El Gobierno avanza en una reforma profunda de las reglas de juego electorales. Cuáles son los puntos conflictivos en sus propuestas y en qué medida puede haber consenso con sectores de la oposición y los aliados.
Seis meses después de llegar al poder, el gobierno de La Libertad Avanza logró la aprobación de la Ley Bases, su primer triunfo en el Congreso. Pasado ese hito, el oficialismo prepara una serie de nuevas medidas que también deben contar con aval legislativo. Uno de esos temas es una posible reforma electoral, que consta de distintas iniciativas que pueden modificar la forma en la que se vota y se organizan los comicios.
Uno de los motivos por los que pueden priorizarse estos temas, en medio de una agenda oficial ambiciosa que pretende eliminar, modificar e incorporar una gran parte de la legislación actual, es que los temas electorales suelen impulsarse en los años pares. Es decir, en los que no se vota, para no afectar las reglas de juego cerca de los turnos electorales.
Desde el Gobierno reconocen, en principio, que buscan eliminar las PASO e instaurar la boleta única papel. El argumento esgrimido es el costo: calculan, por ejemplo, que las primarias cuestan u$s 52 millones, por lo que no se justifican. La boleta única también significaría un ahorro, ya que no se destinaría dinero para que los partidos políticos impriman sus propias boletas.
Si bien esto es lo que argumentan desde las filas libertarias, hay otro argumento innegable: los oficialismos suelen necesitar menos las primarias que los sectores opositores, que suelen tener más problemas para dirimir sus candidaturas.
Para avanzar con esa agenda, el gobierno debe conseguir apoyos legislativos, ya que no cuenta con mayorías propias. Hoy, la simple eliminación de las PASO no tiene posibilidades de avanzar. Ni siquiera el PRO, la fuerza más cercana a LLA, está dispuesta a aceptar el cambio.
Sin embargo, los libertarios aceptarían alguna opción intermedia, como eliminar la obligatoriedad. Sería el sistema que utiliza La Pampa para sus elecciones provinciales: el estado organiza las elecciones para un determinado día y concurren solo los partidos que desean dirimir sus internas. Al mismo tiempo, el voto no es obligatorio para los electores.
De hecho, el bloque del PRO en Diputados, que comanda Cristian Ritondo, solicitó el tratamiento de varios temas de agenda que impulsa el espacio desde hace tiempo, incluida la modificación de las primarias para que no sean obligatorias.
Algo similar propusieron desde la Coalición Cívica, espacio que hasta presentó un proyecto propio. En este sentido, esta iniciativa tiene una pequeña innovación: aquellos espacios que quieran competir en las primarias deben obtener un 0,5% del total del padrón para acceder a las generales.
Estos proyectos están en línea con el ímpetu ahorrativo oficialista. Juan Manuel López, diputado de la CC y autor del proyecto, sostiene que "se ahorra porque tal vez no tenés primarias, como ya ha pasado. Pero además, si es chica, hay que poner menos mesas. Y si a eso se agrega la boleta única, que es nuestro reclamo histórico, se baja mucho el costo".
Desde el radicalismo no existe, por el momento, una decisión consensuada ni como partido ni en los bloques. El espacio que responde al presidente de la UCR, Martín Lousteau, siempre ha defendido las primarias. Carla Carrizo, diputada nacional cercana al economista, cree que las PASO han dado "competitividad, nuevos liderazgos, ordenan la cantidad de partidos. Se pueden perfeccionar, pero no es bueno eliminarlas".
Para eso, plantea que pueden acortarse los tiempos entre primarias y generales, abaratarse los costos (que solo reciban aportes los que tengan primarias competitivas). Igualmente, rechaza la opción de que dejen de ser obligatorias, que eso significaría que vuelva "la política del aparato. Lo probamos y no funcionó", sostiene la politóloga.
