Cerca de 422 causas por fraude de notarios públicos fueron abiertas por el Ministerio Público desde el 2022 hasta la fecha, según datos de la Fiscalía Adjunta de Fraudes.
Este delito puede cometerse con facilidad. Un notario puede traspasar una propiedad con solo enviar un documento con su firma al Registro Nacional, sin necesidad de la firma del dueño, explicó a La Nación el director ejecutivo de la Dirección Nacional de Notariado, Mariano Jiménez.
Jiménez detalló que para concretar un traspaso legalmente, el notario, junto al antiguo y el nuevo dueño del inmueble, deben firmar el protocolo en el cual consta el consentimiento de las partes, la ubicación de la finca, una descripción y el precio de la venta, entre otros datos.
Luego, el notario debe entregar una copia del protocolo al Registro Nacional solo con la firma suya; eso es lo que se conoce como testimonio de escritura.
A través de la falsificación de este testimonio es como se concreta la mayoría de los fraudes notariales, los cuales se descubren hasta que la víctima se da cuenta de que su propiedad ya no está a su nombre.
Esta modalidad es la que habría usado la organización investigada dentro del Caso Madre Patria, la cual, aparentemente, se apoderaba de fincas a nombre de extranjeros que no residían en Costa Rica, por lo que había menos riesgo de que notaran algo irregular.
Este caso trascendió el 25 de junio, cuando se hicieron allanamientos en Alajuela, Heredia, Cartago, San José y Puntarenas, por los presuntos delitos de falsedad ideológica, uso de documento falso, estafa mayor, legitimación de capitales, procuración de impunidad y cohecho.
La investigación cuenta con 40 sospechosos, y de momento 20 personas descuentan prisión preventiva.
Jiménez explicó que, si bien el testimonio de escritura podría llevar la firma del antiguo dueño, esta firma también es susceptible de falsificación, por lo que más bien recomendó evolucionar hacia mecanismos de seguridad como el uso de la firma digital.
Ante una consulta de este medio, el Registro Nacional afirmó que a partir del 5 de octubre, los notarios estarán obligados a usar el servicio de Ventanilla Registral, que ya se utiliza para presentar los documentos con el uso de la firma digital, y verificando automáticamente que el notario que los presenta esté habilitado.
La Dirección Nacional de Notariado cuenta con varias herramientas para combatir el fraude, aseguró Jiménez. Una de ellas es la Unidad de Fiscalización, la cual abre inspecciones cuando recibe indicios de actividad sospechosa por parte de algún notario, por ejemplo, a través de medios de comunicación.
La Unidad revisa el perfil del notario y en caso de detectarse anomalías, se envía la información al Juzgado Notarial (órgano del Poder Judicial encargado de asuntos disciplinarios), el Ministerio Público o las instancias administrativas.
A junio de este año, la Dirección Nacional de Notariado ya había recibido 82 denuncias, un aumento significativo en comparación con las 97 denuncias recibidas en el 2023, y 105 en el 2022.
“Desde nuestra competencia administrativa se puede llegar a inhabilitar a un notario público, si no cumple con los requisitos para ejercer la función notarial; a manera de ejemplo, si el notario no tiene la póliza de responsabilidad civil al día, si cuenta con índices notariales pendientes, si no tiene oficina abierta al público, si no tiene tomo en uso o carece de algún requisito para ejercer la función notarial. Todas estas gestiones se tramitan en la Unidad Legal Notarial”, explicó Jiménez.
El director añadió que usualmente, los notarios que cometen fraude no actúan solos, lo hacen con otros notarios para consumar los traspasos ilegales.
En marzo del 2021, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló que tenía identificados al menos a 50 notarios públicos que, al parecer, colaboraban con bandas dedicadas a cometer fraudes registrales.
En aquel momento se detectaron dos modalidades empleadas por los delincuentes. Una era la alianza con notarios públicos para que estos hicieran el traspaso ilegal de una propiedad y, la segunda, la falsificación de documentos para hacerse acreedores de un terreno.
Este delito se empezó a detectar en Costa Rica hace más de 30 años, según el Registro Nacional, entidad que detalló a La Nación, a través de su oficina de prensa, que lo ha combatido creando mecanismos de seguridad como el pago de tributos por entero, claves de acceso y mecanismos biométricos de acceso a los sistemas de inscripción y consulta por parte de los registradores.
También existe una base de datos de notarios inscritos en la Dirección Nacional de Notariado para impedir el ingreso de documentos de notarios inhabilitados.
Además, a partir del 2009 se empezó a usar el mecanismo de inexactitud registral, el cual detecta la diferencia entre la información registrada y la realidad fuera del registro.
Este sistema distingue inexactitudes por su origen, si son por errores de carácter registral (interno) o de origen extrarregistral, es decir, por acciones de documentos notariales falsos o con falsedades ideológicas.
“En este último caso, se origina la nota de prevención por inexactitud extrarregistral como medida cautelar coadyuvante de la jurisdicción, que permite a un eventual despojado de un bien obtener en términos de horas una medida cautelar tendiente a dar espacio para ir a la vía judicial a lograr la tutela judicial de su derechos despojado, siendo una respuesta idónea frente a la mora judicial”, detalló la oficina de prensa del Registro.
