los profesionales del sector. No mencionó al juez directamente, pero ha sido suficiente el reproche a la oposición, que, a su vez, ha acusado el PSOE de haber iniciado una “cacería” contra el magistrado.
Es una pequeña muestra del terremoto que se formaría si imputar al juez una actitud prevaricadora.
En privado, esa precaución desaparece. Los insisten en que la instrucción de Peinado forma parte del ataque político y mediático de “sectores ultra” contra el presidente.
