Ventana a la Libertad: Familiares deben costear necesidades de los presos en los calabozos
Los familiares de los presos en calabozos policiales de Venezuela gastan hasta 300 dólares al mes para costear la comida, materiales de limpieza de las celdas, medicamentos y ropa, así como el agua potable para el detenido, de acuerdo a un informe publicado este martes por la ONG Una Ventana a la Libertad.
«Además de los pocos ingresos que reciben por su trabajo (…) los familiares de las personas detenidas en los calabozos deben disponer de muchos dólares para asistir las necesidades de su familiar detenido», indicó la organización en el informe «Familia de los detenidos en los centros de detención preventiva: víctimas por parentesco», publicado en su página web.
Añadió que deben comprar todo lo necesario para los detenidos, «desde comida, materiales de limpieza para la celda, insumos de limpieza personal, medicamentos, ropa, agua potable».
«Por si esto fuera poco, además, deben cancelar entre dos y tres dólares a los guardias por cualquier necesidad que deban cubrir, desde pasar la comida al detenido, el agua, y todo lo que lleven al calabozo», sostuvo.
La ONG indicó que los familiares -la mayoría mujeres- terminan «aceptando esta realidad que les puede costar hasta 300 dólares mensuales, lo que obviamente es inalcanzable para la mayoría».
«Algunas optan por regalarle a la persona de guardia algún insumo alimenticio, para poder lograr que le entreguen la comida y otras cosas a su familiar», apuntó.
Dijo asimismo que a esta situación se suma el costo de un abogado privado, por lo que al final «terminan con un abogado público».
El 8 de febrero, Una Ventana a la Libertad indicó que los calabozos policiales albergan casi el doble de presos de su capacidad instalada, de acuerdo con su informe anual, que para el cierre de 2023 computó 17.481 hombres detenidos en estos centros de reclusión preventiva, que cuentan con 9.234 cupos.
La ONG explicó que los reclusos pasan más de 48 horas en estos sitios y algunos permanecen allí hasta tres años, en una «clara violación al debido proceso».
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