Este lunes 22 de julio, el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional del Poder Judicial reanudará la audiencia del caso Cócteles desde las 9 de la mañana. La sesión se realizará de manera virtual y se tiene planeado seguir con los alegatos de apertura de las defensas técnicas de los imputados, para lo cual fueron convocados Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, y demás investigados.
La hija de Alberto Fujimori y los integrantes de la cúpula de Fuerza Popular fueron acusados por el Ministerio Público de la comisión de los presuntos delitos de organización criminal, obstrucción a la justicia y lavado de activos.
Esta semana, se desarrollarán dos audiencias. La primera será el lunes 22 y la segunda el miércoles 24, ambas de manera virtual. Además, se espera que los magistrados Juana Mercedes Caballero, Nayko Coronado Salazar y Max Vengoa Valdiglesias reciban los reportes del estado de salud del investigado Luis Mejía Lecca, extesorero y expersonero legal de Fuerza 2011.
Por otro lado, se conoció que, la Superintendencia de Banca y Seguros confirmó que impuso una sanción económica de 400 UIT (alrededor de S/1.760.000) al Banco de Crédito del Perú por no haber informado de los aportes a Keiko Fujimori en la campaña de 2011. El BCP cumplió con el pago en abril de 2021.
El 3 de noviembre del 2010, el Banco de Crédito del Perú (BCP) desembolsó clandestinamente la primera de 17 entregas de dinero por un total de US$3,65 millones a favor de Keiko Fujimori durante el periodo de su campaña presidencial. La última fracción la completó el 23 de mayo de 2011.
Después de 8 años y 6 meses de esta última fecha, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) se enteró de los aportes secretos del BCP a Fujimori, pero no porque se lo informó la entidad bancaria.
El 18 de noviembre de 2019, el entonces presidente de Credicorp, Dionisio Romero Paoletti, confesó ante el equipo especial Lava Jato sobre los abonos millonarios a la aspirante fujimorista con fondos del BCP. Recién entonces la SBS supo de lo sucedido, y el 29 de noviembre de 2019 designó a un Grupo de Trabajo Ad Hoc para que determine las responsabilidades de los involucrados.
El informe confidencial del Grupo de Trabajo Ad Hoc de la SBS encontró que un grupo de directivos y funcionarios de primer nivel del BCP, incluido Dionisio Romero Paoletti, perpetró una serie de vulneraciones de las normas del sistema bancario, por lo que recomendó, además de la aplicación de varias medidas, una sanción pecuniaria.
