Hoy iniciamos esta columna con el objetivo de dar a conocer a la opinión pública el peregrinaje de las víctimas en el doloroso caso de los 800 mil muertos a causa de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19).
He manifestado públicamente que, en el doloroso caso de los jóvenes de Ayotzinapa, el gobierno federal creó una fiscalía especial para la investigación y persecución de los delitos relacionados con su desaparición. Sin embargo, resulta incomprensible que el gobierno no haya prestado la debida atención y no haya creado una fiscalía para investigar y perseguir a los responsables de la muerte de 800 mil mexicanos durante la pandemia.
No se trata de golpear a nadie, sino simplemente de llamar la atención del Ejecutivo federal y del Fiscal General de la Nación.
Desde 2020, varias víctimas presentaron denuncias ante la Fiscalía por hechos que podrían constituir el delito de homicidio por omisión, relacionadas con las conductas omisivas del Dr. Hugo López-Gatell, en su calidad de subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, así como de otros funcionarios de la Secretaría de Salud federal. Estas denuncias se fundamentan en la falta de deber de cuidado, negligencia y deficiente ejercicio de su función pública en relación con las víctimas de la pandemia.
Han pasado casi cuatro años desde la presentación de estas denuncias. Se han aportado numerosas pruebas y se han solicitado múltiples diligencias. Desde el inicio, la Fiscalía decidió no investigar el caso, obligando a las víctimas a acudir al Poder Judicial de la Federación, que mediante un amparo ordenó iniciar la investigación.
La Fiscalía, a pesar de la orden judicial, insistió sin fundamento en declarar el no ejercicio de la acción penal. Las víctimas recurrieron nuevamente a la justicia federal, y un juez de control ordenó que “la Fiscalía debe continuar con sus actos de investigación, pues tiene la obligación de consultar con expertos y determinar qué acciones pudieron ser eficaces o se dejaron de hacer por parte del gobierno mexicano y sus funcionarios, como es el caso del subsecretario correspondiente”.
Es inconcebible que, pese a todas las pruebas aportadas, incluyendo el informe emitido por la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de Covid-19 en México, la Fiscalía General de la República haya actuado de manera negligente e ineficaz. Esta comisión, integrada por diversos expertos en materia de salud, concluyó que “la gestión de la pandemia de Covid-19 en México evidenció importantes deficiencias en la toma de decisiones por parte del gobierno federal y las autoridades locales. Las fallas sistemáticas en el sistema de gobernanza socavaron la efectividad de la respuesta y la capacidad de adaptación a medida que surgía nueva evidencia científica”.
La comisión también determinó que “el gobierno falló en adherirse a las normas básicas de racionalidad institucional y transparencia en una emergencia; la inconsistencia y contradicción en el manejo de la evidencia y la incertidumbre científicas fueron notorias”.
Las conclusiones de esta comisión determinan claramente que la negligencia de las autoridades nacionales y locales incumplió con los reglamentos de la epidemia. Es evidente que la actuación del Doctor Hugo López-Gattel, como responsable de la salud de los mexicanos, fue negligente, provocando la muerte de miles de personas.
Dentro de dos meses, México experimentará un cambio en la administración nacional. La Doctora Claudia Sheinbaum Pardo tomará posesión como presidenta de la República el 1 de octubre. Me pregunto: ¿seguirán protegiendo al Doctor Hugo López-Gattell? ¿Se seguirá permitiendo la impunidad en la que desgraciadamente hemos vivido en este país? ¿Seguiremos viviendo lo mismo de siempre, o la Doctora Sheinbaum dará un golpe en la mesa para enfrentar el terrible problema de la impunidad?
Repito, como lo he hecho en otras columnas, ¿para qué queremos una reforma al Poder Judicial federal y a los poderes judiciales de los estados si no prestamos atención a las instituciones que procuran la justicia?
Ojalá, por el bien de México, la nueva presidenta de la República determine que, por fin, se haga justicia a las viudas y a los niños que quedaron huérfanos por la negligencia y falta de deber de cuidado de este funcionario y otros responsables, en lo que considero un delito de lesa humanidad.
