La derechización de Europa tendrá consecuencias en la agenda política. El aumento del poder de las fuerzas conservadoras en los gobiernos tiene una traslación directa en la composición de la Comisión Europea, que está formada a partir de las propuestas de las capitales, y del Consejo de la UE, que es donde están directamente representados. Y hasta ahora había una suerte de cortafuegos: el Parlamento Europeo.
La institución es uno de los colegisladores de la UE y salvo excepciones, como la polémica ley de restauración de la naturaleza, ha defendido históricamente posiciones más ambiciosas y progresistas que la Comisión Europea y el Consejo de la UE. En su funcionamiento diario, además, en la anterior legislatura había una mayoría que podía sortear las posiciones más conservadoras del Partido Popular Europeo.
Socialistas, liberales, verdes y la izquierda sumaban en la anterior legislatura 343 eurodiputados, que si faltaban eurodiputados o se producían fugas de otros grupos –incluidos los No Inscritos, que en la pasada legislatura eran 63 diputados, con delegaciones grandes como el M5S, por ejemplo–, podían impulsar y sacar adelante algunas iniciativas al margen de la derecha. Eran los liberales los que tenían la llave y los que actuaban como partido bisagra: Renew Europe podía decantar la balanza hacia las fuerzas progresistas o hacia la derecha –con la que más habitualmente solía votar–.
Esa posición ‘central’ se ha desplazado ahora hacia la derecha y es el Partido Popular Europeo el que aritméticamente podrá variar el equilibrio de fuerzas. La mayoría que forma la coalición estable (populares, socialistas y liberales) suma 401 votos, ampliables a 454 si Los Verdes, como han mostrado intencionalmente, se incorporan, como sucedió en la votación de la reelección de Ursula von der Leyen. Esa situación haría que el grupo de los Conservadores y Reformistas (ECR) que integran partidos como el de la ultraderechista Giorgia Meloni pueda no tener la relevancia que inicialmente se pensó que tendría esta legislatura por la tentación de los populares de replicar a escala europea las alianzas que tiene con estas fuerzas a escala estatal, regional y local.
No obstante, los 188 eurodiputados populares pueden armar una alternativa con las tres fuerzas de extrema derecha, con las que suman 375 de los 720 escaños de la Eurocámara, que seguramente se formará como mayoría de bloqueo de iniciativas progresistas –como la de hacer un debate sobre la masacre en Gaza, rechazado por las derechas y extremas derechas este miércoles–.
Aunque el Partido Popular Europeo ha mantenido el cordón sanitario a dos de los grupos ultras (Patriotas por Europa y La Europa de las Naciones Soberanas), en la anterior legislatura llegó a votar con esas fuerzas en algunas ocasiones incluso para tumbar iniciativas que salían del gobierno de Ursula von der Leyen, como la prohibición de la venta de coches diésel y gasolina a partir de 2035 o la mencionada ley de restauración de la naturaleza.
En lo que con más probabilidad se visualice esa posibilidad del PPE de inclinar la balanza hacia su izquierda o su derecha será en las resoluciones que se plantean en la Eurocámara. Son textos políticos, sin rango legal o normativo, en el que se fija la posición del Parlamento Europeo sobre cualquier tema, en muchas ocasiones sobre política exterior. Una alianza del PPE con la extrema derecha –y el apoyo de un puñado de eurodiputados liberales, socialistas y verdes– limitó la petición de un alto el fuego en Gaza a principios de este año al condicionarla a la liberación de los rehenes israelíes y al desmantelamiento de Hamás.
También en el funcionamiento de las comisiones el PPE podrá variar las mayorías según le convenga. En el pasado mandato el papel de Renew Europe –condicionado en este caso por Ciudadanos– fue clave en ese sentido en comisiones como la de Peticiones, que presidía la jefa de la delegación española del PP, Dolors Montserrat, y que se convirtió en un escaparate de la derecha para atizar al Gobierno de Pedro Sánchez. Los liberales, eso sí, podían inclinar la balanza para que se aceleraran determinados asuntos en función de sus intereses en cada momento.
Algunas de las maniobras en esa comisión tuvieron que ver, por ejemplo, con la misión a Catalunya para evaluar la inmersión lingüistica y que plantaron las fuerzas progresistas o con la denominada ‘ley Celáa’. Montserrat llegó a retorcer los datos de la Comisión Europea para dar carpetazo a una petición sobre la contaminación en Madrid, un asunto que estaba incluso judicializado y por el que España llegó a estar condenada.
La situación llevó a las fuerzas progresistas a solicitar amparo a la presidencia de la Eurocámara, pero no tuvo ningún efecto. Entre los detonantes que les llevaron a mover ficha estaban decisiones como el retraso de una misión al Mar Menor para enviar otra a Euskadi a investigar los crímenes de ETA o el bloqueo por parte de PP, Vox y Ciudadanos de un debate sobre las violaciones del Estado de derecho en Hungría mientras daban cobijo a quejas sobre la gestión de la crisis de la pandemia en España elaboradas por un exdiputado del PP.
