Alberto Núñez Feijóo ya ha dictado sentencia sobre el caso Begoña Gómez. Durante el Pleno del Congreso el miércoles surgió la noticia de que la Universidad Complutense había pedido al juez Juan Carlos Peinado que investigue la actividad de la esposa del presidente en un máster universitario. El líder del PP enseñó una copia impresa de un artículo con esa información para pasar a afirmar que esto ya era juego, set y partido. “Váyase a su despacho y redacte la tercera y definitiva carta”, dijo a Pedro Sánchez. Se supone que se refería a la carta de dimisión.
La Complutense ha sido la última bola extra del caso. Lo que comenzó con las ayudas a Air Europa pasó luego a unas cartas de recomendación firmadas por Gómez, varias empresas y el Ayuntamiento de Madrid. Ese fue el momento en que el asunto llegó al juzgado de Peinado con una denuncia del grupo ultra Manos Limpias, que recopiló los artículos ya publicados. El último salto es un máster universitario para directivos de empresa por el que Gómez recibió la gigantesca cantidad de 6.817 euros. Y aquí es donde la historia empieza a oler no muy bien.
El viernes, Begoña Gómez estaba convocada para declarar en el juzgado. Siguiendo el consejo de su abogado, se acogió a su derecho a no declarar, como recoge la Constitución. Por explicarlo en términos sencillos, un acusado no está obligado en una democracia a colaborar con los que le quieren meter en la cárcel. La idea es que las acusaciones prueben que es culpable, no que el acusado demuestre su inocencia. No declarar en la instrucción de un caso suele ser la alternativa más inteligente. No se puede sostener que algo habrá hecho si prefiere no hablar.
No es eso lo que cree el Partido Popular. “Quien nada teme, tampoco teme responder a las preguntas de un juez”, dijo Borja Sémper, que resulta que es licenciado en Derecho. “Quien nada teme, nada teme tampoco a la hora de responder a las preguntas de la oposición”.
Sémper no fue el único. Varios diputados del PP consideraron que la decisión de Gómez y de su abogado es una admisión de culpabilidad. “Si no hay nada que ocultar, ¿a qué seguir evitando dar explicaciones?”, escribió Elías Bendodo. “El refrán dice que quien calla, otorga…”, dijo Eduardo Carazo. Donde estén los refranes que se quite la Constitución.
Antonio Camacho, abogado de Gómez, contó a los periodistas a la salida de los juzgados que la investigación judicial de Peinado ya no tiene sentido después de que la Audiencia Provincial de Madrid dictara que sólo existen indicios que se puedan investigar en los contratos que han sido remitidos a la Fiscalía Europea. “Nuestra posición es que, siguiendo el auto de la Audiencia Provincial, este procedimiento carece de objeto alguno en este momento”, dijo Camacho, que mencionó también los dos atestados de la UCO que no encontraron ningún indicio de delito.
El PP nunca se refiere a estos atestados en sus declaraciones sobre el caso. Si los rechazara, estaría cuestionando la labor de la Guardia Civil y no se atreve a meterse en ese terreno. Todas sus esperanzas están puestas en Peinado. No se puede negar que el magistrado tira por todo lo alto. Ha dejado dicho por escrito que pretende investigar a Begoña Gómez por todo lo que haya hecho desde 2018 cuando su marido fue elegido presidente del Gobierno. Pensará que seis años dan para mucho y que puede pescar de todo si su caña es lo bastante larga. Pero no lo llames investigación prospectiva, porque eso no está permitido por la ley.
En el último giro de la trama del caso, quien ha quedado en evidencia ha sido la Complutense. Intentó personarse en la instrucción del caso como acusación particular y el juez le dijo que no por no haberse demostrado que se hubiera visto perjudicada. Reclamó a Gómez información sobre el máster que dirigió y esperó. Antes de recibirla, volvió a pedir al juez el 1 de julio su personación con un escrito de veinte folios. Ese fue el mensaje del que habló Feijóo en el Congreso y que figuró en muchos titulares.
El texto incluía la admisión de que no había encontrado ningún indicio de delito en relación a Begoña Gómez. “Las actividades de investigación no permiten alcanzar una conclusión definitiva respecto a la existencia, o no, de perjuicio sobre su patrimonio”, decía el texto. Es decir, no hemos encontrado nada ilegal, pero estaría bien que el juez nos echara una mano y buscara algo que justifique que aparezcamos en la instrucción como parte perjudicada. ¿Perjudicada en qué? No lo saben.
Algunos titulares habían contado que Gómez registró a su nombre un software que podría pertenecer a la Complutense. Su comunicado revela que, después de ponerse en contacto con el Registro de la Propiedad Intelectual, descubrió que ni Gómez ni su empresa tienen registrado a su nombre ese software.
Este viernes, se supo que sí hubo un registro, pero de otro tipo, el de un dominio de internet punto org. Contra lo que dice la Complutense de que no sabía nada de ello hasta que se publicó en los medios, un email enviado por la dirección de Gestión de Patentes de la universidad confirma lo contrario. En la comunicación, se explica a Gómez –sobre los pasos que hay que dar a cuenta del registro del dominio– que “en el RTPI (Registro Territorial de la Propiedad Intelectual) se encargan estrictamente del registro de la página web, obra literaria/científica, multimedia, etc”. Más allá de la importancia de este dato y del hecho de que el software estaba pensando para que las empresas lo usaran de forma gratuita, lo que queda de manifiesto es que esa gestión no se hizo a espaldas de la Complutense.
Al día siguiente de que se enviara el escrito, Gómez quiso entregar a la universidad los documentos que le habían solicitado. Ya era hora, podría haber dicho el vicerrector que dirige la comisión de seguimiento que se ocupa del caso (el padre de Gómez había muerto poco antes). Todo lo contrario. No quiso saber nada. De repente, había perdido interés en la información que había solicitado y lo hacía por razones muy discutibles. Respondió que había una investigación judicial abierta, por lo que no quería interferir. Fue algo insólito, porque al menos podría haberla recibido y remitirla al juzgado.
Lo cierto es que no hay una investigación abierta en el juzgado sobre si Gómez provocó algún perjuicio económico a la Complutense. Si fuera así, el juez ya habría aceptado que la universidad apareciera en la instrucción como acusación particular.
La actuación de la Complutense es algo más que sospechosa. Está haciendo lo posible para que no parezca estar ayudando a Begoña Gómez. Aquí hay que recordar que esa universidad se encuentra en una situación económica muy difícil, como los demás centros madrileños. Ya ha comunicado a sus facultades que deben recortar sus gastos un 30%. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tiene la llave del dinero y es el que menos invierte en España por alumno.
Se sabe que el Gobierno de Madrid no está nada contento con la actuación del rector de la Complutense, Joaquín Goyache. Es curioso porque el PP apoyó su elección al creer que su mayor rival era de izquierdas, en concreto, simpatizante de Podemos. Pero ahora espera que sea una pieza clave en la ofensiva contra Gómez y no va a dejar de presionar al respecto.
Los tuits de Miguel Ángel Rodríguez, que no deja de anunciar que la esposa del presidente acabará en prisión al igual que el hermano de Sánchez, lo dejan bastante claro. Lo hace en venganza por la investigación en la que se demostró que el novio de Díaz Ayuso había cometido delitos fiscales, reconocidos por su abogado.
