La asociación que nuclea a los trabajadores diplomáticos expresó "su más enérgico rechazo" a la extensión del tributo al adicional de costo de vida en el exterior que cobran los empleados del sector.
Un nuevo gremio se manifestó este martes en rechazo a la extensión del Impuesto a las Ganancias, en una jornada en la cual los bancarios presentaron un reclamo judicial en contra de la restauración de la cuarta categoría.
En horas de la tarde, la Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación (APSEN), que nuclea a los trabajadores diplomáticos, difundió un comunicado expresando "su más enérgico rechazo" a la extensión del impuesto al adicional de costo de vida en el exterior, un extra que se calcula por un índice que elabora Naciones Unidad y que sirve a los diplomáticos para afrontar gastos que asumen en forma individual.
"Los diplomáticos profesionales siempre han pagado impuesto a las Ganancias por sus salarios, pero el adicional por el costo de vida cobrado por la asignación en el exterior estaba exceptuado. Este adicional está establecido para igualar el costo de vida en el exterior y resulta indispensable para afrontar los gastos corrientes propios del alquiler, la salud, la escolaridad del profesional y su núcleo familiar, dado que cada diplomático debe asumirlo en forma individual", reclamaron.
En ese sentido, desde APSEN calificaron la extensión de Ganancias como "claramente confiscatoria" y aseguraron que "impacta severamente en los ingresos de los trabajadores de rangos más bajos que a partir de la reglamentación pueden llegar a perder más del 20% de sus ingresos".
La entidad recalcó que los diplomáticos profesionales "están incorporados al régimen general y que pagan y seguirán pagando dicho impuesto sobre el salario", pero adelantó que la extensión sobre el costo de vida es "claramente violatoria" de los derechos de sus afiliados, por lo que llevará adelante un planteo formal ante la Justicia para detener la polémica aplicación.
Hasta el momento, de todos los sectores afectados por la aplicación de Ganancias, los únicos gremios que han concretado su presentación ante la Justicia fueron La Bancaria y la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), sindicato nacional que representa a profesionales de la salud del ámbito público y privado.
La Asociación Bancaria presentó este martes una denuncia para solicitar que no se aplique la reforma del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, al advertir que es un gravamen "confiscatorio" y representa "una rebaja ilegal de los salarios" de los trabajadores.
El secretario general del gremio, Sergio Palazzo, sostuvo que la restitución de ese gravamen "es una ilegal rebaja de salarios ya que no permite ningún tipo de deducciones" y, en el caso de los bancarios, "abarca al 95% de los salarios" de los trabajadores de esa actividad.
El también diputado de Unión por la Patria (UxP) argumentó que la ley que restituyó Ganancias "es inexistente porque solo tiene aprobación de una sola Cámara", debido a que el Senado la rechazó.
Palazzo subrayó que la ley de ganancias "viola diversos principios" y, en ese sentido, mencionó que vulnera la "intangibilidad de los salarios, el principio de carácter alimentario del salario y el principio constitucional de progresividad".
En simultáneo, la Asociación de Médicos de la República Argentina presentó un amparo ante el Juzgado Federal Nro 1 de San Martín pidiendo la suspensión del Título V de la Ley 27.743, en este caso, ante el fuero Contencioso Administrativo.
"El médico queda gravado por ganancias no por un salario alto sino por el pluriempleo que debe afrontar, trabaja entre dos y cuatro lugares para llegar a fin de mes", sostuvo el secretario adjunto del gremio, Carlos Wechsler, en declaraciones a los medios.
El Gobierno reglamentó el lunes la reposición de la cuarta categoría de Ganancias, por la cual los trabajadores solteros que perciban un sueldo bruto de 1,8 millón de pesos y de 2,2 millones de pesos en el caso de los casados volverán a pagar ese tributo.
Los gremios que están más afectados por la reforma de este impuesto son los bancarios, camioneros, aceiteros, judiciales y petroleros. Además, en las últimas horas se han sumado más voces en contra de medida del oficialismo, como la de los diplomáticos, la de los trabajadores del vidrio, aeronáuticos y los gremios portuarios, grupos que ultiman detalles con sus asesores legales para formalizar los reclamos.
Distinto es el caso de los petroleros, un grupo que finalmente quedaron exentos de pagar ese tributo y seguirán sin abonarlo, tal como estableció la reglamentación del impuesto en el Boletín Oficial.
El acuerdo que benefició a este grupo se cerró tras las negociaciones del Gobierno nacional con el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa.
La exención aplica específicamente al "personal de pozo" de la industria petrolera y gasífera. Este término incluye a empleados que realizan actividades como la exploración y perforación petrolífera o gasífera, tareas en boca de pozo, terminación, mantenimiento, reparación, intervención, producción, servicios de operaciones especiales y servicios de ecología y medioambiente.
Además, se reconoce como "personal de pozo" a los trabajadores que, aunque no se encuentren directamente en los pozos, desarrollan labores indisolubles a estas actividades, como la operación y mantenimiento de instalaciones necesarias para la producción de hidrocarburos.
