España lleva años recibiendo severas advertencias a través de los sucesivos informes sobre el Estado de derecho de la Comisión Europea. Durante demasiado tiempo se nos insistió en la necesidad de renovar el CGPJ y se subrayó, también, que nuestro país debería converger con las prácticas comunitarias y establecer un sistema para que los jueces pudieran elegir, al menos en parte, su propio órgano de gobierno. Reforzar la separación de poderes y limitar los abusos del poder político es una de las garantías democráticas sobre las que Europa no ha dejado de alertarnos. El propio Reglamento de Libertad de los Medios de Comunicación, que aspira a proteger la independencia de las empresas de comunicación de la injerencia de los intereses políticos, es otra medida encaminada en esa misma dirección. Tal y como avanza hoy ABC, y a falta de que se resuelvan las negociaciones de última hora, el próximo informe hará referencia a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es lógico que Bruselas se congratule por su papel de mediador en el pacto al que llegaron el PSOE y el Partido Popular, pero, obviamente, Europa no va entrar en su trasfondo político, y aún menos en la voluntad del PSOE, insinuada por el propio ministro de Justicia, de incumplir el compromiso –también sellado bajo el patrocinio de Bruselas– de renovar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces. Tampoco habrá juicios de valor sobre el respeto de Pedro Sánchez a lo firmado después de que el Gobierno haya ocupado, al margen de cualquier consenso, innumerables instituciones y organismos públicos. Bien está que se vaya a renovar el CGPJ, y que Bruselas se felicite, pero los informes sobre el Estado de derecho siempre insistieron en la necesidad de establecer, acto seguido, un protocolo de elección de sus vocales que fuera independiente de los pactos entre partidos. No tardó el Gobierno, sin embargo, en relativizar el valor de su propia palabra sobre esta cuestión capital. El optimismo sólo puede ser parcial, incluso pasajero. Europa seguirá insistiendo en otra anomalía que durante esta legislatura está alcanzando una visibilidad inédita en nuestra historia. La Fiscalía General del Estado debe quedar protegida de la influencia del Gobierno, y España debe desarrollar cuantos mecanismos sean necesarios para garantizar la autonomía de una magistratura tan capital. El ejemplo de García Ortiz, al borde de la imputación y con un descrédito insostenible dentro del Ministerio Público, debería ser el detonante definitivo para que nunca más puedan darse ejemplos tan lesivos para la institucionalidad. Las democracias exigen un alto grado de fiabilidad por parte de los ciudadanos, y es obvio que ejemplos como el del actual fiscal o el de Dolores Delgado no hacen más que generar una sospecha legítima entre los ciudadanos sobre la imparcialidad de una Fiscalía que, como presumió Pedro Sánchez, dependería de su dictado y voluntad. El tránsito inmediato entre el poder judicial y el poder ejecutivo será específicamente abordado en el informe. Al menos por el momento, la Comisión Europea sobrevolará la cuestión de la amnistía, lo que no quiere decir que lo vaya a hacer definitivamente. Es de esperar que la nueva composición del Parlamento Europeo dote a Ursula von der Leyen de suficiente independencia para abordar una de las mayores afrentas al Estado de derecho de las últimas décadas. En un tiempo en el que el euroescepticismo está en ascenso, no habrá mucho margen de error si la UE quiere hacerse merecedora del respeto y de la confianza de los ciudadanos.
