El 18 de julio, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidió declarar improcedente la denuncia constitucional 425 contra la presidenta Dina Boluarte, la cual proponía acusar a la jefa de Estado por los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves por las muertes registradas durante las movilizaciones sociales ocurridas durante diciembre de 2022 y enero de 2023.
Congresistas pertenecientes a las bancadas de Fuerza Popular, Bloque Magisterial, Alianza para el Progreso, Perú Bicentenario, Podemos Perú, Honor y Democracia y Renovación Popular, votaron en contra de la procedencia de la acusación contra Boluarte Zegarra. Vale precisar que esta denuncia constitucional fue presentada por la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien salió en las redes del Ministerio Público para anunciar que envió a mesa de partes del Parlamento la DC 425.
Dicho grupo de trabajo, liderado por la legisladora de Alianza para el Progreso, Lady Camones, presentó el informe de calificación ante los miembros de la Subcomisión para que el documento sea declarado procedente. Sin embargo, solo 4 parlamentarios decidieron votar a favor de la denuncia constitucional.
No hubo muchas sorpresas en cuanto a la votación de la denuncia constitucional n.° 425 contra la mandataria Dina Boluarte, debido a que grupos parlamentarios de derecha e incluso algunos miembros de izquierda decidieron declarar la improcedencia del informe de calificación. No obstante, el documento deberá ser debatido en la Comisión Permanente. En caso de que también sea rechazado, el Ministerio Público tendrá que esperar 5 años después de que Boluarte Zegarra haya terminado su periodo como titular del Poder Ejecutivo para proceder con las pesquisas.
Congresistas que blindaron a Dina Boluarte en caso muertes en protestas:
La denuncia constitucional que había presentado la destituida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, también incluía cargos contra los exministros de la presidenta Dina Boluarte: Alberto Otárola, Vicente Romero, César Cervantes y Víctor Eduardo Herrera, quienes habían sido señalados como los responsables de las muertes registradas en las protestas sociales al inicio del régimen de Boluarte Zegarra.
Sin embargo, con la votación de los 14 congresistas mencionados, también fueron blindados y en caso de que la Comisión Permanente decida declarar su archivo definitivo, podrían quedar a salvo en instancias del Congreso. Si bien es cierto, Patricia Benavides presentó dicha acusación cuando el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder realizó el operativo denominado Valkiria, se esperaba que el Legislativo admitiera la DC 425 para que se levante la inmunidad a la jefa de Estado y así el fiscal de la Nación en funciones pueda realizar las indagaciones y acusaciones necesarias.
