La premura de Peinado en citar al presidente convierte en papel mojado los recursos de la Fiscalía y la defensa de Begoña Gómez porque no hay tiempo a que sean resueltos antes del próximo lunes
La Fiscalía recurre la citación de Pedro Sánchez por innecesaria y avisa de las “disfunciones” del juez Peinado
El juez Juan Carlos Peinado tomará declaración al presidente del Gobierno en el Palacio de la Moncloa el próximo lunes sin que los recursos presentados por la defensa de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ni la Fiscalía puedan impedirlo. La decisión del juez de apresurarse a citar al jefe del Ejecutivo central con solo 11 días de antelación hace imposible que la Audiencia de Madrid, instancia superior al juez, pueda pronunciarse antes de que se materialice la diligencia.
La insólita instrucción del juez Juan Carlos Peinado ha conseguido que una denuncia del grupo ultra Manos Limpias haya derivado en tan solo tres meses en varios acontecimientos vacíos de contenido judicial pero extremadamente mediáticos: dos comparecencias de la esposa del presidente del Gobierno, en las que no declaró, y otra del propio jefe del Ejecutivo, a quien la ley exime de contestar a las preguntas del juez porque la investigada es su cónyuge.
Esos tres hitos de la instrucción se producen en el marco de una causa que la Fiscalía considera que nunca debió abrirse, por la inconsistencia de la denuncia que presentó la ultraderecha, y que en todo caso ya debería haberse cerrado, como ha solicitado a la Audiencia Provincial en otro recurso pendiente de ser resuelto. Una unidad especializada de la Guardia Civil ha incorporado, a petición del juez, dos atestados a la causa en los que concluye que no hay indicios de delito que investigar.
La citación de Pedro Sánchez fue acordada por el juez el mismo día en que la esposa del presidente se acogió a su derecho a no declarar como investigada, el pasado 19 de julio. Peinado había concertado ya en ese momento un interrogatorio para el 26 de agosto, pero consideró que la declaración del presidente del Gobierno de España era tan urgente como para fijarla el 30 de julio, un día antes de que la actividad en los juzgados de España decaiga por las vacaciones de agosto.
Esa decisión exhibía las costuras de un sistema que otorga amplísimos márgenes a un juez de instrucción: la decisión que adopte la instancia superior al juez se producirá siempre después de que el magistrado haya consumado el interrogatorio al jefe del Ejecutivo.
Peinado ha citado a Sánchez a través de providencia –una resolución sin razonar– y eso obliga a que cualquier recurso sea presentado primero ante él, y si lo rechaza, acudir entonces a la instancia superior. Una vez el juez recibe el recurso da traslado del mismo a todas las partes personadas y les concede un plazo de varios días para que se posicionen. Luego, él toma una decisión y si esta quiere ser recurrida ante la Audiencia Provincial es el propio juez quien debe trasladarle el recurso y aguardar a que resuelva.
Fuentes jurídicas aseguran que el recurso que la Fiscalía presentó el pasado 11 de julio solicitando a la Audiencia de Madrid que ponga orden en la causa de Peinado ni siquiera ha llegado aún a esa instancia. Fuentes de la Fiscalía y la defensa de Gómez asumen que es imposible que la Audiencia Provincial pueda corregir al juez antes de que se presente en Moncloa el próximo lunes acompañado de una comisión judicial.
Antes que Peinado se desplazarán al Palacio de la Moncloa dos técnicos que tienen la orden del juez de asegurarse de que no haya ningún problema en la grabación al presidente del Gobierno. Sánchez fue citado, como es costumbre en el magistrado, con unos pocos párrafos que la Fiscalía considera que no concretan los motivos de la declaración y menos aún su urgencia.
De los cinco párrafos de la providencia, dos de están dedicados a garantizar la grabación. La defensa de Gómez pidió que no fueran grabadas en vídeo sus declaraciones y que, si lo eran, que las copias llevaran una marca de agua que identificara a la parte filtradora. El juez se negó primero y luego ni contestó a la petición y la primera comparecencia de la mujer del presidente ha sido ya difundida en los medios de comunicación.
Los recursos que serán resueltos después de la declaración de Sánchez incluyen acusaciones graves contra el magistrado. En el caso de que la Audiencia Provincial acepte sus planteamientos, el juez Peinado habrá tomado declaración al presidente del Gobierno de España citando dos artículos de la Ley que ni siquiera existen, tal y como recoge el recurso de la defensa de Begoña Gómez.
La Fiscalía, por su parte, explica en su recurso que Sánchez tiene derecho a declarar por escrito porque los hechos por los que se le va a tomar declaración no tienen que ver con su carácter de esposo sino de presidente del Gobierno, y que así lo recoge la Ley. También habrá sido inútil.
Juan Carlos Peinado es titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid y ha cumplido ya los 70 años. Sigue ejerciendo porque solicitó la prórroga que permite a los jueces extender su jubilación hasta los 72. Con apenas casos mediáticos en su haber, el modo de instruir de Peinado apenas era conocido por los abogados cuyos clientes, sin relevancia mediática, han sido investigados por el magistrado.
Los letrados a los que ha podido acceder elDiario.es coinciden en denunciar instrucciones erráticas, impulsivas y poco garantistas que habían pasado desapercibidas porque ninguno de sus casos tenían suficiente atractivo mediático, además de dispensar un trato despectivo a los abogados. Un veterano letrado que conoce a Peinado desde hace décadas afirma que calificar de “reaccionario” al juez es una forma tímida de describir sus convicciones políticas.
