El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se ha demostrado incapaz de manutener un flujo aceptable de inserción de parados en el mercado laboral. Muchas son las deficiencias que lastran el funcionamiento del organismo en su labor de acompañamiento de los desempleados de vuelta al trabajo . Falta de conocimiento de las necesidades actuales del tejido productivo, un sistema de formación obsoleto e incentivos amplios para la contratación que no centran el foco en la población objetivo hacen que la incapacidad esté resultado en un servicio inútil para la meta de la reducción del paro estructural en nuestro país . A grandes rasgos, este es el escenario que dibuja el reciente informe publicado por Fedea sobre relación entre los ciudadanos y la Administración Pública, en el que se aborda entre otras cuestiones el papel de las políticas activas de empleo como herramienta para la creación de puestos de trabajo. Básicamente, se concluye que la falta de información sobre las aptitudes de los candidatos demandantes de empleo, el desajuste entre la formación que se les ofrece y las necesidades concretas de las vacantes a cubrir hacen que los perfiles ofrecidos desde el SEPE no cumplan satisfactoriamente con la labor a desempeñar. Un efecto dominó que concluye en que las empresas tengan escasos incentivos para comunicar las vacantes al servicio público, mermando la capacidad de reducción de la bolsa de parados de nuestro país. Cabe recordar que actualmente el SEPE sólo logra el 3% de las inserciones laborales totales que se producen cada mes en el mercado laboral, siendo la mayoría con destino al sector público. Y mientras que según el Instituto Nacional de Estadística cifra en 150.000 los empleos vacantes en España -nivel similar al del pasado año y un 12% superior al de hace dos ejercicios-, la Encuesta de Población Activa daba cuenta de un total de 2,9 millones de parados a cierre del primer trimestre del año -último dato disponible- (mientras que los servicios públicos de empleo autonómicos arrojaban a cierre de junio un total de 2.561.067 desempleados). Es precisamente esta circunstancia y las resistencias para rebajar el paro estructural del entorno del 12% lo que hace girar la mirada hacia la utilidad de los servicios públicos. Tal y como señala el autor del estudio, el investigador de Fedea y profesor de economía aplicada en la URJC, Miguel Ángel García , existen deficiencias en los tres plano sobre los que operan las políticas activas de empleo: intermediación, formación y bonificaciones para la contratación. En primer lugar, en cuanto a la labor arrogada de intermediación, el hecho de que el SEPE mantenga una discreta relación con las empresas del sector privado para conocer las demandas de perfiles profesionales hace no sólo se lastre la labor de intermediación sino que también limita la tarea de orientación laboral de las personas en desempleo. «Es muy complicado orientar a quien no tiene empleo sobre los pasos que debe realizar para encontrarlo cuando no se conoce de forma exhaustiva la composición y necesidades del tejido productivo de los territorios», explica el experto. Precisamente, este desajuste hace que prácticamente se eliminen los incentivos para que el empresario envíe sus vacantes de empleo a los servicios públicos de empleo, «porque no reciben una buena prestación, ya que estos no envían a las personas adecuadas después de haberlas elegido previo perfilado homogéneo de las características y experiencias de las personas (incluida su actitud) y las necesidades del puesto de trabajo». Esta maquinaria prevista para la reinserción de parados también pierde fuelle por la arista de la formación. Recuerda Fedea que España destina una cifra no menor, de 2.000 millones de euros al año, a programas de formación para el empleo. Aquí, ante la ausencia de un análisis de impacto detallado, Miguel Ángel García realiza una observación general que aflora cierta obsolescencia de los programas ofertados por el SEPE, tanto en las materias como en los itinerarios. Así, recuerda una parte no menor de los cursos ofrecidos están desactualizados en relación con las necesidades del sector productivo y son demasiado largos en duración (certificados de profesionalidad anticuados y de duración superior a las 600 horas ), lo que desincentiva la asistencia de las personas desempleadas (en especial quienes han sufrido previamente fracaso escolar) al no tener tampoco garantía de inserción laboral por realizarlos. Por último, en el plano de las bonificaciones para la contratación de ciertos perfiles con especiales problemas de acceso al mercado laboral, Fedea advierte de que los análisis de evaluación realizados por diferentes organismos de estudio concluyen que en su mayor parte son lo que se denomina en el argot como 'peso muerto ' , al aplicarse de forma demasiado general y no discriminar adecuadamente a las personas que los necesitan. «Es decir, el grueso de las inserciones en el mercado laboral se habría producido igual, aunque no se hubiera dispuesto de incentivos», concluye el investigador. Señala el experto que los servicios públicos de empleo deben conocer de forma amplia y profunda el tejido productivo de su territorio (y si es posible del resto) para orientar con conocimiento de causa a las personas en desempleo. Para lo que sería conveniente realizar una tarea de perfilado de sus competencias, experiencia y actitud ante el empleo para enviar a las personas más adecuadas a las ofertas de trabajo. «El conocimiento de las características y necesidades del tejido productivo permitirá también identificar la formación necesaria, muy posiblemente alejada de una parte de los actuales cursos ofertados y certificados de profesionalidad en vigor», señala el estudio de Fedea, apuntalando la necesidad imperiosa de mejorar el intercambio de información entre administraciones públicas. Según el INE, de las 150.000 vacantes de empleo existentes en España a cierre del primer trimestre del año, algo más de 130.000 se concentran en el sector servicios, por los casi 10.500 de la industria y 8.000 de la construcción. Por ramas específicas de actividad, llama la atención quintuplicando a sus perseguidores la de ' Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria', con casi 50.000 vacantes sin cubrir. Son un tercio de todas las registradas por el servicio oficial de estadística.
