La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó este viernes, en votación unánime, la nueva Ley de Migración, como parte de la agenda de trabajo del 3er. Período Ordinario de Sesiones del Parlamento, en su 10ma. Legislatura, que contó con la asistencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
El primer coronel Mario Méndez Mayedo, jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería, del Ministerio del Interior, tuvo a cargo la presentación del proyecto de normativa y explicó que entre los fundamentos de la nueva ley está complementar los postulados constitucionales actuales en materia migratoria, y cuyo artículo 52 establece que las «personas tienen libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional, cambiar de domicilio o residencia, sin más limitaciones que las establecidas por la ley».
También, abundó, forma parte del proceso de actualización iniciado en el 2012 de la política y legislación migratorias, e incorpora las características presentes del proceso migratorio cubano.
La normativa busca, además, solucionar la dispersión legislativa en la materia, que se rige hasta ahora por una ley (Ley de Migración 1312 de 1976, actualizada en octubre de 2012), dos decretos leyes, cinco decretos y nueve resoluciones complementarias.
La nueva ley sintetiza más de 45 años de experiencia de aplicación de la legislación vigente; logra un sistema migratorio actualizado, que ofrece respuesta a las proyecciones del nuevo modelo económico y de desarrollo del país; continúa fortaleciendo y regula adecuadamente los vínculos del Estado cubano con sus ciudadanos residentes en el exterior y establece las disposiciones normativas requeridas a tales efectos.
La normativa asume, a su vez, las mejores prácticas internacionales, como sustituir los términos y definiciones actuales de enfrentamiento al extranjero migrante, por las de atención al migrante y prevención de las conductas infractoras, acotó el Jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería.
El experto había explicado previamente algunos aspectos que requerían actualización en el ámbito migratorio cubano, como la limitación a 24 meses para permanecer en el exterior sin perder la condición de residentes; la existencia de un concepto de Residente en el Territorio Nacional que no se ajusta objetivamente a las realidades actuales; el proceso formal de reasentamiento en el territorio nacional; la ausencia de una legislación que desarrolle integralmente el tema de la Ciudadanía; la inexistencia de un tratamiento moderno a la multiciudadanía; o el otorgamiento de la Residencia Permanente solo a extranjeros padres o cónyuges de ciudadanos cubanos.
Antes de la presentación final, la nueva normativa fue publicada en el sitio web de la Asamblea Nacional, que captó correos especializados y artículos publicados, mensajes de consulados y oficinas de trámites, y consultas mayormente dirigidas a obtener respuestas y plantear dudas.
A instancias del Presidente de la Asamblea Nacional, el análisis también incluyó intercambios previos con diputadas y diputados, en los que se promovieron 67 propuestas, de las cuales 53 fueron acogidas, como explicó en el dictamen sobre la propuesta José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento.
Toledo Santander, quien solicitó al plenario en nombre de la comisión la aprobación de la nueva ley, recordó que los procesos migratorios son de escala mundial, y el pasado año, según datos de la ONU, involucró a más 280 millones de personas de todas las regiones del planeta, una tendencia a la que Cuba no ha sido ajena.
No obstante, se señalaría por ponentes y durante el debate, en coincidencia con la presentación hecha por el Jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Minint, el proceso migratorio cubano está caracterizado por el bloqueo económico recrudecido; la incorporación de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, y la persistencia de la Ley de Ajuste cubano, medidas dirigidas a deteriorar las condiciones y calidad de vida de nuestro pueblo, que alienta a la emigración y que obliga a muchos a buscar mejorías económicas en el exterior, especialmente en Estados Unidos.
La Ley Migratoria aprobada finalmente por la Asamblea Nacional este viernes, resuelve, entre otros aspectos, la regulación, bajo una concepción integral, del sistema migratorio cubano; establece el principio de “Residencia Efectiva Migratoria”; y norma los derechos migratorios de los ciudadanos cubanos y de los extranjeros que participan en el proceso migratorio, entre estos los derechos de propiedad sobre los bienes que poseen en el país.
Reglamenta las categorías migratorias aplicables a los ciudadanos cubanos y extranjeros; las nuevas figuras migratorias a las que se autorice la Residencia Permanente; y el tratamiento migratorio a ofrecer para los casos de los ciudadanos cubanos que renuncian o pierden esta condición; explicó el 1er Coronel Méndez Mayedo.
Se fijan en ella, además, los requisitos de entrada y salida del país de acuerdo con las nuevas regulaciones que se establecen y la práctica internacional; y el tratamiento migratorio que se ofrecerá a las víctimas del tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, especialmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Establece la participación y facultades de la Policía de Migración en las nuevas funciones de protección al migrante, la prevención y atención de las conductas violatorias de la legislación; permite crear el Fondo de Destinación Financiera para Emergencias Migratorias; y regula el procedimiento administrativo que garantice el derecho de impugnar las decisiones correspondientes de la autoridad migratoria y, una vez agotada esta vía, acceder a un tribunal competente.
La nueva normativa «regula el proceso migratorio cubano, bajo una concepción sistémica de desarrollo, dirigida a alcanzar una migración regular, ordenada y segura, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República de Cuba, las leyes y los tratados internacionales de los que Cuba es parte en materia migratoria».
Según la ley aprobada, la Política Migratoria tiene como objetivos: