La pinza del PP y Junts golpea dos veces a Sánchez

En la semana con las temperaturas más altas del verano, era normal que el Congreso estuviera hirviendo el martes. El ambiente político es de tal bochorno que ni el aire acondicionado puede aliviarlo. El del termómetro, también. Si ya las cosas suelen estar calientes, la intervención del juez Juan Carlos Peinado como operador político y suministrador de titulares favorables a la derecha ha terminado por volver medio loca a la política española. En estas condiciones, lo mejor que pueden hacer los diputados es irse de vacaciones. Lo malo son los que se quedan sin que se solucionen sus problemas, en especial si la situación es dramática.

Con los votos del PP, Vox y Junts, el pleno decidió que los problemas de los menores inmigrantes que llegaron solos a España y los de la comunidad de Canarias no le preocupan mucho. No tanto como para alterar las prioridades y necesidades políticas de los partidos que votaron en contra. ¿Canarias? Que les den, que no se hubieran puesto tan lejos de España. ¿Los niños extranjeros? Estaría bien ayudarles para que no caigan en la marginación, pero sólo si sale gratis a los gobiernos autonómicos. Nosotros estamos muy ocupados en bajar impuestos.

En el debate sobre la reforma de la ley de extranjería para que haya un reparto obligatorio de los menores migrantes entre regiones, se trataba de escurrir el bulto. Había un elemento absurdo. El Gobierno canario está formado por Coalición Canaria y el Partido Popular y su presidente, Fernando Clavijo de CC, estaba en la tribuna del público. Había propuesto la reforma a través del grupo de CC, porque realmente se encuentra en una situación de emergencia. Canarias se ocupa de 5.600 niños y adolescentes en ochenta centros en las islas. ¿Cómo queda ese Gobierno de coalición? Aparentemente, se queda igual sin ningún problema. Clavijo se come el 'no' del PP y se aguanta.

No le importó al PP, que no aceptará ningún acuerdo que no pase por que sea el Gobierno el que pague esta asistencia. También exige una declaración de emergencia migratoria, sin concretar para qué serviría, y una conferencia de presidentes autonómicos con la que dedicar una jornada a darle cera a Pedro Sánchez. El Gobierno se está escaqueando en convocar la cita, porque existe una obligación legal de realizarla dos veces al año. No hubo ninguna en 2023 y tampoco este año.

Los niños son los rehenes y los canarios casi no llegan ni a esa categoría.

“Espero que sus hijos nunca tengan que huir de sus casas, que nunca sientan miedo y que no tengan nunca que verlos morir en el mar”, les dijo el socialista Luc André Diouf. “Tenemos una oportunidad de dar esperanza a estos niños. Espero que hoy gane la infancia, gane la vida”.

Las derechas española y catalana prefirieron ser ellos quienes salieran ganando en el pulso contra el Gobierno. “No es patriotismo, es racismo”, comentó Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra.

El PSOE tampoco puede presumir mucho de su capacidad negociadora. Si este es un problema de impacto nacional, es lógico plantear que el Gobierno central se rasque el bolsillo. Algo tenía que ofrecer al PP, pero todo se hizo tarde y no muy bien. Sin los votos de Junts, interesada en simular el mensaje xenófobo de Aliança Catalana de forma velada –somos tan solidarios que hemos decidido dejar de serlo–, sólo quedaba negociar con el principal partido de la oposición, por mucho que les moleste a los socios de la izquierda.

El pleno también se ocupó de la reforma de la ley del Poder Judicial que permite renovar el CGPJ después de cinco años de boicot por el PP. Fue con los votos del PSOE y el PP a causa de la mayoría reforzada que exige la ley. El malestar de los socios de izquierda de los socialistas viene de que estos no se decidieron el año pasado a rebajar a la mayoría absoluta el umbral mínimo con el que se eligen a los vocales del Consejo. Ignoran de forma interesada que la Comisión Europea hubiera estado obligada a oponerse en público, porque esa es la misma decisión que tomó el Gobierno polaco de ultraderecha y que Bruselas se negó a aceptar.

Ante este raro ejemplo de acuerdo entre los dos grandes partidos, el PP optó por profundizar en su política de tierra quemada en sus relaciones con el Gobierno. “Rescatamos a Montesquieu”, dijo Cuca Gamarra, un comentario insólito porque significaría que los gobiernos de González, Aznar, Zapatero y Rajoy han estado negando la división de poderes desde 1985 con el sistema de elección de vocales del CGPJ y del fiscal general.

Por lo demás, y para que se vea lo mucho que le interesan al PP los pactos de Estado, Gamarra aprovechó su discurso para hacer de banderillera del juez Peinado. “El Gobierno pretende que Sánchez y su familia sean intocables”, dijo la secretaria general del PP. “España no es un coto privado de la familia del presidente”.

En este panorama que ya no sorprende a nadie, Ione Belarra destacó que, desde que se firmó el acuerdo del CGPJ, el PP ha redoblado su ofensiva personal contra Sánchez y Begoña Gómez, además de otros episodios de las guerras judiciales. Pero después dio un extraño giro y acusó al PSOE de desear en el fondo de su alma llegar a acuerdos con el PP.

“Es evidente que están preparando una legislatura en la que piensan que van a necesitar mucho al Partido Popular”, dijo la líder de Podemos. ¿Cree que el PSOE tiene opciones de reclutar para su causa al partido que exige que el presidente dimita hoy mismo y si va a la cárcel mucho mejor? ¿Al partido que, como dijo Gamarra, llama “depredador del Estado de derecho” a Sánchez? Ya tendrían que ser masoquistas.

Mientras tanto, en el mundo real Podemos negoció con el PSOE y logró que el bono social eléctrico se mantenga hasta finales de año y que no se reduzca en septiembre.

Para terminar de cerrar un día que dejó patente la debilidad parlamentaria del Gobierno, Junts votó en contra de los objetivos de estabilidad presupuestaria y el techo de gasto. Sánchez no sólo no tiene nuevas cuentas públicas este año, sino que a día de hoy ni siquiera dispone de la primera piedra sobre la que sustentar el edificio presupuestario.

Rufián lo describió en estos términos: “Creo que estamos más cerca que ayer de una moción de censura de Núñez Feijóo votada por Junts. Creo que es poco opinable tanto por la dinámica que vemos de votos de Junts como por la derecha española”. Otra forma de decirlo es que hay una mayoría de derechas en el Congreso que en estos momentos no puede convertirse en mayoría de gobierno, pero que como mínimo es suficiente para hacer imposible que el Gobierno se dedique a gobernar.

Junts no puede impedir que el PSC y Esquerra pacten un acuerdo para la gobernabilidad de Catalunya, que tampoco está asegurado, pero está en condiciones de colaborar con el PP para que la legislatura sea una agonía tras otra y esté siempre al borde del desastre.

A ver si Begoña Gómez no va a ser el principal problema de Pedro Sánchez en los próximos meses.