En el marco de la preocupación manifestada por varios sectores políticos sobre la seguridad en la Región Metropolitana, la Bancada de Renovación Nacional (RN) encabezada por los diputados Ximena Ossandón y Hugo Rey, en colaboración con el resto de parlamentarios de Chile Vamos, presentaron una nueva propuesta de reforma constitucional que busca hacer frente a este contexto de inseguridad.
Concretamente, el plan elaborado por la oposición se basa en cinco ejes, los cuales tienen que ver con la colaboración de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), el control preventivo de identidad, la sanción penal al ingreso clandestino, nuevas medidas procesales contra el crimen organizado y recompensas por información.
Esta serie de medidas fueron calificadas por los parlamentarios como “excepcionales”, cuya aplicación se extendería por un año con el objetivo de hacer frente a lo que definen como una “crisis profunda que incluso amenaza la integridad de las instituciones democráticas”.
En el caso del rol de las FF.AA., los diputados proponen una colaboración de estas con PDI y Carabineros. Algo que, para poder hacerse efectivo, implicará un aumento en las facultades de las primeras que les permita, por ejemplo, la realización de controles de identidad preventivos, “con amplias facultades de revisión de las personas controladas, en recintos críticos, zonas fronterizas o en cualquier lugar entre las 00:00 y las 6:00 horas”.
Sobre la sanción penal al ingreso clandestino al territorio nacional, especificaron que esta considera la utilización de pasos no habilitados o la evasión del control migratorio, argumentando que esta medida “permitirá su detención, registro y enrolamiento”. Además, especificaron que esto no afectaría la “posibilidad de solicitar refugio, ni aplicar el delito a niños o mujeres embarazadas, así como las medidas que permitan preferir la reconducción o devolución inmediata de quien es sorprendido ingresando a Chile”.
Acerca de las recompensas por la entrega de información, aclararon que esta se refiere a “antecedentes útiles para perseguir la criminalidad organizada”, protegiendo el anonimato en la entrega de los datos, así como “el mecanismo de contribución y pago”.
“La responsabilidad de abordar esta crisis es del Presidente Gabriel Boric, que por mandato constitucional es el encargado de velar por el orden y la seguridad pública interior. Sin embargo, como oposición responsable que entiende la seguridad como un tema de Estado, hacemos presentes nuestras propuestas una vez más, ya que creemos que a situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias. El Estado tiene el deber de usar todas sus herramientas para defender a sus ciudadanos, y eso estamos procurando”, aseguró la diputada Ximena Ossandón.
Por su parte, el diputado y presidente de la comisión de Seguridad, Andrés Longton, agregó que “el Congreso ha aprobado todas las leyes relevantes para hacer frente a la criminalidad organizada y en gran medida las deficiencias que se observan responden a cuestiones operativas y a la falta de gestión. Sin embargo, el nivel al que escaló esta crisis demanda de medidas intensas pero transitorias, cuyo único objetivo sea dar herramientas al Estado para defenderse de una amenaza que ya es real y concreta”.
