El pasado mes de abril el Gobierno anunció su intención de suprimir las "golden visa", una medida que entró en vigor en 2013 durante el mandato del Partido Popular (PP). Esta ha permitido que casi 15.000 extranjeros no residentes en la Unión Europea (UE) hayan logrado la residencia tras invertir más de medio millón de euros en vivienda.
Por tanto, en línea con la promesa realizada hace unos meses, el Ejecutivo ha aprovechado la tramitación de la ley orgánica de medidas de eficiencia en la justicia y de protección de los consumidores para introducir, vía enmienda, la supresión de los "visados de oro". Asimismo, el PSOE ha introducido otra modificación a este texto para que las comunidades de propietarios puedan decidir si permiten o vetan el establecimiento de pisos turísticos en su bloque de edificios.
La enmienda para acabar con los "visados de oro", como adelantó El País, alude a que esta medida, desplegada hace ya más de diez años para retener inversiones, no ha tenido un impacto significativo en su objetivo inicial. Es por ello que su eliminación "no ocasionará efectos negativos" para la economía, puesto que la dinámica de la UE es endurecer este tipo de medidas.
Sumar se mostró conforme con la decisión del Ejecutivo, sin embargo, el socio minoritario venía demandando celeridad y llegó a presentar una proposición de ley específica para ello.
Concretamente, la semana pasada, el diputado de Compromís integrado en Sumar, Alberto Ibáñez, instó al Gobierno a derogar "de forma urgente" estos visados, puesto que Pedro Sánchez, el presidente del Ejecutivo anunció su fin hace más de 100 días. "Debe cumplir su palabra", aseveró, y además advirtió que este visado "fomenta la especulación, incrementa el precio de la vivienda y tensiona las zonas".
Ibáñez ha proclamado esta mañana que las "golden visa" son una medida "discriminatoria" que impulsa "la especulación inmobiliaria"; por tanto, valora positivamente que el Ejecutivo reaccione a sus demandas y acelere su eliminación.
Este también avisó que estos visados tienen consecuencias perjudiciales sobre el mercado de la vivienda y "discrimina según la capacidad económica", afectando sobre todo a las zonas tensionadas y turísticas, como la provincia de Alicante –se aglutinan más del 10% de estos visados–.
"Países como Portugal, Irlanda o Grecia han tomado medidas para terminar con esta práctica que incrementa la vulneración del derecho a la vivienda", apostilló Ibáñez, quien aseveró que la situación actual en España está "en un momento crítico" por las dificultades para acceder a una vivienda.
