“A mi papá lo asesinaron disparándole con una escopeta. Un amigo que trató de auxiliarlo cuando estaba agonizando también fue atacado”, cuenta Edson, hijo de Victorio Dariquebe Gerewa (61), el guardaparque de la Reserva Comunal Amarakaeri, en Madre de Dios, victimado en una trocha de Kosñipata, provincia de Paucartambo, región Cusco.
Edson (18) intentó huir, pero fue alcanzado, maniatado y golpeado por los desconocidos. Por fortuna, pudo escapar. Hoy se ha encargado de seguir el legado de su padre y de buscar justicia desde aquella noche del 19 de abril en que se apagó la lucha de este defensor ambiental.
Como él, el país perdió a otros 34 líderes ambientales, comuneros y comuneras de la Amazonía durante el período 2013-2014. A ellos se suman los asesinatos de otros 3 defensores ambientales no indígenas amazónicos.
Una cifra que le da al Perú el penoso lugar de una de las naciones más peligrosas para defender el medio ambiente.
“El gobierno no hace nada para proteger a las comunidades indígenas y defensores ambientales que se enfrentan a grupos mafiosos dedicados al narcotráfico y la tala ilegal”, señala el apu Julio Cusurichi, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
Detalla que las comunidades nativas que defienden más de 18 millones de hectáreas de bosques viven bajo constantes amenazas y, pese a que se ha alertado a las autoridades sobre estas economías ilegales, no se ha tomado ninguna medida efectiva para fortalecer y garantizar la seguridad.
“El Gobierno prácticamente no ha invertido en titular, reconocer, ampliar, georreferenciar, o aprobar las reservas territoriales. Los líderes que defienden la Amazonía nos encontramos con una serie de problemas. Somos asesinados o denunciados por empresas madereras. Eso es lo que está pasando y sobre eso no hay ninguna iniciativa”, manifiesta Cusurichi.
El resultado del Sistema de Alertas y Acciones Tempranas de Aidesep es contundente. Nueve de estos defensores eliminados pertenecían al pueblo Asháninka, 6 eran Kakataibo, 4 Ashéninka, 3 Kukama, 3 Awajún y el resto pertenecía a los pueblos indígenas Shawi, Urarina, Nomatsiguenka, Yanesha, Kichwa y Harabut.
En nuestra Amazonía la justicia actúa lenta comparada con la rapidez de las balas.
Un reciente caso que ha conmovido al país tuvo que ver con el asesinato del líder kakataibo Mariano Icasama Feliciano, a quien llamaban ‘Perú’. Él fue hallado muerto luego de 23 días de su desaparición.
“Este asesinato desborda la inacción del gobierno”, dijo uno de los dirigentes de Aidesep.
Detener la matanza de defensores ambientales y promover que se pueda informar libremente y con seguridad desde el territorio debe ser una prioridad del gobierno, que prometió proteger la vida.
Al respecto, el Ministerio de Justicia informó que se viene implementando la instalación de 7 “mesas regionales para la protección de los defensores de derechos humanos en Madre de Dios, Ucayali, San Martín, Loreto, Amazonas, Junín y Piura.
Con ello se busca adoptar medidas y coordinaciones entre el gobierno nacional, regional y las organizaciones indígenas a fin de atender la situación de riesgo que enfrentan y se encuentran ligadas a actividades ilegales como el narcotráfico, la tala ilegal y el tráfico de tierras.
Asimismo, el Minjusdh realiza visitas públicas en zonas de riesgo para identificar las medidas de prevención y protección a ser implementadas, a nivel individual y colectivo, así como la participación en sesiones, audiencias públicas y mesas técnicas para abordar la situación de las personas defensoras de derechos humanos.
También, en el marco del Mecanismo intersectorial, en todos los casos, al tomar conocimiento sobre una situación de riesgo que incida en las actividades de los defensores de derechos humanos, incluidas aquellas que realizan labores de promoción o defensa del ambiente, se realiza de manera inmediata, coordinaciones con diferentes entidades para reducir y/o neutralizar los riesgos.
Sin embargo, para los comuneros y dirigentes nativos no parece que estas cifras vayan a decrecer mientras continúe la actual dinámica de violencia y la destrucción medioambiental, a pesar de múltiples declaraciones oficiales de que se va actuar para cambiarla.
La persistencia de mafias vinculadas al narcotráfico, invasión de tierra, tala y minería ilegal hace que las comunidades sufran la violencia de manera impune.
“Urge cambios profundos”, sostiene Jorge Pérez Rubio, presidente de Aidesep.
Los pueblos indígenas de las 2.439 comunidades nativas afiliadas a 109 federaciones y a 9 organizaciones regionales que conforman la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), así como los Gobiernos Territoriales Autónomos Awajún y Wampis, la Nación Ese Eja y el Consejo Shipibo Konibo Xetebo nos declaramos en estado de emergencia permanente por la indolencia del gobierno demostrada con la inacción ante la desaparición del hermano Mariano Isacama.
Urge cambios profundos para que no sigan los crímenes y las amenazas contra los defensores. Hasta el momento no se ha logrado justicia para las víctimas, manifiesta el dirigente.
Como pueblos indígenas, en nuestros territorios, tenemos el derecho y el deber de defensa propia de nuestras vidas, familias y territorios, con acciones de interdicción e inteligencia, que desarticulen las mafias de actividades ilegales.
