El Pleno del Tribunal Constitucional (TC), integrado por una mayoría de magistrados progresistas, no es el único que ha propinado un correctivo a las sentencias que dictaron los jueces de la Audiencia Provincial de Sevilla y el Supremo contra los 15 ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía condenados por el caso de los ERE fraudulentos. También la Fiscalía de este órgano de garantías ha enmendado en parte la tesis acusatoria mantenida por el propio Ministerio Público durante todo el proceso judicial. En sus alegaciones a los recursos de amparo de los encausados, los ficales del TC actúan al margen del criterio marcado por los delegados de Anticorrupción en Sevilla . Y también se desmarcan de los representantes...
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