Este viernes la fundación Por el Derecho de Decidir y la Corporación Humanas, en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil y las parlamentarias Claudia Pascual y Claudia Mix, acudieron a Contraloría para entregar un escrito que apoya las modificaciones del Gobierno al reglamento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
Estos cambios, aseguraron, buscan subsanar varias de las barreras de acceso que se han detectado en sus siete años de implementación, entre ellas, los problemas en la entrega de información a potenciales usuarias; y la gran cantidad de objetores de conciencia, que tienen a regiones del país con muy pocos profesionales realizando el procedimiento.
“Todas las investigaciones han dado cuenta de barreras importantes de acceso para el ejercicio de este derecho y que tienen principalmente dos focos”, explicó la representante de la fundación Por el Derecho de Decidir, Danitza Pérez. “Por una parte, la información que obtienen las mujeres a través de los servicios de salud, en internet y en otras plataformas y por otra, la disponibilidad de servicio”, agregó.
Asimismo, Pérez dijo que “esta adecuación al reglamento viene precisamente a realizar cambios importantes en relación a cuestiones muy prácticas para las mujeres, que es poder contar con información suficiente, objetiva, concreta y que permita acceder al servicio de salud, en este caso, a la prestación de interrupción voluntaria del embarazo”.
De acuerdo a la directora de la Corporación Humanas, Camila Maturana, 45,8% de los obstetras de nuestro país son objetores de conciencia en la causal de violación y en uno de cada cuatro hospitales en Chile, más de dos tercios se declaran objetores.
En ese contexto, la abogada indicó que las modificaciones al reglamento buscan “garantizar el acceso a la información que requieren las niñas y mujeres que puedan verse afectadas por alguna de las tres causales, se definen medidas para asegurar los turnos adecuados y especialmente, para que todos los establecimientos públicos cuenten con un equipo no objetor”.
En esa misma línea, la ex ministra de la Mujer y actual senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, afirmó que respalda los cambios propuestos por el Ejecutivo, ya que ayudarían a “garantizar un equipo no objetor en todos los establecimientos públicos de salud” y a “garantizar la debida derivación desde los centros privados a los centros públicos que sí hacen estas prestaciones”.
“Vamos a seguir siempre resguardando que la ley se aplique como corresponde. Muchas de las que estamos acá nos hemos encontrado a lo largo de muchos años defendiendo estos derechos y hoy día que son ley, los vamos a defender con más fuerza para que su implementación le dé garantía a las niñas, a las mujeres y adolescentes de nuestro país”, señaló.
Consultada respecto a las modificaciones al reglamento de la Ley IVE, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, aseguró que con estos cambios se busca “que ninguna niña o mujer que tenga derecho a las causales se quede fuera de su acceso a esta ley de la República, por vivir en una zona aislada o porque en su centro de salud de referencia no haya personal disponible a cumplir la ley”.
Además, Orellana mencionó el escrito elaborado por las organizaciones que apoyan las modificaciones del Gobierno y los argumentos presentados por la Conferencia Episcopal y parlamentarios de oposición, que por el contrario, apuntan a mantener el reglamento original. Ambas acciones, dijo, “forman parte de nuestra institucionalidad democrática”.
