La figura del adscripto a los ministros continúa siendo un tema de debate constante en la política uruguaya. A lo largo de los años y las administraciones, esta práctica se mantiene vigente, adoptando nuevas formas y números, pero sin perder su esencia original. Diferentes partidos han opinado al respecto, proponiendo cambios y restricciones, pero la […]
Un consejo de ministros del gobierno de Luis Lacalle Pou
La figura del adscripto a los ministros continúa siendo un tema de debate constante en la política uruguaya. A lo largo de los años y las administraciones, esta práctica se mantiene vigente, adoptando nuevas formas y números, pero sin perder su esencia original. Diferentes partidos han opinado al respecto, proponiendo cambios y restricciones, pero la realidad muestra que la tendencia sigue siendo la misma.
En la última campaña electoral, el Movimiento de Participación Popular (MPP) proponía limitar a cinco la cantidad de adscriptos por ministro. De manera similar, Pablo Mieres, candidato del Partido Independiente, abogaba por reducir estos cargos como una señal de responsabilidad política.
Hace una década, el Partido Nacional, desde la oposición, instaba al gobierno del Frente Amplio a eliminar estos puestos para reasignar recursos a áreas más prioritarias.
“La figura del adscripto permanece tan vigente como desde 2010”, afirmó un analista político, al recordar cuando el presidente José Mujica formalizó estos cargos mediante el artículo 58 de la ley de Presupuesto, permitiendo a los ministros contratar a técnicos o dirigentes de confianza mientras dure su mandato.
El año 2023 cerró con 67 adscriptos distribuidos entre los 14 ministerios, un incremento de diez respecto al año anterior, pese a que entonces también se había registrado un aumento. Aunque este número es inferior a los 86 adscriptos al finalizar el gobierno de Tabaré Vázquez, sigue mostrando una tendencia ascendente.
La coalición que inició su mandato con la mitad de adscriptos heredados del Frente Amplio, ha visto crecer esta cifra año tras año. Los ministerios mantienen e incrementan sus plantillas de confianza, independientemente de los cambios en el gabinete.
Por ejemplo, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, dos adscriptos incluidos por Luis Alberto Heber en 2021 permanecen en sus cargos, con remuneraciones de $198 mil y $217 mil respectivamente. José Luis Falero, actual ministro, decidió retenerlos y agregar dos nuevos colaboradores de confianza.
En el Ministerio de Relaciones Exteriores, los dos adscriptos actuales acompañaron a Omar Paganini desde su anterior posición en el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Uno de ellos es su chofer y el otro su asesor de prensa.
La ley exige que cada adscripto “acredite idoneidad suficiente” para las tareas asignadas, pero en la práctica, la confirmación suele basarse en la firma del ministro de turno. La diversidad de perfiles es amplia: abogados, economistas, contadores, exalcaldes, y hasta estudiantes universitarios con poca experiencia laboral.
Un análisis de los currículums presentados en la Rendición de Cuentas por la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) revela que un tercio de los adscriptos no completó educación universitaria. Además, 25 de ellos trabajan en tareas de comunicación, pese a que todas las carteras ya cuentan con departamentos dedicados para esta función.
A nivel demográfico, seis de cada diez adscriptos son hombres y una proporción similar supera los 40 años de edad. Sin embargo, hay excepciones: Matías Lescano, de 21 años, es el adscripto más joven, mientras que el doctor Gustavo Gaye, de 72, es el más veterano.
En diciembre de 2023, el salario promedio de un adscripto fue de $129 mil. Los sueldos más bajos eran los $35 mil recibidos por un analista de marketing y una estudiante de derecho en el Ministerio de Trabajo. En contraste, el exsenador José Carlos Cardoso en el MTOP y Daniel Fernández en el Ministerio de Desarrollo Social, recibieron las remuneraciones más altas, de $217.528 y $224.538 respectivamente.
El costo total mensual de estos cargos en diciembre ascendió a unos $8,7 millones, representando una proyección anual de alrededor de US$ 2,6 millones, si se mantienen constantes.
A diferencia de las campañas anteriores, los programas presentados hasta ahora no han centrado su atención en la figura del adscripto. Las resoluciones ministeriales para estas contrataciones suelen ser breves y poco detalladas.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, encabezado por Pablo Mieres, terminó 2023 con el mayor número de adscriptos: nueve en total. Le siguen los ministerios del Interior y de Ambiente, con ocho cada uno; el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Educación y Cultura con seis cada uno; y finalmente, el MSP y el MTOP con cinco cada uno.
