Anticorrupción descarta un presunto delito de fraude de subvenciones al haber obtenido Francis Puis cuantías anuales inferiores a los 150.000 euros
Anticorrupción acusa al hermano de Ximo Puig de falsedad en documento mercantil y estafa
La Fiscalía Anticorrupción cifra en 110.691,97 euros las subvenciones obtenidas y presuntamente defraudadas por las empresas administradas por Francis Puig de las administraciones valenciana y catalana. El empresario era prácticamente un desconocido hasta que el PP valenciano presentó una querella por las presuntas irregularidades en las subvenciones. Se trata de ayudas dirigidas a la producción y difusión audiovisual en valenciano por parte de la Generalitat Valenciana y de su homóloga catalana, subvenciones ambas compatibles si bien el importe total no podía superar el gasto realizado. El hermano del expresidente socialista de la Generalitat Valenciana se ha dedicado tradicionalmente a la producción audiovisual de carácter local en la comarca de Els Ports, fronteriza con Catalunya.
Las ayudas púbicas valencianas, otorgadas a Francis Puig entre 2015 y 2018 por la Conselleria de Educación del Ejecutivo anterior del Pacte del Botànic, se imputaban a tareas de producción y de difusión de los programas emitidos en valenciano mientras que en el caso de Catalunya se trataba de una dotación económica no porcentual. Sin embargo, a tenor del “detallado” informe de la Intervención de la Generalitat Valenciana, las cantidades “obtenidas indebidamente” por las empresas de Francis Puig y de Juan Enrique Adell Bover no superan los 120.000 euros que marca la jurisprudencia española como cuantía mínima anual para que se dé la condición objetiva de punibilidad en materia de fraude de subvenciones.
La fiscal Adoración Cano recuerda que, aunque se solicitó un dictamen a la Intervención de la Generalitat de Catalunya, el organismo presumía como válida toda la documentación presentada por las empresas investigadas, “sin que fuera necesario la presentación de facturas para la acreditación del gasto”. A pesar de los indicios de una supuesta facturación ficticia entre las empresas de Francis Puig y de Juan Enrique Adell Bover, esta circunstancia “tampoco es suficiente para considerar que las cuatro sociedades hayan conformado una unidad económica dirigida a la obtención fraudulenta de subvenciones”.
Así, el delito de fraude de subvenciones decae pero Anticorrupción mantiene que pudo haber falsedad en documento mercantil y estafa por parte de ambos empresarios, según se desprende del escrito del Ministerio Público que pide la transformación de la causa en procedimiento abreviado, la fase intermedia previa al auto de apertura de juicio oral.
El hermano del expresidente Ximo Puig administra dos sociedades bajo la lupa de la instrucción: Comunicacions dels Ports y Mas Mut Producciones. De la primera de las firmas, que ha tenido entre seis y 12 trabajadores, la fiscal sostiene que incorporó “facturación de empresas vinculadas” y “facturas duplicadas y cruzadas” que podrían ser constitutivas de un presunto delito en falsedad en documento mercantil con Adell Bover como supuesto cooperador necesario.
Por su parte, Mas Mut Produccions, con entre cinco y seis trabajadores y centrada en el ámbito de la comunicación digital en la comarca de Matarranya (Teruel), podría ser considerada, a juicio de Anticorrupción, como una “empresa ficticia o instrumental”.
El escrito incluso cuestiona que pudiera cumplir los requisitos para la obtención de subvenciones: se trataría de una firma “redundante” con un objeto social “abarcado” por Comunicacions dels Ports, con una sede social en Peñarroya de Tastavins (Teruel) que “ha resultado ser ficticia, puesto que está situada en una vivienda particular, donde no se ha hallado indicio alguno de actividad societaria”.
