Entre noviembre y abril pasados se perdieron más de 170.000 empleos y más de la mitad lo sufrió el sector de la construcción, en medio de una profunda recesión sobre la que analistas discuten si alcanzó su piso.
El mismo arrojó que, entre noviembre de 2023 y abril de 2024, se redujo la cantidad de empleadores en 7.860 casos. En el mismo período, se perdieron 170.695 puestos de trabajo registrados (una reducción de 1,73%).
Si se analiza la reducción de casos de empleadores, se observa que los principales afectados, en estos primeros cinco meses de la gestión de Milei, son las empresas de hasta 500 trabajadores, con el 99,5% del total de los casos (7.820 empresas menos). Por el contrario, la cantidad de empleadores de más de 500 trabajadores/as explican sólo el 0,5% (40 casos).
Cuando se analiza la caída del empleo registrado por tamaño de empresa se observa que durante los primeros meses de la gestión de Milei la expulsión de trabajadores se concentró en las empresas de mayor porte: 74% de la pérdida de empleo (-126.244 trabajadores registrados) se focalizó en firmas de más de 500 trabajadores.
En cambio, en los cinco meses que van entre noviembre de 2023 y abril de 2024, la reducción de personal por parte de las empresas con menos de 500 trabajadores fue sensiblemente menor: disminuyeron sus puestos de trabajo en 44.451 casos, explicando el 26% el total. Estos datos resultan consistentes con el número de despidos y suspensiones en el sector privado relevados por CEPA, que ascienden a 177.657.
Según el informe del centro de estudios CEPA, la pérdida de puestos de trabajo asalariados privados entre noviembre de 2023 y abril de 2024 fue de 111.656. Para mayo, la Encuesta de Indicadores Laborales prevé una nueva caída de 18.111. Así, ya suman 130.000.
De acuerdo con el relevamiento, los despidos y suspensiones fueron motorizados por el sector de la construcción, que explica el 56,29% del total, seguido por la industria acumula el 42,95% de los casos y muy por detrás los servicios con sólo el 0,76%.
Los despidos en el sector construcción tiene su origen principalmente en la paralización de la obra pública y los del sector industrial en la caída del consumo como consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos a partir de la devaluación y la desregulación de amplios sectores de la economía.
Si se desagregan los datos entre despidos y suspensiones, en mayor medida se trata de despidos (167.205) y en menor medida licencias, retiros voluntarios y suspensiones (10.452). A su vez, dentro de los despidos la mayoría (166.870) no tiene como causal el cierre de la sucursal o empresa sino la reducción de personal. Sólo el 0,2% de los casos (335) son por motivo de cierre.
Estos despidos en el sector privado se suman a las 29.604 desvinculaciones relevadas por CEPA en el sector público, principalmente en el Estado Nacional, ya sea en la Administración Central como en las Empresas de Capital Estatal como Correo Argentino o Radio y Televisión Argentina SE.
Uno de los casos seleccionados es el de Acindar, una de las principales siderurgias del país, y que tras el derrumbe de las ventas, suspendió ya dos veces en el año su producción. A fines de junio, la empresa anunció que en el segundo semestre sólo trabajarán 2 de los próximos 6 meses. "Es decir, 2/3 partes del semestre permanecerá cerrada. Los trabajadores suspendidos por su parte percibirán en julio el 83% del sueldo de bolsillo, reduciéndose en agosto a 80% y desde septiembre hasta fin de año, 75%", consignó el reporte de CEPA.
El desplome del consumo alcanza incluso al sector alimenticio. Un caso testigo en ese aspecto es el de los despidos por el cierre de la fábrica Canale, en Mendoza. A fines de junio anunció su definitivo cierre, y con él, el despido de 38 empleados: 22 efectivos y 16 temporales.
Asimismo, se presentaron dos casos de industrias pertenecientes al grupo Construya: FV y Ferrum, que paralizaron sus plantas y despidieron o suspendieron personal en el marco del desplome del sector. La empresa dispuso en mayo la suspensión por tres meses de unos 800 operarios de su planta ubicada en Pilar, provincia de Buenos Aires. En el caso de Ferrum (la mayor fábrica de artefactos sanitarios de cerámica del país), ya despidió 100 trabajadores en lo que va de 2024.
Otro caso seleccionado es el de Tenaris SIAT, del grupo Techint, a cargo de la producción de los caños del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, cuyo tramo I fue inaugurado en 2023, pero sus obras complementarias fueron suspendidas por el actual gobierno. A fines de mayo, la empresa anunció el despido de 5 trabajadores, y a fines de junio se sumaron otros 200 de la planta ubicada en Valentín Alsina.
La caída del consumo también afecta al sector de electrodomésticos o línea blanca, que a su vez está siendo desprotegido por la reducción de aranceles a la importación de heladeras y lavarropas. Ello ocasionó despidos en Whirlpool y Briket, entre otras. En la primera se produjeron 60 despidos en la empresa por reducción de producción en su planta del Parque Industrial Pilar, en provincia de Buenos Aires, en mayo de 2024.
En Briket, ubicada en el sur de Rosario, la empresa -que produce heladeras, exhibidoras y freezers-, despidió 300 trabajadores en lo que va del año.En el plano de las empresas públicas, resalta el caso del proyecto CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares), cuya construcción fue paralizada argumentando falta de presupuesto por parte del Estado Nacional, y que puede suponerse que su reactivación no tendrá lugar hasta que ingresen capitales privados a la empresa Nucleoeléctrica Argentina SA a partir de la sanción de la Ley Bases.
Como ha estimado la propia Cámara de la Construcción, CAMARCO, hay 100.000 despidos en este sector. "Desde el Estado Nacional se impulsó una decidida política de despidos en pos de achicamiento y reconfiguración del aparato del estado. Sólo mencionando algunos casos testigo, los despidos abarcaron a derechos básicos como la salud con cesantías en el Hospital Posadas, dependiente del Estado Nacional", indicó CEPA.
También se relevaron despidos del Estado Nacional que tienen un eje común: el retiro del Estado y la garantía de derechos a nivel federal. Muestra de esto es el cierre de dependencias de ANSES (se cerraron 60 sedes, despidiendo a más de 1.300 trabajadoras y trabajadores), el INTI (con 278 despidos y apertura de retiros forzosos para todo el personal), el SENASA (se cerraron 20 sedes distribuidas en provincia de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Misiones, Salta, San Luis, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires) y los Centros de Referencia del ex Ministerio de Desarrollo Social (con el cierre de 59 centros, oficinas descentralizadas con equipos de profesionales y administrativos).
El informe releva, finalmente, otros importantes casos de retracción del empleo en industria metalúrgica, química, automotriz, alimenticia, textil, sector supermercadista y otros servicios.
