La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se ha mostrado partidaria de “prohibir” los pisos turísticos en ciudades en las que estos afectan a la disponibilidad de vivienda en alquiler, como Barcelona o Málaga.
“¿Si fuera alcaldesa, prohibiría en Málaga los pisos turísticos, como ha hecho Barcelona?”, le han preguntado esta mañana. “Hay ciudades donde están teniendo una gran afectación al derecho a la vivienda y la convivencia. Si ayudamos a que esas viviendas entren en el mercado residencial, sí: hemos de prohibirlo”, ha replicado la ministra, después de recordar que Barcelona tiene registradas 10.000 viviendas turísticas (con 1,6 millones de habitantes), Madrid tiene 13.000 (3,2 millones) y Málaga, con apenas 586.000 habitantes censados, supera las 12.500 viviendas turísticas. La ciudad vivió el 29 de junio una masiva manifestación (5.500 personas, según la Policía; 25.000 según los organizadores) para protestar por la falta de vivienda asequible y el impacto del turismo masivo.
“Si los malagueños no tienen un lugar donde vivir, ¿quién va a atender a esos turistas? ¿Dónde se van a alojar los camareros que sirven un vino y un espeto? ¿Dónde estarán los hijos de quienes barren estas calles? Se trata también de defender un modelo de ciudad y de vida. El sector turístico es fundamental para el país, en términos de empleo y PIB, pero a veces es incompatible con la vida. Y sin vivienda no hay vida”, ha añadido luego Rodríguez, en presencia del alcalde Francisco de la Torre.
La ministra ha acudido a Málaga a un encuentro informativo organizado por la Cadena Ser bajo el título: “España: soluciones ante el problema de la vivienda”. Allí, ante alcaldes, promotores, banqueros, empresarios y representantes sindicales, ha avanzado las líneas estratégicas de un próximo Plan Estatal de Vivienda, para el que ha prometido participación ciudadana y para el que ha reclamado una “alianza de país” y una colaboración institucional que llegue al ámbito europeo. Precisamente hoy, Ursula Von der Leyen, reelegida presidenta de la Comisión Europea, ha anunciado un Plan de Vivienda Asequible.
Rodríguez ha puesto el acento en el impacto del cambio demográfico que ya se está produciendo en España, con un crecimiento de 1,5 millones de hogares, que tienden cada vez más a la unipersonalidad, en los próximos 15 años, según las proyecciones del INE.
En opinión de la ministra, la solución al problema pasa fundamentalmente por el incremento de la oferta de vivienda nueva, “accesible, sostenible y asequible”, y ha subrayado la “inyección” de 5.500 millones de euros de los fondos de recuperación a la política de vivienda. Otro de los ejes es la agilización administrativa, para lo que espera retomar los trámites para aprobar una nueva Ley del Suelo a la vuelta de verano. Y finalmente se ha referida al tratamiento “con bisturí” de “dinámicas que afectan al derecho de acceso”: ahí estarían la gentrificación, el impacto del turismo, el acceso de la población mayor o de los jóvenes.
La ministra ha anunciado el próximo desarrollo del Reglamento Europeo que regula las plataformas de alojamiento turístico, con el objetivo de establecer un registro único de las licencias que facilite la persecución del fraude. También ha recordado la propuesta de modificar la Ley de Propiedad Horizontal para que recoja de manera taxativa la necesidad de que los vecinos autoricen previamente el establecimiento de una vivienda turística en un edificio. “Hasta ahora, el artículo 12 habla de condicionar o modificar, y algunos tribunales dicen que no les permite prohibir. Eso lo vamos a aclarar”.
Málaga, la ciudad con mayor densidad de viviendas turísticas (12.500 registradas, 7783 según el INE, que se ciñe a las que se ofertan en las plataformas), es a la vez la que ofrece un parque de viviendas en alquiler residencial más pequeño: apenas 29.367, según el INE.
La ministra ha pedido a los propietarios que valoren el alquiler residencial por “conciencia social y cívica”. “Por su bien, porque si no será un lastre para la sociedad”. Su ministerio también pretende articular medidas para limitar el uso de alquileres de temporada, que quedan fuera de la aplicación de la Ley de Vivienda, que por ahora descarta reformar.
Rodríguez ha recordado que la ley permite desgravar el 90% de los ingresos por alquiler en zonas tensionadas. Sin embargo, eso requiere la previa declaración de zona tensionada, algo que solo pueden hacer comunidades autónomas o ayuntamientos. Por ahora, tanto Andalucía como Málaga rechazan hacerlo. La Junta de Andalucía se opone frontalmente porque considera que la “zona tensionada” supone una intervención en los precios y ha recurrido ese aspecto de la norma. Tampoco el alcalde es partidario. A él, la ministra le ha urgido a intervenir: “Alcalde, el trámite es muy fácil”.
Hay otras medidas “de bisturí”, como el bono joven al alquiler, con un funcionamiento dispar. La Junta de Andalucía, una de las últimas en ponerla en marcha, acumula un retraso de un año en los pagos, y a más de la mitad de los beneficiarios no se les ha abonado ni un solo mes. Rodríguez ha prometido analizar qué ha ocurrido, y poner en marcha mecanismos de corrección, para que “sean las comunidades autónomas que no cumplen las que no reciban el dinero, y no los jóvenes”.
A Rodríguez se le ha cuestionado por las viviendas vacías, en torno a cuatro millones en España. “Ojalá pudiéramos contar con todas, acabaríamos con el problema”, ha dicho. Sin embargo, suelen estar en zonas con escasa demanda residencial. Apenas 400.000 estarían en núcleos de más de 250.000 personas, lo que dificulta la puesta en uso de las restantes. Tampoco hay datos de en qué condiciones están.
La ministra también ha reclamado más inversión en Viviendas de Protección Oficial y ha anunciado la apertura de líneas de avales a promotores y la suscripción de acuerdos con entidades financieras para facilitar el acceso a créditos a promotores, familias y jóvenes. “La Ley de Vivienda abre una ventana a la imprescindible colaboración público-privada”, ha dicho. 5.500 millones se destinarán a un plan de vivienda asequible, con el objetivo de construir 25.000 nuevas viviendas. En total, 8.500 millones de euros para engrasar la actividad promotora y el acceso al crédito.
Con los precios de la VPO rondando los 220.000, tampoco es que sean muy asequibles. La ministra ha pedido a las comunidades autónomas, que tienen competencias para definir esos baremos, en que trabajen para adecuarse a la realidad. “El problema de la VPO en los últimos años no es solo de suelo, también es de falta de apetito por parte de las administraciones de actualización de los precios [que se abona a los promotores por la construcción de estas viviendas]. Estábamos en estándares de hace 15 años”, ha replicado la ministra.
