El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , se ha dirigido al juez que investiga a su mujer, Begoña Gómez, por delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias y le ha solicitado declarar ante él por escrito . El juez Juan Carlos Peinado había acordado tomar declaración a Sánchez como testigo el próximo martes en el Palacio de la Moncloa y grabar la comparecencia, pero el jefe del Ejecutivo le recuerda que en virtud de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) no tiene que comparecer en persona para contestar a sus preguntas. En concreto, Sánchez cita el artículo 412.2 de la Lecrim que contempla la declaración por escrito cuando se trate del jefe del Ejecutivo y el mismo haya tenido conocimiento de los hechos por razón de su cargo. El juez entendía que, en este caso, él conocía las cuestiones por las que será preguntado por su esfera privada , y por ello había acordado su traslado al Palacio de la Moncloa para preguntarle en persona, algo que también contempla la legislación. Pero Sánchez discrepa e insiste en que «es notorio» que su comparecencia « resulta inescindible de la condición de presidente del Gobierno ». «Como presidente del Gobierno de España, tengo el deber y la responsabilidad de cumplir la Ley y de preservar el sentido propio de la institución a la que represento por elección del Congreso de los Diputados», se puede leer en la misiva, a la que tuvo acceso ABC. Asimismo traslada que su voluntad es « colaborar con la Administración de Justicia » pero siempre «en el estricto cumplimiento de la Constitución Española y la Ley que a todos nos vinculan y que son la máxima garantía de nuestro Estado de derecho». «No tengo duda- le dice a Peinado- de que compartirá la necesidad del máximo respeto a nuestro marco constitucional y legal y, por lo tanto, a lo establecido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal respecto a la institución del presidente del Gobierno». La decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid de citar al presidente del Gobierno ya ha sido recurrida también tanto por la defensa de Begoña Gómez como por la Fiscalía. El abogado de Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, aseguraba en su escrito que «no existe el más mínimo indicio que justifique la citación efectuada más allá de la voluntad libérrima del magistrado instructor de tomar la declaración que ha acordado».
