De resultar exitoso el Régimen de Regularización de Activos, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) va a recibir una ola de datos tanto de contribuyentes actuales como de nuevos. Pero el antecedente de la filtración en la gestión de Mauricio Macri sigue latente y obligó a realizar cambios internos para evitar que vuelva a suceder.
Desde la denuncia contra la ex directora General de Aduanas (DGA), Rosana Lodovico por un supuesto préstamo con una empresa con causas de contrabando -que terminó con su desplazamiento del cargo-, el organismo fue foco de tormentas.
Pero no solo Lodovico fue reemplazada (por Eduardo Mallea). El tridente de conducción que conformó en diciembre la titular del organismo, Florencia Misrahi se desarmó casi por completo: también fue desplazado quien era el director General de los Recursos de la Seguridad Social (DGRSS), Horacio Gustavo Muñoz por Santiago Mozetic.
Así, solo permanece en el cargo la cabeza de la Dirección General de Impuestos (DGI), Gabriel Eduardo Ramírez. A pesar de que fue su nombre y apellido el que corrió en las horas previas a la salida de su par Muñoz en los últimos días de junio.
La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Florencia Misrahi junto con el director General de Aduanas, Eduardo Mallea.
"El organismo se reestructuró para ser más eficiente, funcionamos como una agencia única entre DGI, DGA y DGRSS", declaró un alto rango, lejos de reconocer que la ficha de dominó que puso los ojos de la Casa Rosada en AFIP fue la denuncia de la diputada Marcela Campagnoli contra Lodovico.
En esa línea, por medio de las Disposiciones 95 y 96/2024 -que aún no se publicaron en el Boletín Oficial-, se llevó a cabo un proceso de consolidación y unificación de unidades del organismo tras las pruebas Tax Administration Diagnostic Assessment Tool (TADAT).
"Se unifican las actividades de control operativo impositivo y de los recursos de la seguridad social en el ámbito metropolitano -tal como sucede en el interior del país- eliminando redundancias en competencias y procesos a fin de favorecer un mejor aprovechamiento de la información y de los recursos humanos y tecnológicos afectados a dichas tareas", destacaron en el comunicado.
A la par, se adecuó la estructura de las Subdirecciones Generales de Recursos Humanos, de Servicios al Contribuyente y de Sistemas y Telecomunicaciones con miras a la modernización de la infraestructura tecnológica y la reconversión del capital humano.
Pero esta reestructuración no contribuye a la promesa de 75.000 puestos públicos menos que fijó el presidente Javier Milei. "Ninguno de estos cambios significan reducir la cantidad de personal solo optimizar sus funciones", destacaron desde AFIP.
Los cambios no solo fueron a nivel del organigrama, sino también en términos de responsabilidad. "Se han asegurado de la manera máxima todos los circuitos y se capacitó a los funcionarios para dejar en claro el secreto fiscal", puntualizaron.
Frente al precedente de la gestión de Cambiemos, en donde se fundió la lista de "blanqueadores" que dejó expuestas a figuras a fines al Gobierno de turno como el hermano del entonces presidente, Gianfranco Macri (que exteriorizó $ 662 millones) o el amigo personal, Nicolás Caputo ($ 465 millones).
"Está garantizado, estamos trabajando en la seguridad de la información con un comité específico para que no vuelva a pasar", destacaron. Aunque aseguraron que la rigurosidad con la información "va más allá del blanqueo".
En ese sentido, fuentes oficiales del organismo, revelaron que en esta oportunidad se determinaron grados de alertas y de acceso a la información del personal involucrado con base en las funciones que desempeñan.
"Somos celosos con toda la información y con el blanqueo más", aseguraron. Iniciativa con la cual se busca ampliar la base de contribuyentes, además de apuntalar las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) tras el inicio de la "Fase 2" del programa económico con las intervenciones en el Contado Con Liquidación (CCL) y el MEP.
