La Comisión Europea está estudiando ya la posibilidad de abrir un procedimiento de infracción contra España a cuenta de la Ley de Amnistía , que fue aprobada en el Congreso el pasado 30 de mayo y cuya aplicación está inmersa en este momento en una enredadera judicial. Así se lo reconoce la defensora del pueblo europea, Emily O'Reilly, en una carta enviada al eurodiputado Adrián Vázquez (PPE) tras mantener un encuentro con la Comisión Europea para conocer el estado de las indagaciones del Ejecutivo comunitario sobre esta cuestión. La intervención de esta institución ha permitido conocer el estado de las indagaciones del Ejecutivo comunitario, que sin embargo mantiene bajo secreto no sólo todas sus indagaciones, sino todos los documentos recibidos en los últimos meses. Todo empezó a finales de 2023, cuando el eurodiputado Vázquez presentó una solicitud de acceso a documentos de la Comisión Europea con el fin de conocer sus intercambios de información con el Gobierno de España a propósito de la citada amnistía , entonces aún en fase de tramitación parlamentaria. La Comisión rechazó la solicitud de acceso en dos ocasiones alegando que la publicación de los documentos podría interferir en investigaciones en curso, de modo que el eurodiputado hoy del PP presentó un recurso ante la propia Comisión. Según ha podido confirmar ABC, esta petición sigue sin respuesta, de modo que Vázquez pidió amparo al defensor del pueblo europeo (ombusman), cuyos representantes mantuvieron una reunión para analizar el caso y conocer los documentos no divulgados. En esa reunión, la Comisión explicó que ya estaba analizando la ley y había tenido intercambios formales e informales con las autoridades españolas, un proceso aún en curso. Los documentos relacionados con la solicitud de acceso público del denunciante fueron compartidos con el Defensor del Pueblo, que sin embargo no puede hacerlos públicos sin autorización de la comisión. La conclusión es que la Comisión está evaluando la solicitud del denunciante y emitirá una decisión final, sobre la que no pone un plazo. La Comisión explicó que la razón para no divulgar los documentos fue que podía afectar a una investigación en curso que, a su vez, podría constituir los primeros pasos para abrir formalmente un procedimiento de infracción contra España por vulnerar el Derecho de la UE. Según ha podido saber ABC en fuentes comunitarias, la valoración será « dura » y se centrará en observar la adecuación de esa ley al derecho comunitario, y en concreto contra el Estado de derecho (artículo 2 del Tratado de la UE). En los últimos meses el Gobierno comunitario ha mantenido una serie de intercambios con el Ejecutivo español y ha recibido la resolución de la Comisión de Venecia, así como informes, dictámenes, escritos y análisis que se les han hecho llegar desde sectores universitarios y asociaciones judiciales y fiscales. También los múltiples manifiestos publicados desde distintos ámbitos de la sociedad civil : catedráticos de Derecho, notarios, registradores, diplomáticos, historiadores, etc. Además, el comisario de Justicia, Didier Reynders, ha asistido personalmente a los debates que en torno a la amnistía se han celebrado en el Parlamento Europeo «Lo esperable es que una vez que se ha producido ya todos estos elementos la Comisión se pronuncie sobre la ley de amnistía, que plantee aquellas cuestiones que considere en términos de compatibilidad con el Derecho europeo y que plantee cuáles son los puntos en conflicto», explican a este periódico desde Bruselas. Una de las consecuencias razonables es que se abra un procedimiento de infracción a España en el curso del cual se modifiquen aquellos aspectos de la ley que la Comisión entienda que puedan ser contrarios al derecho de la Unión Europea. «La Comisión no tiene un papel meramente administrativo, sino que es la guardiana de los tratados de la UE», explican desde la capital comunitaria. Tras las elecciones del 9 de junio, el nuevo Parlamento se constituyó la semana pasada y reeligió a Roberta Metsola como presidenta del Legislativo y a Ursula Von der Leyen como jefa de la Comisión. No obstante, la elección de los comisarios que formarán el Ejecutivo aún requiere de una serie de trámites que pueden prolongar su elección hasta el otoño: examen sobre posibles conflictos de intereses o comparecencia ante el comité del ramo. En cualquier caso, que la Comisión entre a fondo en la amnistía no dependerá necesariamente de que haya un nuevo comisario de Justicia, pues los que vienen de la legislatura anterior siguen con plenos poderes. « En este momento Reynders está en plenas funciones. La amnistía tiene unos plazos de aplicación muy breves, muy perentorios y es perfectamente posible que bajo esta Comisión y con este comisario haya un pronunciamiento», explican las mismas fuentes. Esta Comisión no está en funciones. De hecho, Reynders va a presentar hoy el informe del Estado de derecho, que como adelantó el lunes ABC sobrevolará la cuestión de la amnistía, y la comisaria de Interior va a presentar el plan de implementación del paquete de inmigración y asilo. Obviamente, en este periodo la Comisión no va a hacer nuevas propuestas legislativas, pero en los temas de su competencia que vienen de la legislatura anterior seguirán trabajando. Fuentes del Partido Popular Europeo confirmaron a este periódico que la lucha para frenar la amnistía en Europa será uno de sus principales caballos de batalla a partir de septiembre. El escenario tras las elecciones es mucho más favorable para los intereses del PP , puesto que es el grupo más importante del Parlamento europeo (188 diputados, frente a 136 de los socialistas) y además cuenta con trece jefes de Gobierno, frente a cinco. Es más, en función de lo que suceda en Bélgica, el Grupo Popular podría conseguir la mayoría absoluta en el Consejo Europeo. El pasado 8 de noviembre de 2023 el Comisario Reynders envió una carta a los ministros de Presidencia, Félix Bolaños, y de Justicia, Pilar Llop, en la que pidió detalles sobre la proposición de ley de amnistía . Ese mismo día, Bolaños contestó a Reynders con ironía diciendo que ese tema correspondía a los grupos parlamentarios, y no al Gobierno. Tres semanas después, el día 30, Bolaños negó en Bruselas durante una conferencia de prensa que hubiera preocupación en el Gobierno comunitario, lo que se desmintió desde la propia Comisión. En todos estos meses, el Gobierno de España ha tratado de rebajar o incluso negar las investigaciones que la Comisión ha llevado de forma secreta por un elemental deber de prudencia. Incluso se ha apresurado a interpretar en beneficio propio todo lo que pudiera suponer la más mínima crítica a la amnistía, una iniciativa legal que el Ejecutivo ha convertido en el eje de esta legislatura. Gracias a la defensora del pueblo, y a la insistencia del eurodiputado Reynder s, la opinión pública conoce el verdadero nivel de preocupación de las instituciones europeas.
