El pasado martes, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció la "derogación" de la conocida como 'ley mordaza': “Acabamos de cerrarlo con el Partido Socialista”, contó en su cuenta oficial en X. El comunicado cogió por sorpresa a la propia parte socialista del Gobierno, que se preparaba para la comparecencia de Pedro Sánchez, al día siguiente, en el Congreso, con el objetivo de exponer el paquete de medidas para controlar los medios de comunicación.
Los sindicatos policiales siempre han seguido con especial atención cualquier movimiento en torno a la ley de seguridad ciudadana. Una norma impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015, y que Naciones Unidas entendió como una manera de frenar las manifestaciones de aquellos meses. En consecuencia, pidió su retirada.
Fue duramente criticada también por toda la oposición y Sánchez prometió derogarla en cuanto llegara al poder; pero han transcurrido cinco años y no ha habido modificación alguna.
Durante la anterior legislatura, PSOE, Sumar y el resto de socios parlamentarios —EH Bildu, Esquerra Republicana, Partido nacionalista Vasco...— intentaron llegar a un acuerdo en la Comisión de Interior del Congreso, pero no fue posible. Los socialistas, que se había comprometido a derogarla junto a Díaz, pasaron a hablar de "reformar" la ley, no de eliminarla. Entre otras demandas, la izquierda abertzale y los republicanos exigieron poner fin al uso de pelotas de goma en altercados callejeros. Pero esa parte del articulado se mantuvo, y el texto no consiguió llegar a la Cámara Baja.
A lo largo de todo el periodo de negociaciones, donde los borradores iban y venían, los sindicatos de la Policía Nacional y la Guardia Civil no pararon de pronunciarse en contra de los cambios que se iban publicando en los medios. Organizaron marchas desde distintos lugares de España, con autobuses fletados en dirección Madrid, para manifestarse frente al Congreso.
Incluso llegó a haber discrepancias dentro de los sindicatos: mientras algunos apoyaban continuar las manifestaciones en la capital, otras organizaciones preferían esperar a ver qué se acordaba y decidir en consecuencia. "Hay que movilizarse antes para que modifiquen aquello con lo que estamos de acuerdo", decían desde Jupol y Jucil. "Habrá que ver primero por dónde van los tiros para saber si estamos en contra o no", respondían SUP y AUGC. Finalmente, el texto no triunfó y las diferencias se quedaron en nada.
Ahora, todos los sindicatos vuelven a poner el foco en la posible derogación de la norma y ya se plantean manifestaciones tan multitudinarias como las que impulsaron en 2021 y 2022.
Aunque Díaz la anunció, el Gobierno en privado desmintió a la vicepresidenta segunda, asegurando que solo se modificarán las injurias a la Corona y aquello que tenga que ver con la libertad de expresión. Unos cambios que no afectan a la 'ley mordaza', sino al Código Penal, que Rajoy también cambió entonces, en paralelo a la aprobación de la norma.
"Todo lo que vamos a reformar está dentro del paquete de regeneración democrática que explicará el presidente mañana", afirmaban el martes fuentes del Gobierno tras el tuit de Díaz, para negar cualquier derogación de la 'ley mordaza'. "Eso tendremos que negociarlo con el resto de grupos parlamentarios", concluían.
Esta rectificación de la parte socialista a la titular de Trabajo han calmado levemente las aguas. Incluso los sindicatos que en 2023 abogaban por manifestarse a toda costa optan ahora por ver "en qué se concreta todo". Aunque advierten: "Si finalmente se deroga, volveremos a salir a la calle".