Ese escenario, el de primarias organizadas desde el Estado pero que sean optativas, es el que rige en Uruguay. Esa es una de las posibles reformas que empuja Juan Manuel Abal Medina, exjefe de Gabinete y autor intelectual de las PASO tal cual las conocemos. Según su visión, es posible mejorar tres aspectos: la mencionada obligatoriedad, acortar los tiempos entre elecciones ("máximo un mes", señala) y que "para los cargos ejecutivos no haga falta que se vote la fórmula entera. Se puede elegir solo el Presidente y él después designa al vice", como sucede en la Ciudad de Buenos Aires.
Desde Unión por la Patria, igualmente, todavía no existe un consenso sobre el tema y esperarán que el Gobierno tome la posta. Uno de los legisladores del espacio confiesa que, en lo personal, está de acuerdo tanto con la boleta única como con que las PASO dejen de ser obligatorias. Sin embargo, asegura que depende mucho de cómo se haga técnicamente, ya que "falta que sepamos los detalles. Y ahí vive el diablo".
A diferencia de la modificación de las PASO, la boleta única fue aprobada en Diputados en 2022 y aguarda por la contrapartida en el Senado. En este caso, las posibilidades de implementación son muy diversas. En principio quedó en el olvido la posibilidad de que sea electrónica, lo que promovió sin éxito el macrismo cuando fue gobierno.
Lo que está en carpeta es que sea en papel: el elector marca la opción elegida y todas las boletas son iguales. Esto implicaría también un ahorro, ya que no se imprimirían millones de boletas partidarias. Pero hay dos grandes opciones: uno es el modelo utilizado en Córdoba, en el que existe la posibilidad de elegir a un partido con una sola marca en las distintas categorías; la otra alternativa, usada en Santa Fe, implica que se debe elegir sí o sí la opción elegida en cada categoría (presidente, diputado y senador, por ejemplo).
"Boleta única es algo que pedimos desde 2007. Hay algo corporativo del Senado que lo traba, esperemos que se mueva", plantea López. Pareciera que eso está sucediendo y que habría espacio para avanzar. Uno de los impulsores es Maximiliano Abad, de la UCR, que busca acercar posiciones para consensuar la aprobación.
Una de las dificultades es que desde el Senado salieron dos dictámenes: uno con la versión santafesina y otro con el modelo cordobés. Sobre ese punto de discordia -que exista o no la posibilidad de votar a un partido con una sola cruz- es que se está negociando.
Todos estos temas tienen una apostilla extra: deben conseguir la aprobación de más de la mitad del cuerpo, no solo de los presentes, ya que se trata de reformas electorales. Es decir, hay que juntar 37 senadores y 129 diputados según el caso.
Otro de los temas que impulsa el Gobierno es la ficha limpia: que los condenados no puedan presentarse a elecciones. Es un viejo anhelo de sectores que pertenecían a Juntos por el Cambio pero no se llegó a materializar.
El consenso en este caso abarcaría a sectores muy diversos, excluido Unión por la Patria. Una de las dudas la expresa Abal Medina, que plantea que es "un disparate por la justicia que tenemos, sobre todo si se trata de condenados en primera instancia. Te puede pasar como le pasó a Lula en Brasil. Podría funcionar bien con una Justicia creíble, pero si se utiliza como lo hizo el macrismo para inclinar la cancha, imagínate".
Los detalles, en este caso, son clave, porque no sería lo mismo que se excluyan a los condenados en primera o segunda instancia. Para López, sería casi un chiste que quede restringido solo a los fallos confirmados en cámara.
Una de las cuestiones que había impulsado el Gobierno en los albores de la gestión fue el de las circunscripciones uninominales. Es decir, que se divida el territorio nacional por la cantidad de diputados a elegir y cada distrito elige a uno. Esto ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Este país es un ejemplo de las distorsiones que puede generar: el partido laborista alcanzó un tercio de los votos y se quedó con dos tercios de las bancas, ya que no se contempla la proporcionalidad.
Este tipo de problemas se suma a otros, como la imposibilidad de que exista paridad de género, la chance de alterar los distritos según convenga al oficialismo de turno -práctica conocida como gerrymandering-, dificultad para incorporar sectores con representación pero minoritarios, por lo que no ha sido bien recibido por ninguna fuerza opositora y no tendría posibilidades de avanzar en el corto plazo.
