El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió excluir a los jueces del paquete de medidas sobre “regeneración democrática” que presentó el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados. Aunque en Moncloa consideran que los magistrados tienen un claro sesgo conservador que contrarrestar, el jefe del Ejecutivo optó por esquivar el charco y no levantar más polémica. Una decisión que no fue consensuada con Sumar y que ha despertado un malestar tremendo en los socios de Gobierno.
El Grupo parlamentario, liderado por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, va a presentar distintas iniciativas en la Cámara baja para forzar al Partido Socialista a incluir a los togados en el paquete de medidas sobre regeneración que también afectará a los medios de comunicación.
La comparecencia de Sánchez dejó un regusto más que amargo en su socio prioritario. Sumar temía desde hace semanas que el presidente no profundizase en las medidas y se quedara en una serie de iniciativas superficiales. La formación lleva meses trabajando en una retahíla de normas que regulen el sector —"al nivel de otros países europeos", aseveran desde el grupo parlamentario—: el equipo de Sumar se ha reunido con periodistas, editores, catedráticos… para reunir ideas, pero ninguna se plasmó en el Hemiciclo el pasado miércoles.
La formación considera del todo insuficientes las iniciativas que comunicó el presidente. El líder del Ejecutivo anunció que los medios informarán sobre sus propietarios y su financiación a los lectores. También aseguró que el Gobierno pondrá en marcha una ayuda de 100 millones a las empresas de la comunicación para ayudar a su “digitalización”. Pero no especificó los baremos que empleará el Ejecutivo para otorgar dichas subvenciones públicas.
En Sumar querían presentar un plan más ambicioso. Con leyes concretas, letra pequeña, y explicando cuáles son los puntos clave a reformar. Moncloa ya advirtió en finales de abril que su objetivo estaba en conocer los dueños de los medios y cambiar la ley de publicidad institucional ante la sospecha de que los gobiernos autonómicos del Partido Popular estuviesen regando con dinero público a los medios afines. Después de dos meses y medio, Sánchez no fue mucho más allá de estas dos cuestiones; y la decepción en Sumar es palpable.
Si ya había malestar por la vaguedad en las medidas anunciadas sobre los medios de comunicación, ha ido en aumento después de que el presidente decidiera excluir a los jueces de la ecuación. En Sumar consideran que hay una deriva conservadora en la judicatura que el Estado debe revertir para equilibrar el balance. Propusieron un MIR judicial, equivalente al examen que realizan los médicos para obtener plaza en la sanidad pública.
En la proposición no de ley en las que instó al Gobierno a estudiar la iniciativa, defendía cambiar el modelo para que las personas con menos recursos pudiesen acceder a esta oposición. Actualmente, el coste que han de invertir las familias llega a los 25.000 euros por opositor, según un estudio que presentó la asociación Jueces y Juezas para la Democracia.
La formación fundada por la ministra de Trabajo no va a quedarse de brazos cruzados. Para Sumar, las medidas sobre medios de comunicación y el poder judicial tienen una importancia vital. El partido presentó una PNL en junio, como adelantó ECD, para instar al Ejecutivo a regular seis aspectos fundamentales de los medios de comunicación: el texto proponía desde luchar contra la precariedad laboral hasta concienciar a los más jóvenes sobre cómo informarse y esquivar los bulos de las redes sociales.
Una idea semejante a la que han tomado ahora: impulsar iniciativas parlamentarias, vía PNL o incluso proposiciones de ley, con las medidas que consideran necesarias para reformar el sector judicial, con el objetivo de presionar al PSOE para que cedan. Además, cuenta con el apoyo de los socios parlamentarios habituales: EH Bildu, ERC, Junts… comparten parte del diagnóstico sobre la Justicia, por lo que los socialistas tendrán que oponerse mientras intentan conseguir su voto para aprobar las medidas sobre medios de comunicación.
