Dina Boluarte enfrenta una desaprobación histórica del 5%, la más baja en América Latina, con un gobierno que ha sido testigo de protestas violentas y una economía en declive, con aumento de criminalidad y pobreza en el país. A pesar de la presión para adelantar las elecciones, según The Economist, el Congreso peruano, con solo un 4% de aprobación, ha impedido cualquier cambio que pueda acortar su mandato debido a intereses propios.
"En los últimos tiempos, Perú se ha acostumbrado a los intentos de juicio político, las amenazas de disolver el Congreso y las acusaciones de golpismo en batallas incesantes entre el presidente y el Legislativo. Sin embargo, el año pasado se produjo una paz inquietante entre Dina Boluarte, presidenta desde diciembre de 2022, y el Congreso. Esto se debe a que ambos son profundamente impopulares", señala al inicio del artículo del diario inglés.
En la publicación titulada 'La presidenta de Perú sobrevive porque no está al mando', se plantea la siguiente pregunta: ¿Por qué, pese a todos los antecedentes, Boluarte se mantiene estable en su lugar? La respuesta al pacto entre ambos poderes del Estado sería que “ella no dirige el país, los que están a cargo son los legisladores de derecha y centristas que dirigen el Congreso". Además, ninguno de ellos desearían que el periodo aún termine porque estarían perdiendo 'los generosos salarios y beneficios que disfrutan'.
"Si bien Boluarte a menudo no tiene nada programado en su agenda oficial, los congresistas están ocupados. Han tratado de destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia que supervisan al Poder Judicial y han aprobado contrarreformas que desmantelan esfuerzos anteriores para fortalecer las instituciones y el Estado de derecho". Es importante destacar que The Economist resaltó el accionar del Parlamento en los últimos meses, el cual se ha visto envuelto en serios cuestionamientos internacionales.
A inicios de este mes, el Congreso aprobó una serie de leyes y gastos, entre ellos, la 'Ley de Amnistía' que exime de procesamiento los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002, beneficiando a figuras como el expresidente Alberto Fujimori y afectando a miles de casos relacionados con violaciones de derechos humanos.
Pero también derogó una ley para frenar la minería ilegal, revocó la prohibición -aprobada mediante referéndum en 2018- que impedía a los parlamentarios presentarse a mandatos consecutivos. Y por si fuera poco, aprobó la ley que reduce las multas para los partidos que no informan los gastos de campaña, una 'bendición' (como lo ha denominado el diario inglés) para aquellos que utilizan las agrupaciones políticas con el objetivo de enriquecerse.
The Economist también menciona un empoderamiento por parte del Tribunal Constitucional, el cual habría iniciado luego de que el Congreso nombrara a los nuevos magistrados en 2022, así como los montos exorbitantes fuera del presupuesto por parte del Parlamento. "El Ministerio de Economía tendía a restringir los caprichos populistas de los legisladores. Pero guardó silencio mientras el Congreso concedía bonificaciones a jubilados y jueces, establecía exenciones fiscales regresivas e ignoraba su propio límite para el déficit fiscal", señaló.
Finalmente, también se cuestiona el accionar del Gobierno, en conjunto con el Congreso, por la carta enviada entre Dina Boluarte y Alejandro Soto a la Corte IDH en la que expresan su rechazo al pedido de la Corte de no aprobar la ley contra crímenes de lesa humanidad.
"Muchos peruanos esperan que las próximas elecciones, previstas para 2026, traigan un mejor liderazgo. Los augurios no son buenos. Más de 30 partidos tienen previsto participar. Es improbable que Fujimori, que tiene 85 años, diga que planea postularse nuevamente. Y el próximo presidente se enfrentará a un Congreso empoderado", finaliza el artículo.
