El Gobierno madrileño ahoga a los campus públicos con la menor inversión por estudiante de España y las mayores tasas, mientras abre el sector a cualquier centro privado en su nueva ley, que el ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades analizará por si incumple la norma estatal
Las universidades públicas madrileñas alzan la voz contra la Comunidad de Madrid: “No cubrimos ni los gastos de personal”
La Universidad madrileña –la pública– se ahoga. Se ahoga en deudas desde hace años, tirando de remanentes o recortando gasto por las esquinas para cuadrar las cuentas ejercicio tras ejercicio, no siempre con éxito. Se ahoga –y, por extensión, ahoga a las familias en su búsqueda de aire– con la menor inversión por alumno de España, pese a ser la comunidad autónoma más rica, y con las tasas más altas, a la vez que compite con un sector privado que se expande por la región sin un final visible. Se ahoga, ahora también, con un proyecto de ley autonómica que, advierten los rectores, varios apartados podrían chocar con la normativa nacional, la LOSU. Tanto es así que este martes el Gobierno de Pedro Sánchez ha amenazado con recurrir el texto si se aprueba en los términos que se están conociendo.
Todos los frentes que tienen abiertos los rectorados madrileños vienen del mismo sitio: el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que parece estar trasladando a los campus la guerra contra la universidad tan habitual en la extrema derecha global y, últimamente, también nacional. Con motivo de las acampadas propalestinas el pasado mes de mayo, la presidenta criticó a los rectores y encuadró esas protestas en “los movimientos internacionales de siempre por parte de la izquierda, que ahora se están haciendo fuertes en la vida universitaria de todas las ciudades”. Para ellos –contra ellos– también hay medidas en el borrador de ley.
“La financiación que recibimos de la comunidad no cubre ni los gastos de personal. Tenemos una obsolescencia en todas las infraestructuras, estamos anticuados”. En un acto inédito en 20 años, los rectores de las seis universidades públicas se juntaron un miércoles de abril para gritarle a la Comunidad de Madrid a la cara que necesitan dinero. Se hizo con la excusa de unas jornadas sobre el estado de los campus, pero la idea central de toda la jornada era levantar la voz –por una vez y sin incidir demasiado–.
Los rectores, cuentan fuentes universitarias, están evitando la confrontación abierta y unitaria con el Ejecutivo regional como táctica negociadora, aunque no todos creen que sea la mejor aproximación. Cada universidad trata de sobrevivir como puede ante la precaria situación financiera que atraviesan, que puede llevar a algunos campus a traspasar la línea roja autoimpuesta de los despidos –por ejemplo por el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, durante la última campaña–, para intentar rascar algo. En los últimos años los centros han navegado la escasez a base de unos ingresos extraordinarios provenientes de unos antiguos juicios con el Gobierno regional, pero esa fuente de dinero se acaba.
"El 80% de los ingresos generales va a pagar al personal. El 15% lo empleamos en abrir los edificios, en poner la calefacción. Nos queda un 5% para todo lo demás. No hay capacidad de crecimiento o expansión, de pensar en nuevos proyectos de titulaciones, en centros de investigación, etcétera
Hay universidades, como la UAM, que dedican prácticamente todos sus recursos a abrir cada día, según admitió su máxima dirigente, Amaya Mendikoetxea, en aquel acto reivindicativo: “El 80% de los ingresos generales va a pagar el capítulo 1 (personal). El 15% lo empleamos en abrir los edificios, en poner la calefacción. Nos queda un 5% (de 200 y pico millones de euros) para todo lo demás. Esto significa que con un crecimiento vegetativo del capítulo 1 ya no puedo reponer las jubilaciones; ahí ya estoy recortando. Por supuesto, no hay capacidad de crecimiento o expansión, de pensar en nuevos proyectos de titulaciones, en centros de investigación, etcétera”.
Las cifras no siempre lo explican todo, pero sí ayudan a hacerse una idea. El presupuesto que la Comunidad de Madrid dedicó a sus centros públicos era en 2022 de 1.926 millones de euros. En 2008, cuando estalló la crisis, la inversión estaba en 1.779 millones de euros. Es una subida del 8,2% en 14 años para una inflación del 29,9% en el mismo periodo.
Se entiende un poco mejor el desfase bajando otro escalón, hasta las cuentas propias de una universidad. La UCM ingresó en el año 2020 un total de 566,6 millones de euros. De ellos, 350 exactos eran la transferencia corriente anual que realiza la Comunidad de Madrid. Cuatro años después, la universidad tenía un presupuesto de 632 millones de euros, de los que el Ejecutivo regional aportó 403. En cuatro años el Gobierno de Ayuso subió su aportación un 15%, un total de 50 millones de euros.
Descontado el personal –que ni siquiera cubre íntegramente–, la Comunidad no cubre ningún gasto de la Complutense, la universidad más grande de España. El centro cerró el 2023 con un déficit de 65 millones de euros. No es el único centro en números rojos.
Pero hay un matiz que explica que esa subida no le ha aportado nada a la UCM: el gasto en personal de la UCM ha pasado en ese mismo periodo de 394 millones de euros a 446 millones de euros, exactamente 52 millones más. Dicho de otro modo: descontado el personal –que ni siquiera cubre íntegramente–, la Comunidad no cubre ningún gasto de la universidad más grande de España. El centro cerró el 2023 con un déficit de 65 millones de euros. No es el único centro en números rojos.
