Tras la publicación de un nuevo informe desarrollado por la organización Amnistía Internacional, titulado 'Perú: ¿Quién disparó la orden?', el pasado 18 de julio. En declaraciones para los medios, Gustavo Adrianzén, sostuvo que el gobierno de Dina Boluarte rechaza el informe presentado por Amnistía Internacional. Asimismo, señaló que "el Estado no responde a las ONG".
"El Estado no responde a las ONG. El Estado se relaciona directamente con organismos internacionales con reconocimiento con los que tiene por supuesto convenios. Me refiero, por ejemplo, en el caso de la OEA, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", expresó el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Para el primer Ministro, este documento, además de ratificar el sesgo político observado en el documento del año anterior, también contendría imputaciones que el gobierno considera infundadas y malintencionadas.
"No hace más que ratificar que hay sesgo político, con el que fue elaborado el informe del año pasado, donde se habló de racismo letal en uno de los apartados. (…) Nosotros no aceptamos que se siga instrumentalizando estos hechos con fines políticos", continuo Adrianzén.
Esta respuesta del primer Ministro se dio luego de que la ONG atribuyera la responsabilidad penal por muertes y lesiones en protestas en Perú a la presidenta Boluarte y a la cadena de mando. Donde los eventos, ocurridos entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, resultaron en 50 civiles y un policía muertos, además de más de 1.400 heridos.
De igual forma, Adrianzén enfatizó que el gobierno ha respondido a todas las acusaciones ante los organismos internacionales. Afirmó que la Presidenta Boluarte ya se ha pronunciado sobre las víctimas de las protestas y ha expresado su solidaridad con los deudos. De igual forma, comentó que el gobierno se solidariza con las víctimas y sus familias, pero no acepta que estos hechos se utilicen con fines políticos y, en algunos casos, económicos.
Por su lado, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, afirmó que las decisiones de la presidenta, ministros y comandantes de las fuerzas de seguridad tuvieron consecuencias fatales. Es por ello, que las víctimas y sobrevivientes buscan respuestas sobre el conocimiento y acciones de los altos funcionarios para detener los asesinatos.
Cabe resaltar que el informe, publicado dieciocho meses después de los hechos, considera este episodio como una de las violaciones masivas de derechos humanos más graves en la historia reciente de Perú. Aunque Boluarte negó bajo juramento tener contacto directo con los comandantes y minimizó su rol en la represión, el informe sugiere su posible responsabilidad penal.
También menciona que la mandataria se reunió varias veces con los comandantes durante las protestas, lo que le brindó oportunidades para condenar el uso excesivo de la fuerza y cambiar la táctica en el terreno. Sin embargo, en lugar de condenar estos actos, Boluarte elogió públicamente a las fuerzas de seguridad y descalificó a los manifestantes como "terroristas" y "criminales" sin pruebas.
