Interrogatorio. Jueces empezaran a citar a los testigos que viven en el extranjero. Abogados de la defensa insisten que hay una acusación imprecisa que limita el derecho de defensa.
La presidenta del Tercer Juzgado Penal Colegiado, Mercedes Caballero pidió al Equipo Especial Lava Jato que en la próxima audiencia del 24 de julio presente una lista con el orden en que se citará a los testigos en el juicio a Keiko Fujimori y Fuerza Popular por el caso cocteles.
En especial, dijo la magistrada, de aquellos testigos que viven en el extranjero que deberán de ser convocados vía cooperación judicial internacional, lo que puede demorar algún tiempo para tener la respuesta de las autoridades respectivas y realizar la coordinación para un interrogatorio con las garantías procesales debidas.
La fiscalía había previsto, de acuerdo con el listado que aparece en la resolución de citación a juicio, empezar el interrogatorio con los ex directivos de Odebrecht: Marcelo Bahia Odebrecht, Jorge Simoes Barata, Luiz Antonio Mameri, Fernando Migliaccio Da Silva, Hilberto Marcarenhas Alves Da Silva Filho y Luis Eduardo Da Rocha Soares, entre otros.
Sin embargo, dado que el Supremo Tribunal Federal de Brasil ha suspendido la colaboración judicial internacional con Perú y la empresa brasileña reclama por las investigaciones pendientes, es de suponer que la fiscalía replanteará su estrategia y el orden en que citará a los más de 1,500 testigos que ha presentado.
Mercedes Caballero solicitó a la ffiscal Paulina Roque la lista de testigos al concluir la audiencia continuada número 7 del juicio a Keiko Fujimori y Fuerza Popular que se realizó este lunes 22 de julio. Se prevé que los testigos empiecen a declarar a partir del 7 de agosto próximo.
Este lunes 22 y miércoles 24 de julio, el Tercer Juzgado Penal Colegiado, que integran los jueces Juana Mercedes Caballero García, Nayko Coronado Salazar y Max Vengoa Valdiglesias, continúo y continuará escuchando los alegatos de defensa de los acusados en el caso cócteles.
De otro lado, en la audiencia del miércoles se definirá la situación legal del acusados ex tesorero de Fuerza 2011, Luis Mejía Lecca. Los médicos legistas Luis Salas Mayta y Melisa Pinto Echegaray señalaron que su estado de salud es irreversible, se seguirá deteriorando, no tiene capacidad de movimiento y su nivel consciente es limitado.
Este lunes, el primero en presentar su alegato de defensa fue el abogado de Mark Vito Villanela. El abogado señaló que a Vito Villanela lo investigan solo por haber sido esposo de Keiko Fujimori.
Añadió que en el juicio probará que sus actividades e ingresos como corredor de bienes raíces están debidamente justificadas y provienen de fuente lícita.
"Desde el 2016 se han presentado a la fiscalía los documentos que prueban las actividades de corretaje, con pagos de impuestos a la Sunat por más de dos millones" añadió.
El abogado de Vito indicó que por la investigación tuvo que cerrar la empresa MVV Bienes Raíces y ahora se dedica a actividades públicas, ser influencer, pues la fiscalía siempre estaba fiscalizando sus ingresos.
A continuación intervino el abogado de la ex tesorera de Fuerza 2011, Antonietta Gutiérrez Rosati, genetista, especialista en biología y catedrática de la universidad Agraria.
El abogado explicó que la fiscalía le atribuye el delito de lavado de activos, a pesar de que ella ha demostrado que fue una de las tesoreras alternas de Fuerza 2011 de julio de 2009 hasta febrero de 2011, antes que, de acuerdo a la acusación, se empezara a captar e ingresara al sistema financiero el dinero de supuesto origen ilícito.
Gutiérrez solo admite que en marzo de 2010 abrió dos cuentas bancarias, una en soles y otra en dólares, con fondos del balance inicial presentado a ONPE, el 28 de mayo de 2010.
