El informe de Amnistía Internacional señala que la mandataria podría ser sindicada como autora mediata por las muertes que ocurrieron durante las protestas en los primeros meses de su Gobierno.
La presidenta Dina Boluarte insiste en justificar la violenta represión que ocasionó la muerte de 50 personas durante las protestas ocurridas en los primeros meses de su Gobierno.
Después de que Amnistía Internacional presentara el informe "¿Quién disparó la orden? Responsabilidad de la cadena de mando por muertes y lesiones en protestas en Perú", que indica que la presidenta y sus ministros pueden ser considerados como autores mediatos por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en las manifestaciones, Dina Boluarte respondió.
En la ceremonia por el 51° aniversario de la Asociación de Exportadores - ADEX, Boluarte Zegarra habló sobre el día que asumió el gobierno, tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, e insistió en que enfrentó manifestaciones violentas.
"Nuestro país ha venido entre tropiezos y avances. Solo desde aquel 7 de diciembre que asumí el gobierno, está de más que les diga, porque ustedes todos fueron testigos de la situación en la que nosotros recibimos el país y nos enfrentamos a 500 manifestaciones, todas ellas violentas", exclamó.
Estas frases confirman lo que señaló el informe de Amnistía Internacional, y es que hasta el día de hoy, el discurso del Ejecutivo ha sido discriminatorio y estigmatiza a las víctimas y a los deudos.
El informe de Amnistía Internacional hace referencia al excesivo uso de la fuerza que los efectivos de la PNP y las Fuerzas Armadas emplearon contra personas civiles desarmadas, que en algunos casos ni siquiera formaban parte de las manifestaciones.
Sin embargo, la presidenta justificó el accionar del Ejecutivo y las órdenes hacia las fuerzas del orden como algo necesario para defender la democracia y el respeto del Estado de Derecho.
"Ahí estuvimos firmes, tercos, decididos en reafirmar nuestra democracia, respetando el Estado de Derecho, basados precisamente en la preocupación y el interés de que en nuestro país la violencia no pueda desarrollarse. No podemos avanzar tropezando constantemente", añadió.
Como se recuerda, tras las primeras muertes, tanto la presidenta como su jefe de Gabinete, Alberto Otárola, elogiaron el accionar de los policías y los militares.
Pese a que el respaldo que el Congreso le da al Ejecutivo es evidente, la mandataria se dirigió al pequeño sector de oposición que pide su renuncia o presenta mociones de vacancia en su contra.
"Es muy fácil decir que, mañana vacancia y pasado renuncia. En esa situación de vaivén y sin mirar un norte, ningún país avanza. Por eso, nosotros nos hemos mantenido firmes en esa gran responsabilidad que asumí como presidenta constitucional aquel 7 de diciembre", expresó.
Recientemente, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) envió al archivo la denuncia constitucional presentada por la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra la mandataria y sus ministros por las muertes en las protestas.
Sin embargo, si aprobaron la denuncia por enriquecimiento ilícito vinculada al caso Rolex, por las joyas que recibió del presidente del Gobierno Regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.
