Esquerra Republicana no quiere utilizar las palabras “cupo vasco”. La formación independentista exige al Partido Socialista de Cataluña mayor autonomía en materia impositiva e incluso tener su propia Hacienda —al igual que País Vasco o Navarra—, pero sin mencionar a las dos regiones históricas porque considera que despertaría un enorme rechazo del resto de territorios, según relatan fuentes de Moncloa a Confidencial Digital. Altos cargos del Gobierno admiten que las peticiones de ERC, de facto, implican un acuerdo impositivo semejante al de Euskadi por mucho que los dirigentes separatistas rechacen mencionarlo como tal en público.
Las comunidades autónomas vigilan de lejos el avance de las negociaciones entre republicanos y socialistas. Los ejecutivos autonómicos recelan de un pacto que aumente la autonomía de Cataluña en materia fiscal y ponga en jaque el modelo de solidaridad interterritorial. En ERC, una formación definida como progresista, se muestran conscientes de que deben camuflar las medidas que les saquen, aún más, del modelo impositivo autonómico actual.
El Ejecutivo ya se ha manifestado a favor de remodelar el sistema de financiación catalán, pero lo extiende al resto de regiones. “Hay que reformar el sistema de financiación de todos los territorios atendiendo a las necesidades de cada uno de ellos”, con estas palabras abrían el melón en Moncloa sobre un modelo que consideran obsoleto. Incluso en el Partido Popular no ven con malos ojos esta idea y no sería la primera vez que abogan por revisar el sistema, de ahí que el Gobierno le haya ofrecido negociar, con discreción, los cambios a ejecutar.
Pero esta materia no solo resulta sensible para ERC, que no quiere enfadar al resto de comunidades, sino también para los socialistas. La Comunidad Valenciana lleva años clamando por una simbiosis más justa entre la autonomía y el Estado que ponga fin a la “infrafinanciación” de la región. Muchas de esas protestas las han liderado desde el PSOE valenciano, con Ximo Puig a la cabeza. Pero también las reclaman socios parlamentarios como Compromís.
En Ferraz quieren máxima cautela con este tema y saben que si Cataluña, con una posición de especial privilegio respecto a otras autonomías como la valenciana o la extremeña, consigue un nuevo avance que le aparte más del sistema de financiación actual, podría haber una rebelión en los territorios que llevan años reclamando mejoras para sí.
El acuerdo que alcancen PSC y ERC —en caso de cerrarlo— no entrará a la letra pequeña. El texto recogerá las líneas principales del pacto y hacia dónde se quiere avanzar; esto es, los objetivos generales, pero no establecerá cómo conseguirlos. “Será un acuerdo a desarrollar”, explican distintos ministros del Gobierno. En Hacienda niegan haber leído un borrador e incluso niegan siquiera que exista todavía. Pero supervisarán el acuerdo cuando se vaya concretando, dado que las negociaciones abarcan, principalmente, cómo dar mayor independencia al sistema impositivo de Cataluña para con el Estado —competencia directa del Ministerio—.
En Moncloa no conocen nada sobre las negociaciones, de ahí que asuman que los dos partidos trabajan solo en el esqueleto de las medidas a impulsar. Pero se trata de una serie de iniciativas que excederán las competencias autonómicas del PSC y entrarán de lleno en el ámbito de actuación del Ministerio de Hacienda. “Por supuesto, tendremos que revisar el acuerdo cuando lo tengan, pero como no nos dirán nada hasta entonces, seguramente se trate de líneas básicas que después habrá que trabajar para ver cómo se aterrizan”, explican fuentes gubernamentales.
En el Ejecutivo confían; creen que el acuerdo saldrá, aunque no se ponen fecha. PSC y ERC acordaron llevar la negociación con el máximo de los secretos, sin informar siquiera a Ferraz de cómo avanzaban las conversaciones. Las dos formaciones quieren evitar a toda costa cualquier filtración para pilotar la comunicación del posible acuerdo. Más aún cuando ERC tiene especial preocupación por la reacción del resto de autonomías. Cualquier filtración parcial de las conversaciones obligaría a los partidos a salir a aclarar de qué se está hablando e ir a rebufo de las informaciones publicadas.
Los socialistas y los republicanos quieren alejarse de esa posibilidad y han decretado un cerrojazo informativo que admiten en Moncloa. “No nos dicen nada”, afirman fuentes del Ejecutivo y altos cargos socialistas. “Cuando tengan el acuerdo hecho, nos lo comunicarán”, concluyen.