La defensa de Gutiérrez Rosati que toda la investigación y el juicio es injusto por lo que anunció que, luego que se dicte una sentencia absolutoria, demandará el pago de una reparación económica por todo el daño que se le habría ocasionado a ella y su familia.
Siguió el abogado Guillermo Astudillo, en representación de l ex funcionario de ONPE, Luis Barboza Dávila. Astudillo explicó que a Barboza se le atribuye lavado de activos por emitir dos informes sobre las cuentas presentadas por Fuerza 2011 y Fuerza Popular que tenían presunción de veracidad.
Añadió que por sus actividades en ONPE, en el juicio al expresidente Ollanta Humala, el fiscal Germán Juárez lo ha presentado como testigo experto, mientras que en el caso de Fuerza Popular, el fiscal José Domingo Pérez lo acusa de lavado de activos.
Indicó que el año 2018, al enterarse por información en la prensa que Fuerza Popular presentó falsa información en sus reportes a la ONPE, Luis Barboza presentó una denuncia a la fiscalía por falsa declaración en procedimiento administrativo, que es parte del juicio del caso cócteles.
La abogada de los hermanos Milagros y Raúl Maravi Sumar argumentó que se le acusa de lavado de activos por aporte reales y bancarizados que realizaron a la campaña de Keiko Fujimori, ante el surgimiento de un candidato de extrema izquierda. se refirió a una entrevista del fiscal José Domingo Pérez.
La abogada criticó unas declaraciones del fiscal Pérez en el diario La República. ¿A quién le hacemos caso? ¿al fiscal que se para ante ustedes o al fiscal que se para ante los medios de comunicación?.
Dicha pregunta generó la reacción de la fiscal adjunta Paulina Roque, presente en la audiencia. La presidenta del Juzgado Colegiado le pidió a la abogada centrarse en los argumentos del fiscal en la audiencia, no sobre lo que dice en la prensa que no tendrá influencia en el desenlace del juicio.
Siguió la autodefensa del abogado del estudio Oré Guardía, Edwar García Navarro. El jurista indicó que lo único que ha hecho es recibir en el estudio Oré Guardia a un grupo de empresarios aportantes que querían asesoría legal, al haber sido citados por la fiscalía.
Añadió que los jueces se enfrentan a un caso atípico, pues la fiscalía no ha precisado el tipo penal del delito de obstrucción a la justicia que les atribuye, por lo que en su acusación oral ha introducido el cargo de amenazas a los testigos.
García Navarro aseguró que los testigos declaran en el juicio que su trato con ellos fue cortes, profesional pues nunca hubo amenaza, inducción o coacción.
"Los aportantes empresarios se acercaron voluntariamente al estudio para que se les recomendara un abogado o se les explicara de que trataba el interrogatorio y, eso es lo que se hizo y eso no es delito. Nunca hubo amenaza, coacción, inducción, defender no es un delito", subrayó.
En tanto, la abogada de Lorena Gamero, indicó que en la acusación escrita se señala una posible inducción a mentir a seis testigos, mientras que en su alegato oral, el fiscal habló de 19 testigos, lo que no fue parte de la investigación.
Por su parte la defensa legal de Nolberto Rimarachín explicó que este es un agricultor que confió en el ex congresista Rolando Reátegui por lo que, a su pedido, accedió a firmar recibos de aportes en blanco, en los que solo colocó su nombre y firma.
"Fue un tonto útil por confiar en Rolando Reátegui", enfatizó la abogada, a la vez que señaló que esas personas que abusaron de su confianza no están en el juicio.
La defensa de Danae Calderón indicó que también esta acusado por aceptar viajar Tarapoto a pedido de Luis Mejía Lecca, si haber participado en los interrogatorios ni en las reuniones con los testigos.
El miércoles 24 de julio concluirán en una audiencia virtual los alegatos de defensa. Luego habrá receso hasta el 7 de agosto, en que el juicio se debería retomar con los interrogatorios a los primeros testigos.
