Este documento estratégico marca como prioridad los países de África Occidental y Sahel y América Latina. El Consejo de Ministros también ha aprobado el nuevo Estatuto de las Personas Cooperantes
TRIBUNA - '2024: una nueva Cooperación española', por José Manuel Albares, ministro de Exteriores
El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el nuevo Plan Director de la cooperación española. Este documento estratégico funciona a modo de hoja de ruta: marca los objetivos y prioridades de esta política pública en los próximos años, en el periodo comprendido entre 2024 y 2027.
“Es un documento fundamental. La cooperación forma parte de nuestra política exterior, es una seña de identidad de la sociedad española y es nuestra mayor contribución a la paz, la prosperidad y la estabilidad del mundo”, ha dicho José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Se trata del primer plan que ve la luz en el marco de la nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad Global, que fija el objetivo de destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) en Ayuda Oficial al Desarrollo para el año 2030. El plan se alinea con esta legislación e identifica tres escenarios presupuestarios para alcanzar la cifra establecida, que es una reivindicación histórica del sector.
Según ha explicado Albares, en cuanto a la zona geográfica de actuación, el Plan Director incluye por primera vez a África Occidental y el Sahel como regiones prioritarias –se elaborará una estrategia específica sobre esta zona–, junto a la tradicional América Latina. El documento también identifica a Ucrania como país “de interés especial”–categoría en la que también entra Afganistán–, con el objetivo de que la cooperación española pueda trabajar de una manera puntual. Se han desembolsado casi 100 millones de euros en acción humanitaria en el país invadido por Rusia, de acuerdo con el ministro.
El titular de Exteriores ha detallado que el documento se ha aprobado tras “un largo proceso participativo” en el que han intervenido la sociedad civil, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y los grupos parlamentarios. “Tiene un amplio respaldo político y social”, ha dicho Albares.
Por otro lado, el Consejo de Ministros también ha aprobado este martes el nuevo Estatuto de las Personas Cooperantes, con el que el Gobierno busca mejorar la protección y los derechos de más de 2.500 trabajadores españoles del sector y sus familias.
“Se desarrolla, por ejemplo, la previsión para que los cooperantes y los trabajadores humanitarios se beneficien de un régimen de indemnizaciones e incapacidad similar al de los periodistas que trabajan en zona de conflicto o a las tropas que participan en operaciones internacionales de paz”, ha señalado el ministro. “Los cooperantes españoles, que constituyen uno de nuestros mayores activos en el campo de la cooperación mejoran sus condiciones y contribuimos a la existencia de una carrera profesional digna”.
La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha calificado la aprobación de ambas medidas como “los primeros hitos del despliegue de la nueva Ley de Cooperación”.
En línea con la Agenda 2030 de desarrollo sostenible, el Plan Director se centra en promover “una triple transición: social, económica y ecológica”, ha explicado el titular de Exteriores. Los “sectores prioritarios” incluyen la lucha contra el hambre, el cambio climático, la educación, el acceso al agua y el avance en los derechos de las mujeres y niñas.
“El plan director subraya el compromiso de España con el multilateralismo como la vía más cierta para resolver pacíficamente los conflictos”, ha agregado Albares. En este sentido, se prevé la elaboración de una Estrategia de Política Multilateral para el Desarrollo Sostenible así como la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo que se celebrará en Sevilla el próximo 2025.
Según explica el ministro en una tribuna publicada en elDiario.es, el plan integra la reforma del sistema de Cooperación Española, en cuyo centro se sitúa la AECID, cuyo nuevo estatuto será aprobado después del verano, para “reforzar” el papel “como piedra angular del sistema en la coordinación operativa de actores y la generación de alianzas”.
La Coordinadora de ONGD, que integra a más de 600 organizaciones del sector, insiste en que reforzar la financiación de la política de cooperación sigue siendo una gran tarea pendiente. Según indicaba la red estatal recientemente, los últimos datos “sitúan los fondos que España destina a cooperación en un 0,24% en el año 2023”. “Si no se toman medidas urgentes, este dato y las previsiones para 2024, con los presupuestos prorrogados, sacan a España de la senda progresiva de años precedentes y ponen en jaque la necesaria reforma del sistema”.
A su juicio, a pocos años de 2030 –el horizonte marcado para el emblemático 0,7%–, “deben tomarse decisiones firmes”. Entre las medidas, reclaman retomar la senda de crecimiento para la Ayuda Oficial al Desarrollo para alcanzar el 0,55% al final de la legislatura, es decir, 2027. “Esto supone superar el 0,4% en los PGE 2025, o lo que es lo mismo, un presupuesto de alrededor de 6.000 millones de euros. Esto supondría un aumento de más de 1.500 millones respecto a los anteriores presupuestos de 2023”.
