La elección del 2 de junio fue una elección de Estado. Así lo ha confirmado la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al revisar acciones del Presidente de hace unos meses. Aún falta que se analicen denuncias más recientes, incluyendo algunas acerca de la actuación de los Servidores de la Nación, y por excesos de gasto. Además, todas ellas tendrán que ser revisadas por la Sala Superior del TEPJF, que será la que tome una resolución final.
No creo que haya duda de la intervención ilegal de López Obrador, y tampoco de que eso tuvo un impacto sobre los resultados. Sin embargo, debido a que la diferencia entre el primero y el segundo lugar en la elección presidencial fue mayor a 5 puntos porcentuales, no procede la nulidad por causa abstracta. Salvo que hubiese denuncias más específicas, que no parecen existir, la elección presidencial será ratificada por el TEPJF. Con ello, López Obrador se habrá robado el Poder Ejecutivo.
Ahora lo que intentan es robarse el Legislativo. Para ello, promueven la idea de que es posible interpretar la Constitución literalmente, y ampliar el margen de sobrerrepresentación de 8 a 20 puntos. El argumento es que debe aplicarse el límite por partido político, y no por coalición. El espíritu de la reforma de 1996 fue limitar la sobrerrepresentación para evitar que una fuerza política pudiera tener mayoría calificada, y como en ese entonces no existían las coaliciones, no se les menciona explícitamente. De ese hueco quieren aprovecharse para contar con 100 diputados más de los que, con los votos, les dieron los mexicanos. Claramente, esos 100 diputados provendrían de los partidos de oposición, cuya presencia en la cámara se reduciría notoriamente.
Lo que intentan es tener mayorías calificadas en el Congreso para con ello poder modificar la Constitución a su antojo. Y como su antojo lo define una sola persona, el contrato social sobre el que vivimos sería definido sólo por López Obrador. De él dependerían los derechos de todos los mexicanos, incluyendo el equilibrio del mercado, las garantías de la propiedad privada, la presunción de inocencia, el derecho a la salud, a la educación… todo.
En condiciones normales, modificaciones arbitrarias a la Constitución son detenidas por el Poder Judicial. Hoy mismo eso ya no puede hacerse, porque se ha eliminado el carácter general del amparo. Pero no le basta con eso, de forma que lo primero que harían, si cuentan con las mayorías calificadas, será destruir al Poder Judicial, para también robárselo. Así, todos los poderes quedarían en manos de una sola persona. Ni siquiera en los setenta años del PRI vivimos algo parecido. Como lo comentamos aquí hace mucho, y no lo creían, apenas puede compararse a López con su tocayo Santa Anna.
Frente al intento de robarse al país entero, es necesario actuar. La oposición que conocimos durante la breve era democrática ha quedado casi destruida. Apenas hay alguna esperanza de que el PAN o Movimiento Ciudadano puedan superar sus crisis internas, y ofrecer una opción política. No hay más que eso, o la amenazante hegemonía construida alrededor de un desquiciado.
Por esa razón, el Frente Cívico Nacional ha decidido convocar a la ciudadanía que tantas esperanzas puso en una elección en la que fue traicionada. Hay que reforzar la oposición con nuevas opciones. Aunque para muchos ciudadanos la figura de los partidos es algo repugnante, es sólo mediante ellos que se puede competir en elecciones en México. Y es sólo en los próximos meses que puede construirse un partido nuevo. Platicaremos los detalles pronto.
