El Gobierno de Ayuso ha emprendido un proceso exprés este verano que modifica la legislación que protege el arbolado en Madrid para ampliar los supuestos autorizados de tala y permitir compensar en metálico los apeos efectuados por particulares, empresas y administraciones, que hasta ahora tienen que reponer con más ejemplares.
Los cambios se están tramitando a través de una ley omnibús, que afectará a diez legislaciones de la Comunidad de Madrid. La que regula las masas forestales es la Ley 8/2005, de Protección y Fomento del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid, donde se plantea añadir varios artículos y modificar los existentes.
En concreto, el equipo de Ayuso reduce el número de árboles que quedan protegidos por la ley, añadiendo excepciones que permitirán las talas sin justificar siempre que los árboles cuenten con menos de diez centímetros de tronco (medido a partir de un metro de la base). También se podrán retirar setos de especies arbóreas, calculando un árbol por cada dos metros lineales de seto.
Los cambios en la ley especifican que también se podrán talar árboles “en los casos en los que suponga un riesgo para la seguridad de las personas o bienes”, también si el árbol “se encuentra enfermo”, “seco”, o si el ejemplar ha causado “daños sobre estructuras”. En estos casos la tala se deberá justificar con un informe técnico.
En cuanto a las compensaciones por las talas, el Gobierno de Ayuso introduce importantes modificaciones. Hasta ahora cualquier entidad o particular debía aportar tantos árboles como años de vida hubiera talado. Por ejemplo, en la próxima reforma de Santa Ana la empresa encargada de las obras deberá entregar 1.540 árboles a los viveros municipales por la inminente tala de 28 ejemplares.
Sin embargo, el texto que se tramita estos días de forma exprés sigue indicando que lo ideal es plantar árboles adultos de la misma especie en el mismo espacio o entregar el equivalente en años a los viveros municipales, pero que en el caso de que no sea posible, “el ayuntamiento podrá crear un fondo donde se ingresarán las cantidades depositadas en compensación por las talas de arbolado”. Es decir, que se permitirá el abono de una cantidad en metálico como compensación de los apeos.
Este fondo podrá ser utilizado para sufragar “trabajos técnicos para conservación, fomento y protección del arbolado”, para acciones de protección o sensibilización sobre el arbolado (lo que puede incluir, por ejemplo, campañas publicitarias) y también proyectos de recuperación.
En los últimos meses y debido a los numerosos permisos de talas concedidos por ayuntamientos como el de Madrid capital, ha sido incesante y hasta desbordante la llegada a los viveros municipales de macetas de pequeños árboles como compensación, hasta el punto de dificultar el almacenamiento de los ejemplares, según las fuentes consultadas por este periódico.
El Gobierno de Ayuso asegura que con esta modificación en la Ley del Arbolado y los otros nueve textos legales que se cambiarán pretende “estimular la actividad de la región gracias a la simplificación de los trámites administrativos y la reducción de cargas burocráticas”. En concreto, asegura que busca “aumentar la oferta de vivienda, seguir avanzando hacia los objetivos de descarbonización y digitalización; garantizar el relevo generacional del sector primario y combatir la despoblación en las zonas rurales; y blindar la prestación de los servicios públicos sobre la gestión del ciclo del agua”.
El texto de la normativa, que fue retirado el viernes de la página de información pública (puedes consultarlo aquí, en PDF), será tramitado en las próximas semanas después del periodo de alegaciones. Se trata de la tercera ley omnibús que aprueba el Ejecutivo regional desde que Ayuso es presidenta.
