El presidente de la República, Rodrigo Chaves, declaró que, ante una eventual declaratoria de inconstitucionalidad de la llamada “ley jaguar” por parte de la Sala IV, observará la reacción del pueblo para determinar si debe guiar a un grupo enardecido por la decisión de los magistrados, o si tendrá que promover la tranquilidad entre la población.
Chaves dijo que el pueblo podría “hacerse el pendejo” o manifestarse en una huelga de brazos caídos, pero que él no se pondría a organizar alguna respuesta, “hasta ver qué es lo que hace la gente”.
El mandatario se expresó de esta forma durante una entrevista realizada este lunes 22 de julio en el espacio Nuestro Programa de Trivisión, canal 36. Durante el espacio, Chaves fue consultado sobre el plan alternativo del Poder Ejecutivo, en caso de que la Sala Constitucional encontrara vicios de inconstitucionalidad en el proyecto de ley que el gobierno pretende someter a referéndum. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) envió el texto a consulta de los magistrados para determinar si es afín a la Constitución Política y la respuesta la tendrá el lunes 29 de julio.
La iniciativa de Chaves elimina la potestad de la Contraloría General de la República (CGR) de fiscalizar contratos públicos previo a la formalización. Por esa razón, la contralora Marta Acosta advirtió que el plan del gobierno permitiría otorgar contratos a dedo e incluso pretende regular un nuevo y complejo mecanismo de contratación para el desarrollo de obra pública. También señaló que permitiría a las instituciones contratar endeudamiento sin registro y sin autorizaciones legislativas.
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Con respecto a una eventual declaratoria de inconstitucionalidad, Chaves afirmó: “Yo, más bien, me quedaría calladito, en lo político y liderazgo, para ver qué dice el pueblo. El pueblo puede jugar de lo que yo llamo ‘véame la cara de pendejo, pendejo’; pendejo dos veces: pendejo a la mexicana, me vieron la cara de tonto; pendejo a la tica, me vieron la cara de cobarde. El pueblo puede decir: ‘nos vamos a ir a manifestar a la calle’”.
El mandatario también especuló sobre el hecho de que la hija del presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo Víquez, es una funcionaria de la Contraloría que participó en la redacción de otra consulta de constitucionalidad que el ente fiscalizador envió al tribunal sobre el proyecto de ley. Esta situación generó que el magistrado se inhibiera de conocer esta gestión, la cual aún no ha sido admitida para estudio.
“¿Cómo va a reaccionar el pueblo si la Sala Constitucional, a pesar de que el papá se inhibió (el magistrado Castillo), ah, no, no, no hay llamadas por teléfono, no hay WhatsApps o llamadas informales? ¿Cómo va a reaccionar el pueblo? No sé, yo me esperaría, tal vez incluso para calmarlo o decirles, díganme ustedes qué quieren que yo lidere”, expresó el gobernante.
Igualmente, advirtió de “consecuencias serias” que se podrían presentar, en el ámbito político, las cuales él analizaría antes de hacer un llamado para responder.
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“Y si hay evidencia o credibilidad que fue una conspiración, yo creo que le toca al pueblo, a la población, a los pescadores que vimos hoy, a los trabajadores decir: ‘Presidente, nosotros queremos que usted vaya por aquí en lo político’”, señaló.
Alegó que antes quienes se manifestaban en Costa Rica eran los pobres, pero que ahora son los ricos, los “enchufados” y los profesores universitarios. Sin embargo, mencionó que esa situación se podría revertir, según el resultado del estudio de constitucionalidad del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo.
“El pueblo se puede hacer el pendejo, se puede decir ‘tirémonos a la calle, hagamos una huelga de brazos caídos u organicémonos para que nunca más esta gente, el ecosistema del cambalache corrupto, del amiguismo y el capitalismo de amigotes vuelva a tener poder’. Yo, como presidente de la República, observaría, desde el punto de vista político”, declaró.
Está previsto que la Sala Constitucional vote el próximo 29 de julio la consulta que presentó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre el proyecto de ley. Aún está pendiente que los magistrados anuncien si la gestión de la CGR y la presentada por la fracción del Partido Liberal Progresista (PLP) superaran la etapa de admisibilidad.
El mandatario fue advertido por uno de sus asesores, desde antes que la presentara, de que la llamada “ley jaguar” es inconstitucional. Álex Solís Fallas, abogado que integró el comité asesor del presidente para convocar un referéndum, contó que le explicó que eliminar o debilitar el principio de eficiencia y eficacia que corresponde fiscalizar a la Contraloría, así como reducir por vía legal la autonomía funcional y administrativa de esa entidad, va contra la Carta Magna.
El abogado constitucionalista Manrique Jiménez Meza le rechazó la invitación para participar en ese comité de referéndum, al expresar que el proyecto es inviable desde el punto de vista legal. En su criterio, es inconstitucional reducir las potestades de la Contraloría.
