El profesor Juan Carlos Monedero sufrió el otro día un incidente que da cuenta de cómo campa, ya sin pudor, la agresividad ultraderechista. Al ser reconocido como fundador de Podemos, fue increpado e insultado por dos vigilantes de seguridad de la empresa privada Prosegur en la estación de Sants, en Barcelona. Cada vez son más frecuentes y desvergonzados este tipo de comportamientos. Empoderados por los aires que corren, los fascistoides hacen gala de unas actitudes chulescas que, en el caso de proceder de miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, o de vigilantes de empresas privadas en lugares públicos, incurren en el abuso de poder y en la conculcación de las libertades y derechos democráticos de la ciudadanía. En los últimos tiempos, he asistido a comportamientos así en estaciones de Renfe o en una comisaría a la que había ido a renovar mi DNI. Personas uniformadas y armadas que, lejos de mostrar conductas conciliadoras, de colaboración y apoyo, conductas que denoten que están al servicio de la sociedad, transmiten intolerancia, falta de respeto y modos violentos con mucho músculo, siempre apretado por banderita rojigualda.
Monedero ha presentado denuncia ante la Policía Nacional. No se ha callado porque, cuando se puede, se debe no callar. Quizá ser alguien reconocido y mediático pueda servir para señalar a los agresores, parar los pies a esta clase de gente y ser ejemplarizante para que no logren intimidarnos. Muy probablemente, la mayoría no se atreva a denunciar algo semejante: hay miedo a meterse en problemas, pereza por perder el tiempo para nada, desconfianza en los mecanismos de la justicia, descreimiento en los propios derechos. Mucho menos se atreverán si se trata de personas migrantes, racializadas, de origen, apariencia o género diverso, pues corren el riesgo de tener un problema aún mayor que el de -ya de por sí inconstitucional- ser discriminadas, despreciadas, maltratadas por quienes habrían de servirles y, llegado el caso, defenderlas. Es un gravísimo problema que la seguridad esté en manos de ultraderechistas, de violentos, que ese sea el orden que se trata de imponer.
Los de Prosegur de la estación de Sants hicieron comentarios racistas y xenófobos sobre algunos futbolistas de la Selección, afirmaron que no son españoles y, ante las protestas de Monedero, llegaron a romper a golpes una silla del control de equipajes. Los voxes, los alvises, los ayusers y sus compinches de la derechita cobarde pepera les están alimentando la neurona con consignas fascistas que son un peligro para la convivencia y el respeto a los derechos humanos.
Estos comportamientos en agentes públicos y vigilantes privados no son anecdóticos y van a más. Son alentados por los políticos y las formaciones anteriormente mencionados, y son blanqueados por los medios de comunicación que están al servicio de la patria que proclaman: una patria machista, intolerante, excluyente, racista, xenófoba. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están infestados de grupos ultraderechistas, que hacen alarde impune de ideología, símbolos y actitudes fascistas. Locales y sedes de asociaciones y organizaciones políticas no disponen de protección policial y sufren ataques neonazis que quedan impunes porque las denuncias son archivadas. Vivas a Franco y cruces de Borgoña han sido registrados en contextos policiales y militares
Recientemente, ERC trasladó al Gobierno su alarma ante el crecimiento ultra en las filas policiales, exigiendo que se tomen las medidas de refuerzo necesarias para asegurar el cumplimiento estricto de la Ley de Memoria Democrática, “que prohíbe explícitamente actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, y supongan exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial”. Se pide impulsar desde la Fiscalía la persecución de delitos de odio e intolerancia como los presuntamente cometidos por los vigilantes de Prosegur y denunciados por Juan Carlos Monedero, pero la asignatura está pendiente por parte de policías, guardias civiles, vigilantes, fiscales y, por supuesto, jueces.
Como ciudadanía, solo cabe seguir denunciando. Perderles el miedo con el que quieren amedrentarnos, su arma primera (después viene la porra dura, que los vigilantes cuelgan al cinto como un falo caído; o la pistola enfundada, a la que agentes y guardias acarician demasiado, en un gesto como de amenaza que a veces parece consciente, como para que no se nos olvide, y a veces, se diría, mera querencia. Solo cabe volver a creer (si es que eso fue posible alguna vez) en que el Estado de derecho protege a la ciudadanía de delitos como el racismo, la transfobia, la xenofobia, la aporofobia, la homofobia, el odio fascista.
Hace varios años que esos enemigos armados de la convivencia democrática, muchos de ellos organizados en asociaciones como Jusapol (Justicia Salarial Policial) y los sindicatos Jupol (Policía Nacional) y Jucil (Guardia Civil), que movilizaron a las bases en comisarías y cuarteles, y ahora los adoctrinan, los jalean, los encienden (tienen la mecha muy corta) para salir a la calle contra el Gobierno, contra Pedro Sánchez (a quien también mencionó el vigilante energúmeno que rompió la silla en Sants por no romperle la cara a Monedero, supongo), contra la derogación de la Ley Mordaza, contra las libertades y derechos humanos, contra la democracia. Solo cabe seguir denunciando, si tenemos, como Juan Carlos Monedero y como buena parte de la ciudadanía, el privilegio de poder hacerlo. Nos cueste lo que nos cueste. Combatir al fascismo no tiene precio. Lo que es impagable es lo que se pierde cuando el fascismo se extiende e institucionaliza su arbitrariedad y su violencia.