La empresa solicitaba las subvenciones y cuentas justificativas con el domicilio de Comunicacions dels Ports en Morella, “sabiendo que no era el domicilio social de la empresa”. También dio otros domicilios que no se corresponden con su sede social. Y es que estando el domicilio social y las actividades de la empresa estaban en Teruel, (“aunque en la comarca del Matarraña/Matarranya se usa el valenciano”, apostilla la fiscal) la firma de Puig “no podría ser beneficiaria de las subvenciones obtenidas procedentes de la Generalitat Valenciana”, concluye el escrito.
La fiscal sostiene que Juan Enrique Adell Bover ha aportado facturación de sus sociedades a las ayudas obtenidas por Francis Puig, por lo que podría ser considerado autor también de los presuntos delitos de falsedad documental y de estafa agravada, por cooperación necesaria.
Sobre las irregularidades en Comunicacions dels Ports, los informes de la Policía Judicial hallaron supuestas facturas no subvencionables por recibos de tasas municipales, de impuestos de la Diputación de Castelló o de vehículos e incluso de gastos de gasolina en estaciones de servicio.
Los investigadores también hallaron facturas por abonos supuestamente no realizados, al pagarse a los proveedores posteriormente al plazo máximo para justificar la realización de la actividad subvencionada. Y, finalmente, en la causa constan facturas con indicios de que puedan ser consideradas falsas, “por duplicación, autofacturación, facturas cruzadas, falta de pago o porque no han sido aportadas por el proveedor”.
La firma de Francis Puig aportó facturas de Ricardo Querol, vinculado societariamente a Comunicacions dels Ports y a Mas Mut Producciones, de la que es administrador, por trabajos de impresión con conceptos “genéricos”, precios que no se corresponden con los trabajos o pagadas el año anterior al que se formaliza la solicitud, entre otros indicios.
También hay facturas “genéricas” de Joaquín Puig Mestre a Comunicacions dels Ports en concepto de alquiler, que podrían corresponder a un almacén de uso agrícola propiedad propiedad del padre de Francis Puig. “Este gasto tampoco ha quedado debidamente justificado por el investigado”, recuerda la fiscal.
En otros casos, el hermano de Ximo Puig aportó supuestas facturas “duplicadas” que pudieron ser “creadas” para obtener una subvención mayor a la que le correspondía (el empresario alegó que se trataba de un error al confeccionar la cuenta justificativa).
El mismo supuesto fenómeno se habría producido con las facturas cruzadas entre la empresa de Francis Puig y las firmas Canal Maestrat, Kriol Produccions y Nova CB, administradas por Juan Enrique Adell Bover. La fiscal duda de la credibilidad de esta tanda de facturas a tenor que concepto genérico y de que contienen “idéntico precio”. “No existe contrato que pueda fundamentar un intercambio de contenidos periódico como el que se expone” y “hay facturas no pagadas”, indica el escrito de Anticorrupción.
Aunque la fiscal ve indicios de que Puig y Adell Bover “pudieron establecer una relación fraudulenta dirigida a simular gastos” entre sus respectivas empresas “para obtener mayor cuantía en cada una de sus subvenciones”, no llegó hasta el punto de actuar como una unidad económica a los efectos del presunto fraude de subvenciones.
Tras el auto de la sección tercera de la Audiencia de Provincial de València que obligó al juez a terminar la investigación, debido a un error en la notificación a las partes de la prórroga del plazo de instrucción, la fiscal ha pedido la transformación de la causa en procedimiento abreviado.
La representante de Anticorrupción alude al “cierre ”prematuro“ de la investigación que ”impide deducir indicios suficientes“ para corroborar si Kriol Produccions SL también podría ser considerada una firma instrumental. Tanto Puig como Adell Bover siempre han defendido la legalidad de las subvenciones obtenidas.
El escrito del Ministerio Fiscal pide al titular del Juzgado de Instrucción número 4 de València que, en caso de que acepte la calificación de los presuntos delitos, se proceda a ofrecer acciones a la Abogacía de la Generalitat Valenciana y a los servicios jurídicos de la Generalitat de Catalunya, a tenor del posible perjuicio económico a las respectivas cuentas autonómicas.
