Se cumple un año de las elecciones generales. Unos comicios en los que Pedro Sánchez, pese a no ser la fuerza más votada, consiguió retener el poder. Lo hizo forjando una entente parlamentaria todavía más endiablada que la que le había sostenido hasta ese momento. A los socios nacionalistas e independentistas habituales –PNV, ERC y BNG, entre otros- se sumaba un nuevo actor disruptivo: la formación de Carles Puigdemont, con la que se habían volado todos los puentes y tocaba restablecer afectos. El presidente celebró haberle cortado el paso a la alianza de PP y Vox, pero el coste político que lleva pagando desde entonces ha marcado una legislatura al ralentí, en la que sus aliados se han cobrado importantes piezas como la aprobación de la ley de amnistía.
En este primer aniversario, el Gobierno pone a prueba la salud de su mayoría parlamentaria y la viabilidad de un mandato que no acaba de arrancar. En la misma jornada, al filo del descanso estival, se debatirán una decena de asuntos, entre ellos, arrancará la andadura de la tramitación parlamentaria de los Presupuestos, clave para garantizar la continuidad de la legislatura. Sánchez también pondrá a prueba su flexibilidad aritmética: pactando la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el PP y examinando el compromiso de sus socios, en lo que respecta a la reforma de la ley de extranjería o el decreto anticrisis.
A la espera de que se resuelva la gobernabilidad en Cataluña, el Gobierno trata de paliar la sensación de parálisis ejecutiva que lleva aparejado el bloqueo en la Generalitat. Sánchez necesita un revulsivo y trasladar el mensaje de que su decisión de resistir al frente del Gobierno, no está previsto un horizonte electoral inminente, es un ejercicio de responsabilidad y no de supervivencia política. La clave para ello es tener unas nuevas cuentas públicas. El Ejecutivo guardó en un cajón las de 2024 por el adelanto electoral en Cataluña y está a expensas de ERC y Junts para lograr lanzar los del próximo ejercicio. La votación del techo de gasto de este martes servirá de termómetro para testar la vocación de acuerdo futuro de la mayoría de la investidura. En Moncloa, tal como publicó este diario, no prevén presentar los Presupuestos hasta que no tengan garantizado que superarán las enmiendas a la totalidad.
Con un impacto directo sobre las cuentas públicas también se somete a votación la ley de paridad. La que fuera una de las normas estrella en el marco del 8 de marzo se ha convertido en caballo de Troya del blindaje del techo de gasto, una forma de eliminar el poder de veto del Senado, que garantiza que la mayoría absoluta del PP en la Cámara alta no dará al traste con la aventura presupuestaria del Ejecutivo. En los populares se apoyará el Gobierno para desbloquear el gran asunto pendiente: la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En el único acuerdo de Estado al que se ha llegado en lo que va de legislatura, socialistas y populares dejarán momentáneamente a un lado sus tradicionales disputas para votar juntos el pacto que desencallará el órgano de gobierno de los jueces.
Será, por tanto, momentáneo, porque pese a los intentos que se han hecho en la mesa de negociación, el entendimiento entre los dos grandes partidos no se hará extensible a la reforma de la ley de extranjería. La “prueba del algodón” que el Gobierno quiere hacer pasar al PP tras la ruptura de sus pactos con Vox por la acogida de menores migrantes ha devenido en un bumerán y será Sánchez quien examine sus alianzas con sus socios independentistas. Junts será clave, tras el voto favorable de ERC, y si la proposición de ley decae el Gobierno se enfrentará a una nueva derrota parlamentaria. También hay debate en lo relativo al decreto anticrisis. La sensación es que el Gobierno sigue apurando las negociaciones al límite y que consigue cerrar los apoyos en una agónica cuenta atrás, en la que todos los socios quieren hacer valer su peso relativo.
No obstante, del resultado del pleno se podrá deducir si Sánchez, en un momento de máxima debilidad, en el que la gestión del Ejecutivo ha quedado en un segundo plano, opacada por el horizonte judicial de su mujer –que ahora también le toca de lleno– consigue insuflar cierto oxígeno a la legislatura y encarar el descanso estival con la sensación de que queda legislatura por delante.
