Madrid. Un tribunal español condenó este martes a 18 años de cárcel a un jubilado de 76 años que envió cartas bomba en 2022 a las embajadas de Ucrania y Estados Unidos en Madrid y al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, entre otros.
Pompeyo González Pascual, un jubilado del norte de España contrario al apoyo anunciado por España y Estados Unidos a Ucrania tras la invasión rusa, fue encontrado culpable de terrorismo y fabricación de artefactos explosivos por los seis sobres que remitió a finales de 2022, informó la Audiencia Nacional.
“En su sentencia, los magistrados condenan a diez años de prisión a Pompeyo González por un delito de terrorismo y a ocho años por delito de fabricación, tenencia, colocación y empleo de aparatos explosivos, inflamables o incendiarios con finalidad terrorista”, explicó en un comunicado la Audiencia Nacional, la instancia que se ocupa de los casos penales más graves y que juzgó a Pascual.
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Todos los artefactos fueron desactivados o detonados de manera controlada por los servicios de seguridad, salvo el destinado a la embajada de Ucrania, que fue abierto por un empleado que resultó herido en el brazo al estallar el dispositivo.
Sin embargo, el tribunal consideró que existía la voluntad de hacer más daño, algo que no ocurrió por “circunstancias ajenas a la voluntad del acusado”.
Además de a las dos embajadas citadas y a Sánchez, González Pascual también dirigió cartas explosivas a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y a los directores del Centro de Satélites de la UE en Torrejón de Ardoz y de la empresa de armamento Instalaza en Zaragoza.
Los jueces estimaron que el acusado actuó con “el propósito de causar una gran conmoción en la sociedad española que ejerciese presión para que los gobiernos de España y de los Estados Unidos de América y otras entidades radicadas en territorio español dejasen de prestar apoyo a Ucrania en la guerra sostenida por este Estado contra Rusia”.
Un perito que examinó los dispositivos informáticos del acusado dijo en el juicio que hallaron “consultas en páginas web para preparar dispositivos, artefactos explosivos” y “canales de propaganda mediática relacionada con el conflicto Rusia-Ucrania”.
El jubilado se defendió aludiendo a “su curiosidad por adquirir los más variados conocimientos y a sus habilidades manuales, como explicación para su actividad en Internet y las compras de materiales y herramientas para los artefactos”, narró la Audiencia Nacional, sobre unas explicaciones que consideró “escasamente consistentes”.