A diferencia de otras comunidades, las universidades madrileñas no tienen un plan multianual de financiación. No saben cuánto presupuesto tendrán el próximo curso, van año a año. Esta es una de las cuestiones que esperan que aborde la nueva ley que ya tiene elaborada el Gobierno regional, aunque por el momento no ha trascendido en su totalidad. Los rectores han criticado el texto en un documento en el que señalan que no hay una estrategia, un “hilo conductor” sobre lo que quiere la Comunidad de sus universidades.
El resumen difundido por la Comunidad de Madrid habla de “un plan plurianual –revisable cada cinco años– que será concretado”, pero también establece el “compromiso de incremento gradual” de los ingresos propios de las universidades, que deberán cubrir “al menos el 30% de sus capítulos de gasto”. Los rectores de Madrid directamente no entienden esta parte, explican que entre otras cuestiones el texto mezcla en ocasiones “financiación” con “presupuesto” y piden una aclaración.
Sí se sabe que la Comunidad quiere limitar la capacidad de protesta del estudiantado, a raíz de las concentraciones propalestinas. Cuando proliferaron las acampadas por toda España, el consejero, Emilio Viciana, ya pidió “dejar la política fuera de los campus”, una idea sobre la que ahondaría Ayuso. Ahora lo quieren meter en la ley.
Esta táctica, pelear la ley estatal desde una autonómica, ya la empleó el Ejecutivo regional con la ley educativa. Cuando La Moncloa aprobó su Lomloe, a Ayuso le entraron las prisas por publicar una ley de Educación propia en la Comunidad, que llevaba sus 30 años de autonomía sin una. Así como la norma nacional tenía muchos elementos pensados para combatir las políticas “segregadoras” (el calificativo es del Gobierno) de Madrid, la ley Maestra de Ayuso era una norma anti Lomloe indisimulada, que tenía como objetivo prioritario defender la escuela concertada.
A los rectores no les preocupa que el Gobierno quiera incluir disposiciones contra el vandalismo o las protestas (por ejemplo, escraches) en su nueva norma, según han explicado algunos de ellos, porque esas incidencias ya están previstas en la ley de convivencia universitaria, aprobada hace un par de años. También en su normativa interna.
Les preocupa más, según la carta avanzada por El País que esta redacción ha podido consultar, que el borrador de ley universitaria madrileña consagra la privatización de la educación superior que ya vive la región, donde las privadas duplican a las públicas (y hay otros cuatro proyectos en trámite). “Se impone el silencio positivo como criterio general”, se lee en un documento-resumen de las principales ideas de la nueva norma sobre la implantación de nuevos centros. “Se permite que cualquier universidad española pueda adscribir un centro ubicado en la CM (Comunidad de Madrid) o abrir un centro propio, previa autorización de la Consejería competente”.
Estamos descubriendo que Ayuso tiene una agenda oculta de privatización de las universidades en la Comunidad de Madrid. Lo que está haciendo básicamente es cargarse el sistema público de universidades a través de una ley
Los rectores abordan estas medidas en su documento con un ejercicio de equilibrismo para esbozar una crítica sin ser demasiado categóricos. “Es necesario un debate y una reflexión sobra la configuración del espacio universitario madrileño”, empiezan. Recuerdan que la región tiene “más de 30” centros universitarios y preguntan indirectamente si esta proliferación de centros –presente y, a tenor de la ley, futura– “puede comprometer la disponibilidad de recursos de la Comunidad de Madrid”.
Además, el texto difundido otorga a los centros públicos el papel de “prestadoras del servicio público de obligación superior”, que es “la misma terminología con la que justifican los conciertos”, según recuerda el PSOE. Los rectores se preguntan si las entidades con ánimo de lucro pueden definirse como “prestadoras de servicio públicos”. La norma también pretende “fijar requisitos específicos” para la constitución de nuevas universidades, unos mínimos que ya contempla la LOSU y que un texto autonómico no puede rebajar.
El Gobierno central observa la situación con detalle. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha señalado este martes que va a estar “vigilante” con la norma madrileña, porque lo que se conoce hasta ahora implica “incumplir la ley estatal”.
“Con esta ley lo que estamos descubriendo es que Ayuso tiene un plan oculto, una agenda oculta de privatización de las universidades aquí en la Comunidad de Madrid”, ha comentado la ministra. “En vez de atender su obligación, que es la de financiación de las universidades públicas, lo que está haciendo básicamente es cargarse el sistema público de universidades a través de una ley”, ha añadido.
En medio de esta situación ha eclosionado un enfrentamiento entre el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y el Gobierno regional a cuenta de la investigación que el juez Peinado está llevando a cabo sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por la cátedra que aquella tenía en la UCM.
Goyache, antiguo aliado de la presidenta Ayuso, ha visto estas semanas cómo las amistades duran poco en política: ha pasado de testigo a investigado dentro del caso después de que la Comunidad iniciara una investigación sobre su rol en la cátedra. La universidad no encontró ninguna irregularidad, pero pidió al juez que lo comprobara. Lo que Goyache negaba hace un mes (irregularidades de Gómez) hoy lo ve la universidad como posible y acusa a Begoña Gómez de ocultar información y de haberse apoderado de un software (pese a que hay pruebas de que la UCM no solo conocía esa supuesta apropiación, sino que teóricamente ayudó a Gómez a registrarla).
Pero, al menos por el momento, estas ganas de colaborar con la causa no han mejorado la situación del rector. Goyache ha pasado en apenas un año y medio de dar un premio a Ayuso contra el criterio de –como poco– buena parte de la comunidad complutense y de ser, a ojos de la Puerta del Sol, el freno de la candidatura supuestamente vinculada a Podemos en la Complutense (no lo era, pero se hizo campaña contra la candidata como si fuera, incluido un turbio episodio de amaño electoral) a estar en el punto de mira del Ejecutivo regional.
