No hay disponibilidad presupuestaria, la empresa contratista entra en crisis, aparecen unos restos que obligan a remodelar el proyecto e, incluso, estalla una pandemia mundial que encierra a todo el planeta en sus casas. Son sólo algunos de los ejemplos por los que históricamente las máquinas desaparecen de un día para otro o ni siquiera llegan a hacer acto de presencia ni a poner la primera piedra de una obras. Unas circunstancias a las que hace dos años se sumó una crisis de los materiales que, además de la escasez de éstos para poner en jaque a la construcción, implicó una subida de los precios que aún hoy se arrastra y está detrás de varios proyectos a lo largo de la Comunidad en los que nada se mueve porque los adjudicatarios no ven factible su ejecución al coste que se fijó antes de aquello. «La subida es evidente y clara» y no «ajustarse» a ella «perjudica a las empresas, a la administración y a la ciudadanía», explica Javier Vega, presidente de la Confederación de la Construcción de la Comunidad y de la Cámara de Comercio de León. Esta situación afecta a las administraciones estatal, autonómica y local. Ninguna lo esquiva. Todas ellas han visto como actuaciones quedaban paradas obligando a un nuevo proceso de licitación o de negociación en el que debía aumentar el presupuesto inicial . A ello se suman proyectos en los que los números propuestos de salida no compensan a las empresas y la consecuencia es que quedan desiertas las ofertas. En ambos casos, la «reacción es demasiado lenta», denuncian desde el sector. Lanzar de nuevo todo un procedimiento de contratación implica años de parón. Valga de ejemplo de obra del Museo de la Semana Santa de Zamora . En 2023, la Junta de Castilla y León acordaba la resolución del contrato para su construcción para iniciar los trámites de cara a un nuevo procedimiento. Llegaba después de que el alza de los costes implicarán una «desviación» entre el precio de adjudicación y el de mercado, que «impedía» al contratista ejecutar el planteamiento inicialmente pactado en la Plaza de Santa María la Nueva. El convenio suscrito entre varias administraciones se veía abocado a elevar el coste inicialmente presupuestado en 2,6 millones hasta los 10,3 , de los que el Ejecutivo autonómico aporta el 57 por ciento y la Diputación y el Ayuntamiento y el 21,5. Firmada la adenda para un nuevo intento salió a licitación en junio. Aún no está resuelta. Las previsiones apuntan a que en octubre puedan arrancar y que terminen en 2026 estas obras que las crisis de los materiales melló por la resolución del anterior contrato y la necesidad de contar con reservas de crédito, pero que ya arrastraba retrasos después de que una atarjea antigua implicara un pronunciamiento de Patrimonio y también el hecho de que hubiera que judicializar un conflicto con la propiedad del edificio colindante, que debe ser comprobado pero cuya dueña no da autorización. «Todo eso ha ralentizado administrativamente las cosas», apuntaban desde la Junta de Castilla y León , que ha visto como otros proyectos menores y relevantes se veían afectados por esa subida de precios que se desencadenó tras el inicio de la Guerra de Ucrania. Entre ellos, la construcción del Centro de Salud Segovia Rural Este y Oeste que también implicó la resolución de mutuo acuerdo del contrato con la adjudicataria inicial y cuya continuación se ha encomendado ene este caso a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl). Otro proyecto de envergadura se vio lastrado por unas causas similares a orillas del Pisuerga, en este caso con titularidad estatal. Se trata de la nueva sede de la Seguridad Social que se proyecta en el barrio vallisoletano de La Rondilla en el suelo que ocupó en su día el colegio San Juan de la Cruz, cerrado hace ya 25 años. Las obras arrancaron en 2020 y pararon en 2021. Tres años en los que no ha habido ni rastro de máquinas y que lo poco que se podía ver era un cartel colocado en la valla que rezaba: «Si no sabéis qué hacer aquí los vecinos podemos dar ideas». En este caso, la administración llegó a abrir varios expedientes a la empresa constructora tras paralizarse las obras y la adjudicataria finalmente habría alegado esa subida de precios como «incidencia imprevisible». La Seguridad Social contempló un modificado que no fue aceptado y, al igual que en los anteriores casos citados, se acabó resolviendo el contrato y se volvió a comenzar con los trámites, actualizando los guarismos, que pasaban de los 3,4 millones de euros de desembolso del proyecto original a 4,7 millones, además de cuestiones técnicas. Esta semana ha salido a licitación la «continuación de la ejecución, debido a la resolución del contrato previo». El plazo de ejecución se prevé similar al del proyecto inicial, de dieciséis meses, para dar forma a la futura sede de la Seguridad Social a partir del esqueleto que figura en el solar. Estos y otros casos que tuvieron que reajustarse conviven con otra circunstancia que en la práctica frena también los proyectos: las convocatorias a las que no se presenta ninguna empresa o no cumplen los requisitos que reclaman las administraciones. La situación ha ido en aumento en los últimos años y se estima que en este 2024 queden desiertas un seis por ciento de las convocatorias de obra pública , frente al uno por ciento que de media se registraba hace un lustro, según explicó, por su parte, el presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, Enrique Pascual , quien apunta cómo en muchos casos se lanza una licitación con el presupuesto que se marcó cuando se dio forma al proyecto años atrás y sin adaptarse al «precio de mercado» actual. Además, el «riesgo» que se podía asumir hace unos años ante una convocatoria no se estaría adoptando ahora. Sin mecanismos de compensación de precios, los ofertantes apuestan por aquello que le «encaje». El empresariado es «solvente, pero si seguimos así va a sufrir», señala Vega, que ve con «mucha preocupación» la situación y advierte de que en obras privadas los desajustes tienen una más «difícil solución» , pero insta a las administraciones a una mayor «reacción» y con más «agilidad» en obra pública. En estos casos la administración local tiene más protagonismo y concentra tres de cada cuatro ofertas desiertas, tras lo cual se abren distintas opciones para darles salida. Se pueden volver a lanzar con una modificación o se puede optar por un procedimiento negociado como el que se hizo desde el Ayuntamiento de Palencia para las obras de peatonalización del centro de la ciudad . Así, al quedar desierto el concurso público convocado en enero por el consistorio por falta de ofertas se abrió un proceso de diálogo entre las partes para concretar sus condiciones, que fue sellado con un acuerdo en febrero. Una vez resuelto ya ha arrancado la actuación, que afecta a la Calle Burgos, Don Sancho, La Cestilla, Plaza Isabel La Católica, Menéndez Pelayo y Antonio Maura y cuenta con un presupuesto base de licitación de 1.073.084 euros y un plazo de ejecución de siete meses. En lo que va de año al menos 73 obras han quedado sin adjudicatario por valor más de 22,3 millones de euros, según los últimos datos de enero a junio de la Cámara de Contratistas que avanza, que por unas o por otras razones, se espera, en todo caso, que este ejercicio la obra pública eche el freno. No en seco, pero sí que se ralentice el ritmo tras una periodo bueno en este ámbito –2023– en el que al calor de las sucesivas convocatorias electorales se habrían acelerado los proyectos. El «temor», eso sí, apunta más hacia 2026, cuando se acaben los fondos europeos .
